El segundo día de la Cumbre Iberoamericana ICAM 2025 se celebró en la sede de Casa de América, donde la comunidad jurídica iberoamericana volvió a reunirse para profundizar en tres de los grandes retos del presente: la consolidación de un arbitraje con identidad propia, la necesidad urgente de una transición energética justa y eficaz, y la defensa de los derechos humanos en un contexto de retrocesos globales. Tras una intensa jornada previa dedicada a temas como la infraestructura y los transportes, la inteligencia artificial, la competitividad y el futuro del comercio iberoamericano, esta segunda sesión reafirmó el papel de la abogacía como motor de cambio en todos los ámbitos sociales.
Durante la jornada, se sucedieron tres mesas redondas de alto nivel que contaron con ponentes procedentes de distintos países y sectores. Desde la apuesta institucional del CIAM-CIAR por un arbitraje ágil, transparente y en español, hasta las propuestas empresariales y jurídicas para facilitar la transformación energética, pasando por la reflexión colectiva ante las amenazas que enfrentan los derechos fundamentales, el día dejó claro que los desafíos compartidos requieren respuestas colectivas, coordinadas y profundamente comprometidas con el Estado de Derecho.
Mesa 6 – Arbitraje con identidad iberoamericana
La primera mesa redonda del segundo día de la Cumbre Iberoamericana ICAM 2025 se centró en el fortalecimiento del arbitraje internacional con identidad iberoamericana a través del proyecto CIAM-CIAR. La sesión reunió a destacadas voces del mundo arbitral como Urquiola de Palacio, presidenta de honor de la Unión Internacional de Abogados (UIA) y vicepresidenta de CIAM-CIAR; Marta Lalaguna Holzwarth, secretaria general del CIAM-CIAR; Irma Rivero Ramírez, árbitro y docente; y Alfredo Bullard, socio fundador de Bullard Falla Ezcurra.
Bajo el título “Arbitraje Internacional y el proyecto iberoamericano: CIAM-CIAR”, la primera mesa redonda contó con la moderación de José Ignacio Monedero, presidente de la Corte de Arbitraje del ICAM y secretario de la Junta de Gobierno, quien abrió la sesión destacando la apuesta estratégica de Madrid y del mundo iberoamericano por consolidar una institución arbitral de referencia internacional, con una identidad jurídica compartida y una estructura sólida. Monedero subrayó el valor del CIAM-CIAR como símbolo de integración, profesionalidad y visión internacional.
Urquiola de Palacio, presidenta de honor de la Unión Internacional de Abogados y vicepresidenta del CIAM-CIAR, explicó con detalle la génesis del proyecto, recordando que su origen se remonta a un anhelo de más de tres décadas por parte de la abogacía y las instituciones españolas. Señaló que la fragmentación institucional previa generaba confusión entre los usuarios internacionales del arbitraje, lo que motivó la unificación de esfuerzos entre las principales cortes españolas y latinoamericanas. De Palacio celebró la consolidación de un centro que, además de contar con el respaldo del ICAM, está logrando una verdadera proyección iberoamericana, como demuestra la reciente incorporación de CAM Santiago y la administración de más de 60 casos en tan solo cinco años. Destacó también la importancia de una gobernanza plural, con representantes de distintas nacionalidades y perfiles, así como la labor técnica de las comisiones encargadas de los nombramientos y confirmaciones de árbitros, cuyo trabajo garantiza transparencia, diversidad y profesionalidad.
A continuación, Marta Lalaguna Holzwarth, secretaria general del CIAM-CIAR y de la Corte de Arbitraje de Madrid, abordó en profundidad la estructura organizativa del centro y explicó con entusiasmo cómo el proyecto ha ido evolucionando desde su fundación. Reivindicó el valor diferencial de CIAM-CIAR frente a otras instituciones internacionales, poniendo el foco en la agilidad de sus procedimientos, la claridad de sus reglas y la calidad del servicio al usuario. Subrayó la importancia de las cuatro comisiones —nombramientos, recusaciones, revisión de laudos y buenas prácticas— como garantía de independencia, calidad y transparencia. Mencionó la creación del procedimiento hiperabreviado, fruto del trabajo colaborativo con los grupos sectoriales de expertos, y resaltó el papel transformador de estos think tanks iberoamericanos que permiten a la institución adaptarse a las necesidades específicas de sectores como el marítimo, la energía, la economía digital o el deporte. También destacó el esfuerzo por impulsar el arbitraje en español, la paridad de género en los nombramientos (con un 47% de mujeres designadas por el centro) y la digitalización del sistema, que incluye bases de datos y herramientas de gestión transparentes y accesibles.
