La Cumbre Internacional ICAM 2025: Iberoamérica, celebrada en Casa de América, ha dado ha dado hoy el pistoletazo de salida a su programa académico reuniendo a más de un centenar de profesionales, expertos y representantes de Iberoamérica y Europa.
Durante la primera jornada, se han desarrollado cinco mesas redondas en las que se analizaron temas clave como la seguridad jurídica, la sostenibilidad ambiental, la gobernanza, la innovación y el comercio internacional.
Mesa 1 – Infraestructuras y transporte: entre la seguridad jurídica y la sostenibilidad ambiental
La primera mesa redonda de la Cumbre Internacional ICAM 2025 abordó los desafíos que enfrentan los países iberoamericanos en el ámbito de las infraestructuras y el transporte, con especial atención a la seguridad jurídica de los procesos de licitación, los marcos regulatorios, el impacto medioambiental y el papel de los organismos multilaterales.
Moderada por Ester Mocholí, diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, la sesión reunió a expertos en derecho ambiental, regulación, análisis político y comunicación estratégica, con el objetivo de analizar cómo lograr una modernización sostenible del transporte y la infraestructura en la región.
La primera en intervenir fue Claudia Moray, directora de Cambio Climático en la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, quienaportó una mirada transversal desde el derecho ambiental, destacando la necesidad de transformar el modelo de desarrollo y de construir infraestructuras que integren criterios sociales, climáticos y de derechos humanos. Defendió que el transporte y las infraestructuras deben dejar de ser considerados sectores meramente técnicos y pasar a concebirse como instrumentos de justicia ambiental y cohesión social. Subrayó la urgencia de planificar con criterios de resiliencia climática, de incorporar mecanismos de participación ciudadana desde el diseño de los proyectos y de garantizar evaluaciones ambientales estratégicas que no se limiten a cumplir formalidades. Según explicó, América Latina dispone de recursos naturales y biodiversidad suficientes para liderar esta transición, pero necesita marcos regulatorios robustos que prioricen la sostenibilidad y el respeto a los derechos fundamentales.
Por su parte, Claudio Vallejo, director senior de LatAm Desk Europe en Llorente y Cuenca (LLYC), ofreció una panorámica detallada de las barreras a las que se enfrentan las empresas en los procesos de licitación pública en América Latina, señalando la inseguridad jurídica como uno de los principales factores de riesgo. Relató cómo la percepción de arbitrariedad en la toma de decisiones, la falta de continuidad administrativa y los vaivenes regulatorios encarecen las licitaciones e impiden la atracción de inversión extranjera sostenible. También abordó el impacto del caso Odebrecht, al que calificó como un antes y un después en el modelo de contratación pública en la región. A su juicio, aquel escándalo puso de relieve tanto la necesidad de mejorar los sistemas de control como la importancia del cumplimiento normativo por parte de las empresas.
Para finalizar, Ramón Mateo, Ramón Mateo, socio y director de Análisis e Impacto regulatorio en beBartlet, centró su intervención en el papel que puede desempeñar Europa, y en particular España, en la cooperación con América Latina en el ámbito de las infraestructuras. Subrayó que la Unión Europea ha estado ausente en los últimos años de los grandes procesos estratégicos de inversión en la región, lo que ha generado un vacío que han ocupado otras potencias como China. Mateo defendió que España tiene una posición privilegiada para revertir esa tendencia, dada la experiencia internacional de sus empresas y su afinidad cultural y económica con la región. Asimismo, señaló que el incremento del coste de las materias primas y la falta de planificación conjunta han reducido la competitividad del tejido empresarial europeo frente a otros actores globales.
Mesa 2- Estado de derecho y gobernanza en Iberoamérica
La segunda mesa redonda de la jornada reunió a expertos de Europa y América Latina para analizar las tensiones actuales en torno al Estado de derecho, con especial atención al papel de las instituciones democráticas y la necesidad de reforzar la gobernanza desde una perspectiva transatlántica. Moderada por Roberta Poza Cid, diputada del ICAM responsable de Relaciones Institucionales, la sesión subrayó la creciente fragilidad de los marcos constitucionales en varios países iberoamericanos y la urgencia de preservar la legalidad como pilar esencial de las democracias.
