En el epicentro de una región fuertemente tensionada por la erosión institucional, la inseguridad jurídica y los retrocesos democráticos, Madrid ha estrenado este jueves un espacio singular para la reflexión sobre los desafíos jurídicos de Iberoamérica. Desde la Casa de América, la Cumbre Internacional impulsada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha arrancado con un llamamiento a reforzar el Estado de derecho como pilar de desarrollo y condición indispensable para garantizar la seguridad jurídica.
Con la participación del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, el encuentro reúne a medio centenar de líderes políticos, juristas y académicos de ambos lados del Atlántico para hacer de Madrid el centro neurálgico del debate jurídico iberoamericano.
En un discurso con una fuerte carga simbólica, Edmundo González advirtió que “el Estado de derecho, pilar esencial de nuestra democracia, no puede darse nunca por garantizado”. A su juicio, su defensa “exige vigilancia, compromiso y sobre todo instituciones sólidas e independientes”. En su intervención, alertó sobre las dinámicas autoritarias que se están consolidando en distintas partes del mundo: “Los principios que sostuvieron el orden global desde mediados del siglo XX —la legalidad internacional, el respeto a los derechos humanos, la cooperación multilateral— están siendo sometidos a una dura prueba”.
La experiencia venezolana
A continuación, González repasó la experiencia venezolana como ejemplo de deterioro institucional sostenido: “Mi país fue durante décadas ejemplo de estabilidad institucional en América Latina. Sin embargo, la pérdida paulatina de la independencia judicial, el debilitamiento del parlamento, el uso instrumental de la ley y la persecución de la disidencia han producido una crisis política, económica y social de dimensiones trágicas”. Y añadió: “No se trató de un colapso inmediato, sino de un deterioro sistemático y sostenido del tejido institucional”.
En sus palabras, el líder venezolano subrayó que la reconstrucción democrática no puede recaer únicamente en el poder judicial, sino que debe involucrar también “a los abogados, a los legisladores, a la academia y a la sociedad civil en su conjunto”. Tras recordar la declaración de la VII Cumbre Iberoamericana de 1997 —“la democracia no es simplemente una estructura legal, es una forma de vida fundada en la tolerancia, la transparencia, la participación y la legalidad”—, González concluyó con un llamamiento al compromiso activo: “Les invito a que este encuentro no sólo sea un espacio de reflexión, sino también un llamado a acción, a la responsabilidad”.
Madrid, refugio de la democracia liberal
Tras reafirmar el “compromiso firme e inequívoco” de la ciudad de Madrid con el presidente legítimo de Venezuela y con la restauración del Estado de derecho y la democracia en ese país, José Luis Martínez-Almeida reivindicó el papel de la capital española como referente internacional en la defensa del Estado de derecho y la democracia liberal. “Madrid tiene que ser uno de esos pocos lugares en estos momentos que hay en el mundo donde la democracia liberal encuentra su refugio”, declaró, subrayando que “el sistema de derechos y libertades que nos hemos dado entre todos” debe seguir siendo “una seña de identidad” frente a los riesgos de regresión democrática.
En esa línea, defendió que el lugar de Madrid en el escenario internacional no vendrá definido solo por su capacidad económica o competitiva, sino por su compromiso con los valores institucionales: “Vendrá por la afirmación de los principios de la democracia liberal y, por tanto, por transmitir un mensaje en el ámbito internacional de que Madrid es un lugar seguro, donde la libertad tiene su cabida y donde prima siempre el Estado de Derecho y la garantía de nuestros derechos y libertades”.
El regidor madrileño destacó además la pertinencia de una cumbre que “responde a dos vocaciones naturales de la ciudad de Madrid”: su papel como puente entre Europa e Iberoamérica, y su condición de capital jurídica. Dos dimensiones que, en palabras del alcalde, definen la identidad internacional de Madrid y refuerzan su liderazgo como “refugio de la democracia liberal” y garante de la seguridad jurídica. Para ambas vocaciones, añadió, “el mejor instrumento vertebrador en este caso es el Ilustre Colegio de la Abogacía”.
Deterioro del Estado de derecho
Con la deriva democrática en varios países como telón de fondo, y la creciente presión sobre el mundo del Derecho en tiempos de transformación global, el Decano del ICAM, alertó en su intervención del deterioro que sufre del Estado de derecho en Iberoamérica, en línea con los resultados del informe elaborado por el ICAM centrado en los estados latinoamericanos.
