“Nuestro actual ordenamiento jurídico no permite que las Comunidades Autónomas puedan acordar, fuera del estado de alarma, medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general no individualizado”. Con estas palabras se expresaba el pasado 7 de mayo el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco frente a la posibilidad de continuar con la restricción de medidas relativas al cierre de ocio y espectáculos, y a la movilidad impuestas por el Gobierno central tras la crisis sanitaria del Covid-19.