Carlos Andreucci, presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), aportó una visión panorámica del deterioro institucional en Latinoamérica, señalando la pérdida progresiva de independencia judicial y el debilitamiento del sistema de frenos y contrapesos. Desde su experiencia como académico y dirigente profesional, alertó sobre la normalización de prácticas autoritarias y la instrumentalización del derecho en varios países de la región.
Por su parte, Arturo Pueblita, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, profundizó en el impacto de la reforma judicial impulsada en su país, advirtiendo del riesgo que supone para la división de poderes. Pueblita denunció el intento de colonización del poder judicial por parte del Ejecutivo y subrayó la resistencia articulada por la abogacía mexicana frente a este intento de concentración institucional.
También intervino Adrián Vázquez Lázara, eurodiputado del Parlamento Europeo y presidente de la Comisión JURI, quien ofreció una perspectiva institucional y política sobre el estado de derecho en la Unión Europea. A partir de su experiencia como ponente de los informes anuales sobre el Estado de Derecho, expuso cómo el Parlamento ha impulsado mecanismos de control sobre los Estados miembros que presentan riesgos democráticos, especialmente en ámbitos como la independencia judicial, la libertad de prensa o la lucha contra la corrupción. Alertó, sin embargo, sobre la creciente dificultad para mantener mayorías parlamentarias comprometidas con esos principios, en un contexto europeo marcado por el auge de los partidos populistas y el retroceso de las fuerzas tradicionales. En su opinión, este deterioro de las garantías institucionales no es solo jurídico, sino también político y cultural, y exige un esfuerzo de los partidos democráticos para resistir la tentación del atajo populista.
Concluyó la mesa con la intervención de Daniel Calleja, director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, quien abordó con detalle los mecanismos jurídicos de los que dispone la Unión Europea para garantizar el respeto al Estado de derecho entre sus Estados miembros. Explicó cómo el artículo 2 del Tratado consagra valores fundamentales como la democracia, la libertad y la independencia judicial, cuya defensa ha pasado a ocupar un lugar central en la agenda comunitaria tras la aparición de gobiernos que desafían esos principios. A partir de su experiencia institucional, desgranó los distintos procedimientos activados por la Comisión en los últimos años —desde la suspensión de fondos hasta la imposición de sanciones económicas— y destacó la evolución hacia una gobernanza más proactiva, que incluye la elaboración de informes anuales con recomendaciones individualizadas para cada país. Subrayó, además, la importancia de extender esta vigilancia a los Estados candidatos y de incorporar cláusulas de respeto a los derechos fundamentales en los acuerdos internacionales, especialmente en el ámbito iberoamericano. Para Calleja, la movilización del conjunto de actores jurídicos e institucionales es indispensable para resistir la erosión del Estado de derecho.
Mesa 3 – Competitividad e innovación en Iberoamérica: claves para un desarrollo sostenible
La mesa redonda “Competitividad, productividad e innovación en Iberoamérica” reunió a destacados expertos y representantes institucionales para abordar los desafíos estructurales que enfrenta Latinoamérica, así como las claves para impulsar un desarrollo económico inclusivo, sostenible e innovador.
El panel fue moderado por Mabel Klimt, diputada del ICAM, responsable de innovación, tecnología y cultura, y socia directora de ELZABURU. Bajo su conducción, el debate se estructuró en torno a la interacción entre productividad, estabilidad institucional, políticas públicas y transformación digital.
Germán Ríos Méndez, profesor asociado del IE University y director del Observatorio de América Latina, desmontó algunos mitos sobre la baja productividad en América Latina, matizando que esta se concentra principalmente en pequeñas y medianas empresas. Destacó que muchas grandes compañías latinoamericanas –como Embraer o el unicornio mexicano Kavak– han alcanzado altos niveles de productividad e innovación.
Reivindicó el valor de una política industrial inteligente, inspirada en modelos exitosos como el surcoreano, que proteja e impulse sectores estratégicos sin caer en subvenciones ineficientes. También subrayó el cambio de paradigma en las relaciones económicas entre América Latina y España, ya que hoy muchas empresas latinoamericanas invierten activamente en el país, siendo la región el cuarto inversor en España. Para Ríos, este dinamismo empresarial requiere apoyo legal y regulatorio para afianzar la competitividad.