Desde una perspectiva latinoamericana, Irma Rivero Ramírez, árbitra y docente universitaria colombiana, aportó una reflexión muy enriquecedora sobre la percepción del proyecto desde América Latina. Según compartió, CIAM-CIAR está generando un creciente sentido de pertenencia en la región, gracias a un enfoque inclusivo, horizontal y respetuoso de la diversidad jurídica latinoamericana. Rivero celebró que el centro se perciba como una alternativa práctica, equitativa y menos burocrática que otras instituciones tradicionales. Señaló que los reglamentos de CIAM-CIAR responden a las particularidades de la región, promoviendo la agilidad sin sacrificar el rigor técnico, y que su presencia activa en Latinoamérica —incluyendo la alianza con CAM Santiago— está consolidando una confianza institucional creciente. Remarcó que el proyecto no se percibe como un “club cerrado”, sino como una plataforma abierta a nuevos talentos jurídicos de la región, y concluyó que el éxito del CIAM-CIAR dependerá de su capacidad de mantener la transparencia, la calidad y la vocación colaborativa que lo definen.
La intervención de Alfredo Bullard, reconocido árbitro y abogado peruano, ofreció una reflexión cultural y estratégica sobre el idioma en el arbitraje internacional. Mediante una brillante analogía con el esperanto, Bullard argumentó que el español no solo es una lengua compartida por gran parte del mundo iberoamericano, sino también una herramienta que transmite estructuras jurídicas, emociones y modos de pensamiento esenciales para la justicia arbitral. Reivindicó el uso del español como una ventaja competitiva para las partes, árbitros y peritos iberoamericanos, y defendió el papel del CIAM-CIAR como vehículo para impulsar esta transformación cultural. Afirmó que la batalla por el idioma no se gana solo desde las instituciones, sino también “en la calle”, en la práctica diaria, en las cláusulas contractuales y en la elección consciente de árbitros y sedes. Su intervención concluyó con un mensaje claro: el idioma no es solo un canal de comunicación, sino una forma de organizar el mundo jurídico, y fortalecer su uso en arbitraje es clave para el éxito del proyecto CIAM-CIAR.
Mesa 7 – Transición energética con visión transformadora
La segunda mesa redonda, titulada “Transición energética y sostenibilidad: de la regulación a la acción”, abordó los retos normativos, económicos y tecnológicos de la descarbonización en Iberoamérica. La moderación corrió a cargo de Teresa Mínguez, diputada de la Junta de Gobierno del ICAM y responsable de Relaciones Internacionales, quien introdujo el debate subrayando el papel que puede desempeñar el marco jurídico en acelerar una transformación energética efectiva.
Participaron Vicente López-Ibor, presidente de la Asociación Española de Derecho de la Energía; José Luis Blasco, director global de Sostenibilidad de Acciona; Mónica Zuleta, directora de Sostenibilidad de Mapfre y secretaria del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España, y Antonio Espinosa, CEO y fundador de LIUX y Auara.
Vicente López-Ibor centró su intervención en la necesidad de una voluntad política clara como punto de partida indispensable para una transición energética efectiva. Recordó que incluso en Europa, alcanzar una política energética común fue una tarea ardua que solo se consolidó con el Tratado de Lisboa en 2007. Para López-Ibor, el éxito de este proceso depende de principios regulatorios sólidos, comparables a los que han guiado históricamente el desarrollo del derecho ambiental. Insistió en que la transición no es solo una sustitución tecnológica, sino una transformación de fondo del sistema económico, donde la regulación energética debe proporcionar certeza, ritmo razonable y ambición a largo plazo.
En una segunda intervención, abordó la importancia de adaptar los marcos jurídicos a la descentralización del mercado energético, destacando que ya no hay un único modelo centralizado, sino una red de mercados locales donde el consumidor también puede ser productor. Subrayó el papel de la digitalización, de los principios normativos como “quien contamina paga”, y de la codificación simplificada para promover un entorno que favorezca la innovación. Asimismo, defendió que Europa e Iberoamérica deben fortalecer sus vínculos institucionales, económicos y culturales, sugiriendo incluso una carta iberoamericana de sostenibilidad que institucionalice el marco de colaboración.