“La seguridad jurídica —la certeza de que las normas se aplican de forma estable, previsible y justa— es la base de toda convivencia democrática. Sin ella, se desvanece la confianza ciudadana, la inversión se retrae y el poder tiende a la arbitrariedad”, advirtió Ribón. “Hoy, esa seguridad está gravemente comprometida en buena parte de Iberoamérica”, añadió.
Para el decano, el deterioro del Estado de derecho no es solo un problema político o jurídico, sino un lastre económico y social. Citando datos del Banco Mundial, recordó que la inseguridad jurídica puede suponer una pérdida de hasta dos puntos en la tasa de crecimiento de los países: “La corrupción expulsa talento. La arbitrariedad espanta la inversión. La falta de jueces independientes erosiona la confianza colectiva”, sentenció.
También alertó sobre los síntomas del autoritarismo moderno: “allí donde los jueces son presionados, donde los medios son silenciados, donde el Parlamento se subordina al Ejecutivo, allí se abre la puerta al populismo, la polarización extrema y formas abiertas de autoritarismo”.
Una respuesta coordinada, con la abogacía en primera línea
Ante este escenario, el Decano del ICAM abogó por una respuesta coordinada entre naciones iberoamericanas, que fortalezca la institucionalidad democrática y refuerce los mecanismos de cooperación jurídica transnacional. “Los colegios de abogados no somos observadores neutrales. Somos actores esenciales en la defensa activa de la legalidad, la independencia judicial y las garantías constitucionales”, recuerda.
En esa misma línea, y ampliando el foco al ámbito europeo, la Diputada responsable del Área Internacional del ICAM e impulsora de la Cumbre, Teresa Mínguez pone en valor el papel central de la abogacía en el nuevo contexto birregional, marcado por retos comunes y marcos normativos en transformación. “Las compañías que operan en este espacio euro-iberoamericano necesitan despachos y abogados que comprendan ambos entornos regulatorios”, afirmó, destacando la necesidad de profesionales “capaces de navegar simultáneamente por la normativa europea de protección de datos, los marcos latinoamericanos de inversión extranjera, los convenios multilaterales de arbitraje, las directivas europeas sobre sostenibilidad, las normativas de fiscalidad internacional o los nuevos estándares globales de compliance”.
En este escenario, Mínguez reivindica el papel de las instituciones colegiales en la preparación de los juristas del futuro y en la consolidación de un espacio jurídico compartido: “Estamos ante un momento especialmente propicio para reforzar el espacio jurídico ibero-europeo. Un espacio en el que la abogacía debe ser un pilar central: como garantes de seguridad jurídica, como facilitadores de la inversión y como defensores de los valores fundamentales que nos definen como sociedades democráticas”.
En ese sentido, la puesta en marcha de ICAM Universidad, un nuevo centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, nacerá con vocación de convertirse en puente académico entre España y América Latina: para el Decano Eugenio Ribón “no se trata solo de ampliar nuestra oferta formativa. Se trata de consolidar una comunidad jurídica iberoamericana basada en el conocimiento, el rigor y los valores compartidos”, concluye.
Diez hechos clave sobre el Estado de Derecho en Iberoamérica
- Retroceso sistémico: El 78 % de los países iberoamericanos han empeorado su puntuación en Estado de derecho desde 2016.
- Solo tres resisten con solidez: Uruguay (0,72), Costa Rica (0,68) y Chile (0,66), aunque también muestran signos de desgaste.
- Triple alerta institucional: Venezuela, Haití y Nicaragua cierran el ranking global en calidad institucional.
- Corrupción estructural: El índice regional de percepción de la corrupción se estanca en 41/100.
- Libertades en retroceso: Ningún país mejoró en libertades civiles y políticas en 2023; varios, como Perú o El Salvador, cayeron.
- Justicia lenta y costosa: En promedio, hacer cumplir un contrato judicial tarda 768 días y cuesta más del 25 % del valor reclamado.
- Poder sin contrapesos: Más del 65 % de los países han visto deteriorarse los mecanismos de control al Ejecutivo.
- Desconfianza social generalizada: Solo el 20 % de la ciudadanía en países como Bolivia confía en el sistema judicial.
- Erosión de la seguridad jurídica: América Latina lidera el ranking regional de reclamaciones presentadas por inversores extranjeros ante CIADI, con el 39% del total de casos registrados en el último año.
- La abogacía, pilar clave: Los abogados son garantes del acceso a la justicia, la legalidad y los derechos fundamentales. El ICAM reafirma su compromiso para reforzar la abogacía ética, independiente y activa como agente central de reconstrucción democrática.