Juan Luis León Blanco, expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica,presentó un análisis basado en los indicadores del Foro Económico Mundial, que identifican cuatro factores clave para el desarrollo: innovación, inclusión, sostenibilidad y resiliencia. Según explicó, América Latina muestra rezagos en los tres primeros, aunque destaca positivamente en sostenibilidad, gracias a una mayor conciencia ambiental.
Criticó propuestas regresivas como el aumento de horas laborales como vía para mejorar la productividad, y contrapuso estudios que demuestran que jornadas más reducidas, como las de Islandia, pueden mejorar los resultados. Reclamó una mayor inversión pública en investigación y desarrollo (actualmente inferior al 0,7% del PIB en la mayoría de países latinoamericanos), y sostuvo que la clave para avanzar está en reforzar la educación, la institucionalidad y la estabilidad política.
Por su parte, Cristina Manzano, directora de relaciones externas de la SEGIB, centró su intervención en tres factores estructurales que frenan la competitividad: la falta de seguridad jurídica, la desconfianza institucional y la desigualdad de género.
Destacó que la baja confianza en gobiernos, empresas e instituciones —documentada en informes de la OCDE y el Latinobarómetro— alimenta la informalidad y limita el crecimiento. También denunció el coste económico de la inseguridad y la falta de equidad de género, indicando que la desigualdad entre hombres y mujeres resta hasta un 23% del PIB en América Latina.
Manzano puso en valor la Agenda Digital Iberoamericana como un proyecto de cooperación regional en desarrollo que promueve estándares comunes en derechos digitales, protección de datos y digitalización inclusiva, y abogó por un entorno institucional confiable que permita a las empresas invertir con previsibilidad.
En su intervención final, José Ignacio Torreblanca, director del European Council on Foreign Relations (ECFR) en Madrid, ofreció una visión geopolítica de los retos digitales. Advirtió que el mundo está transitando hacia un modelo menos regido por el comercio y el derecho, y más por el poder y la seguridad, con la tecnología como nuevo campo de confrontación entre potencias como EE. UU. y China.
Defendió el potencial de la transformación digital como herramienta para cerrar brechas sociales y económicas, pero alertó de que también puede agravar desigualdades si no se gestionan bien el acceso a datos, la capacitación y la inclusión. Señaló que Europa, aunque no sea líder en innovación tecnológica, sí puede ofrecer marcos regulatorios sólidos y colaborativos, y subrayó la importancia de avanzar hacia una convergencia regulatoria iberoamericana en materia de protección de datos.
Reivindicó una cooperación birregional más ambiciosa, basada en valores compartidos y en la soberanía tecnológica, para que América Latina no quede al margen de las cadenas de valor digitales.
Mesa 4 – UE-Mercosur: Clave para el futuro del comercio iberoamericano
“El futuro del comercio iberoamericano: del Acuerdo UE-Mercosur a una agenda global”, fue el nombre de la cuarta mesa redonda celebrada en el marco de la Cumbre Iberoamericana del ICAM, en la que destacados expertos en economía, política, empresa y derecho debatieron sobre el papel del comercio como herramienta de integración, estabilidad y crecimiento para Europa y América Latina.
La sesión fue moderada por José Ramón Couso, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM y socio adjunto a la dirección de CECA Magán Abogados, quien reivindicó el papel de la abogacía en la creación de entornos jurídicos seguros para el comercio internacional.
Durante su intervención, Juan Carlos Berganza, responsable de la Unidad de Economías Latinoamericanas y Emergentes del Banco de Españaofreció una visión macroeconómica del Acuerdo UE-Mercosur, destacando que, si se ratifica, supondrá la creación de una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, afectando a más de 770 millones de personas. Señaló que el tratado eliminaría progresivamente los aranceles sobre el 90% de los productos intercambiados en un plazo de 10 años, aunque algunos productos sensibles —como carnes, aves o arroz— estarían sujetos a cuotas.