José Luis Blasco, director global de Sostenibilidad de Acciona, insistió en que la transformación energética requiere trasladar la voluntad política a instrumentos concretos: zanahorias e incentivos para acelerar la inversión, y “palos” regulatorios que desincentiven la inacción. Desde su experiencia empresarial, apuntó tres barreras clave: la burocracia regulatoria, el coste del capital y la falta de infraestructura. Blasco alertó sobre el bajo nivel de penetración renovable en la mayoría de países latinoamericanos y defendió que la clave es comprender que la energía limpia no solo es más sostenible, sino también más rentable y eficiente desde el punto de vista económico.
Además, expuso cómo la falta de adaptación normativa, especialmente por el copiado de modelos europeos sin filtro, genera graves distorsiones que bloquean la innovación. Propuso avanzar hacia una «teoría de la abundancia», donde la regulación cree espacios habilitantes —como sandbox regulatorios— para el desarrollo de tecnologías emergentes. Blasco insistió en que Iberoamérica tiene la oportunidad de construir marcos propios, adecuados a su realidad, que permitan atraer capital y acelerar una transición energética justa. También destacó el impacto del coste de capital en las inversiones sostenibles y reclamó políticas activas para reducir esa barrera estructural.
Mónica Zuleta, directora de Sostenibilidad de Mapfre y secretaria del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España, ofreció una visión desde el sector asegurador, subrayando su papel como facilitador del cambio. Detalló cómo las aseguradoras están desarrollando productos y coberturas específicas para energías renovables, especialmente en Latinoamérica, e incluso aplicando criterios de exclusión: Mapfre, por ejemplo, no asegura ni invierte en empresas fósiles que no cuenten con planes de transición energética. Sin embargo, enfatizó que el verdadero compromiso no es solo excluir, sino acompañar a esas compañías en su transformación y apoyar modelos de negocio más sostenibles.
Zuleta también puso el foco en la biodiversidad y la resiliencia climática. Valoró como simbólica la próxima COP en Brasil, que centrará el debate en cómo movilizar financiación hacia la conservación y uso responsable de los recursos. Subrayó que Iberoamérica posee una riqueza enorme en metales críticos, agua y biodiversidad, y que ese potencial debe aprovecharse desde el respeto a los derechos humanos y con un marco jurídico robusto. Apostó por generar cadenas de valor éticas y por involucrar al talento local y las universidades para que el desarrollo de la transición sea también un motor de bienestar social y equidad.
Antonio Espinosa, CEO y fundador de LIUX y Auara, defendió que los incentivos deben aplicarse en el orden correcto: primero se deben quitar las barreras regulatorias que asfixian la innovación, luego establecer incentivos claros al nuevo paradigma energético, y solo entonces aplicar restricciones al modelo fósil. A su juicio, muchas de las medidas actuales fracasan porque penalizan el sistema antiguo sin haber hecho viable el nuevo, lo que termina empobreciendo a la sociedad. Denunció que en Europa instalar un cargador eléctrico puede tardar hasta 18 meses, lo cual demuestra la desalineación entre objetivos climáticos y realidad normativa.
Espinosa también abordó la desconexión entre la regulación europea y la cadena de valor industrial. Explicó cómo obstáculos como la extracción y procesamiento de litio o la fabricación de baterías están ralentizando el desarrollo de sectores estratégicos. Reivindicó una visión integral y técnica de los incentivos, que permita a los ecosistemas empresariales florecer. Consideró que Iberoamérica, por su juventud y dinamismo social, tiene una ventaja frente a Europa para crear entornos propicios a la innovación, siempre que logre construir un marco político y jurídico que acompañe esta oportunidad histórica.
Teresa Mínguez, moderadora de la mesa y representante del ICAM, subrayó que España ha sido un ejemplo en la expansión de las renovables, pero advirtió que la transformación no puede depender únicamente de las empresas ni de los consumidores. Señaló que es urgente un plan estatal de descarbonización ambicioso, alineado con los compromisos europeos, que incentive el cambio desde todos los frentes. Mínguez recalcó que el derecho sigue anclado en paradigmas del pasado y que hace falta una revisión normativa profunda que facilite la inversión, liberalice permisos y asegure una infraestructura de recarga accesible.