También expuso estudios recientes del Banco de España que prevén un incremento significativo del comercio entre ambas regiones, especialmente para los países de Mercosur. España, en particular, sería uno de los países europeos más beneficiados por su estrecho vínculo comercial con América Latina. Además, mencionó impactos colaterales positivos como el acceso a tecnología, fortalecimiento de cadenas de valor y aumento de la inversión.
A continuación, Gabriel Mato, eurodiputado del Parlamento Europeo (PP) y presidente de la Delegación Euro-Latinoamericana,abordó el debate desde una perspectiva geoestratégica. Reivindicó que, en un contexto global cada vez más inestable —marcado por tensiones con Rusia, conflictos en Oriente Medio y la creciente influencia de China—, América Latina debe convertirse en una prioridad estratégica para Europa.
Señaló que el acuerdo con Mercosur tiene un alto valor geopolítico y no debe entenderse solo como un tratado comercial, sino como una herramienta de posicionamiento internacional para la UE. Llamó a evitar actitudes paternalistas y a tratar a América Latina como socios iguales, ofreciendo una cooperación basada en intereses compartidos. Defendió también la necesidad de escuchar a todos los sectores —incluidos los críticos del acuerdo— y avanzar hacia una alianza política y económica duradera.
La Presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco, desde la perspectiva empresarial, Blanco lamentó que el acuerdo UE-Mercosur siga sin ratificarse tras más de 20 años de negociaciones, lo que ha generado una profunda frustración entre las empresas, que reclaman marcos normativos estables y predecibles. Destacó que, en un mundo con alta incertidumbre geopolítica, este acuerdo representa una oportunidad crucial para generar confianza, dinamizar la inversión y reforzar las relaciones comerciales.
Puso en valor el papel del sector exterior en la economía española, señalando que las exportaciones representan ya el 37% del PIB y la inversión exterior el 40%. También subrayó que el acuerdo permitirá establecer un diálogo institucional permanente entre las dos regiones y que debe actualizarse para incorporar temas actuales como la inteligencia artificial, la protección de datos o la sostenibilidad.
Por último, Pierino Stucchi, Socio de Stucchi Abogados (Perú), aportó una visión desde el Pacífico Sur, especialmente desde países como Perú, Colombia y Ecuador, que ya cuentan con acuerdos comerciales en vigor con la UE. Alertó sobre la inestabilidad normativa derivada de los cambios en la política comercial de Estados Unidos, y cómo esto contrasta con el enfoque más jurídico y predecible de la UE.
Reclamó avanzar hacia una zona económica iberoamericana integrada, con normas comunes en inversión, fiscalidad y protección jurídica. También defendió la importancia del libre comercio como herramienta para garantizar la paz y fomentar la inversión cruzada entre Europa y América Latina. Pidió que Europa trate a la región con prioridad estratégica, y subrayó que Perú y sus vecinos del Pacífico Sur ven en España y Portugal un puente esencial para lograrlo.
Todos los ponentes coincidieron en que el Acuerdo UE-Mercosur representa una oportunidad histórica para estrechar lazos entre Europa y América Latina. Más allá del intercambio de bienes, lo ven como un pilar para una alianza política, económica y cultural, que promueva un desarrollo sostenible, competitivo y equilibrado. En un mundo fragmentado, el consenso fue claro: el futuro del comercio iberoamericano pasa por una cooperación estratégica y una integración real, con reglas claras, diálogo constante y visión compartida.
Mesa 5 – IA en Iberoamérica: oportunidades jurídicas y desafíos regulatorios
La quinta mesa de la Cumbre Iberoamericana del ICAM, titulada “IA y tecnologías emergentes: oportunidades y desafíos jurídicos en Iberoamérica”, reunió a destacados expertos del ámbito tecnológico y jurídico para analizar el impacto de la inteligencia artificial (IA) desde múltiples perspectivas: técnica, regulatoria y profesional.
La mesa fue moderada por Ana Buitrago, diputada de la Junta de Gobierno del ICAM y senior advisor de Innovación, Transformación y LegalTech en PwC Tax & Legal, quien introdujo el debate subrayando el papel clave de la abogacía en el acompañamiento ético y jurídico de la transformación tecnológica.
Elena González-Blanco, Jefa de Inteligencia Artificial para Nativos Digitales EMEA de Microsoft, fue la primera en intervenir, ofreciendo una exposición exposición detallada sobre la evolución y estado actual de la IA, explicando su base matemática y arquitecturas técnicas, desde los primeros experimentos de redes neuronales hasta los actuales modelos de lenguaje (LLM) como GPT. Subrayó el potencial transformador de la IA generativa, especialmente en entornos con procesamiento de lenguaje natural, como el sector legal.
Destacó tres niveles de aplicación actuales: Productividad personal (resúmenes, redacción, asistencia en tareas repetitivas); optimización de procesos de negocio (automatización de contratos, bots internos de compliance); y creación de modelos de negocio personalizados (herramientas a medida para sectores específicos). También explicó la nueva generación de agentes de IA, capaces de ejecutar flujos de tareas automatizadas en plataformas corporativas, lo que marca un salto cualitativo en el uso de esta tecnología.
A continuación, Pablo García Mexía, consultor en Herbert Smith Freehills y director de Derecho Digital y TMT en Madrid, situó la IA como una “tecnología de uso general” comparable a la electricidad o Internet. Analizó los marcos regulatorios internacionales, advirtiendo sobre la pérdida de influencia del modelo europeo (“efecto Bruselas”) frente a los enfoques pragmáticos de Estados Unidos, Suiza o Japón.
Expuso cómo algunos países, como China, imponen una regulación alineada con valores políticos, mientras que otros, como EE. UU. bajo la nueva administración Trump, han eliminado cualquier iniciativa federal restrictiva en nombre de la innovación. En contraposición, destacó modelos inteligentes como el de California, que regula verticalmente por sectores de riesgo, o Suiza, que aplica el Convenio del Consejo de Europa y regula solo donde hay alto impacto.
Por su parte, Santiago Mediano, Socio fundador de Santiago Mediano Abogados y presidente de la Sección de Robótica, IA y Realidad Virtual y Aumentada del ICAM, centró su intervención en el marco normativo europeo. Explicó el contenido del Reglamento de IA de la UE, basado en un enfoque por niveles de riesgo (desde inaceptable hasta mínimo), y su implementación a través de la certificación previa, evaluaciones periódicas y gobernanza ex ante y ex post.
Comentó también otras normas relevantes, como la Directiva del Mercado Único Digital y la nueva directiva de productos defectuosos, que ya considera a la IA como producto jurídicamente responsable. Además, repasó la creación de la Agencia Española de Supervisión de la IA y la existencia de normas sectoriales (igualdad, deepfakes, protección del consumidor) que complementan la legislación general.
Finalmente, Eduardo Bittar, Presidente del Colegio de Abogados de Córdoba (Argentina), ofreció una visión práctica y crítica desde América Latina. Explicó que aunque países como Perú y Brasil avanzan en regulación, en general la región enfrenta una brecha entre el avance tecnológico y la capacidad normativa. Expuso un caso reciente de manipulación electoral con deepfakes en Argentina como ejemplo de los vacíos jurídicos actuales.
Destacó cómo en Argentina muchos tribunales y abogados ya están utilizando IA en la redacción de sentencias y escritos, sin marco regulatorio. Alertó sobre los riesgos de sesgos, desinformación y falta de control humano en procesos judiciales, y abogó por garantizar al menos una supervisión humana final e indelegable en las decisiones legales.
Concluyó con una frase clave: “La IA no va a reemplazar a los abogados, pero los abogados que usen IA reemplazarán a los que no lo hagan”.
La mesa dejó claro que la inteligencia artificial está transformando profundamente el ejercicio del derecho, tanto en Europa como en Iberoamérica. Aunque existen distintos ritmos regulatorios, todos los ponentes coincidieron en que el foco debe estar en garantizar la seguridad jurídica, mitigar riesgos como los sesgos o la desinformación, y fomentar un uso ético, supervisado y responsable de la tecnología. La abogacía tiene ante sí el reto de liderar, y no solo acompañar, esta revolución.