Durante su intervención, también se refirió al desajuste entre el ritmo de las políticas nacionales y los compromisos internacionales, especialmente los asumidos para 2030 y 2040. Advirtió que si no se corrige esa brecha, no se cumplirán los objetivos del PNIEC. Para Mínguez, la colaboración público-privada es indispensable, pero el liderazgo debe venir de los gobiernos. Apostó por consolidar un entorno jurídico que permita que los avances tecnológicos, las inversiones y los beneficios de la transición energética lleguen realmente al consumidor final, contribuyendo así a una transformación justa y efectiva.
Mesa 8 – Derechos humanos ante la regresión global
La tercera mesa redonda del día giró en torno a la protección de los derechos humanos en un contexto global marcado por regresiones democráticas, crisis humanitarias y amenazas estructurales. Emilio Ramírez, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM y socio director del despacho Ramírez-Crespo, fue el encargado de moderar el debate en el que participaron Grainne O’Hara, representante de ACNUR en España; Purificación Causapié, secretaria general de la Fundación Carolina; Maite Parejo, copresidenta del Observatorio de Derechos Humanos del ICAM y socia de MAIO Legal; Erika Torregrosa, copresidenta de la Sección de Derechos Humanos del ICAM y CEO de DIPLOCORP; y Rita Brazete, vocal del Consejo Federal de la Ordem dos Advogados.
Erika Torregrosa, copresidenta de la Sección de Derechos Humanos del ICAM y CEO de Diplocorp, centró su intervención en el papel de las empresas en la protección de los derechos humanos. Afirmó con contundencia que ya no se puede hablar de sostenibilidad o desarrollo sin tener en cuenta el impacto de las decisiones empresariales sobre los derechos de las personas y del planeta. Subrayó la trascendencia de la nueva directiva europea sobre diligencia debida, que impone a las grandes corporaciones —y a toda su cadena de valor— la responsabilidad de prevenir, mitigar y reparar violaciones de derechos humanos. Para Torregrosa, Iberoamérica tiene ante sí el reto de asumir esta normativa no solo como un radar pasivo, sino como una brújula ética y jurídica que permita liderar desde el compromiso y la dignidad.
Desde la visión del multilateralismo, Grainne O’Hara, representante de ACNUR en España, ofreció un repaso a los fundamentos legales y el mandato histórico de la agencia de la ONU para los refugiados. Recordó el papel central del artículo 35 de la Convención de Ginebra de 1951, que otorga al ACNUR una autoridad supervisora en la interpretación del derecho de asilo a nivel global. O’Hara lamentó el debilitamiento actual del orden jurídico internacional y la falta de respuesta de algunos órganos como el Consejo de Seguridad de la ONU, y reivindicó la importancia de la colaboración con la abogacía y las universidades para defender los derechos de las personas desplazadas. Citó ejemplos de programas exitosos con firmas legales pro bono y destacó el papel de la profesión jurídica como aliada esencial del ACNUR en litigios estratégicos, formación y fortalecimiento institucional.
Purificación Causapié, secretaria general de la Fundación Carolina, cerró la mesa con una intervención enfocada en los riesgos estructurales que amenazan los derechos humanos. Señaló que sin democracia no hay derechos, y denunció el retroceso democrático que se percibe en algunos países de América Latina. Alertó también sobre los efectos del cambio climático y de la inteligencia artificial como nuevas amenazas a la igualdad y la justicia. Subrayó la importancia de defender una gobernanza global basada en reglas y recordó que el multilateralismo es la única vía posible para hacer frente a estos retos compartidos.
También intervino Maite Parejo, copresidenta del Observatorio de Derechos Humanos del ICAM y socia de MAIO Legal, quien ofreció una reflexión histórica y jurídica sobre el retroceso en materia de derechos humanos a escala global. Comenzó reconociendo que los tiempos actuales son claramente de regresión en derechos fundamentales y subrayó que es necesario “nombrar en alto” situaciones concretas de vulneración, como lo que está ocurriendo en Ucrania, Palestina o Afganistán. Para Parejo, estos escenarios deben obligar a la comunidad internacional a preguntarse qué ha fallado en el sistema diseñado tras la Segunda Guerra Mundial, que pretendía precisamente evitar este tipo de conflictos y atrocidades.
A través de un recorrido por los orígenes del ordenamiento jurídico internacional, explicó cómo la creación de la Carta de las Naciones Unidas y los juicios de Núremberg sentaron las bases del derecho penal internacional y del sistema de protección de los derechos humanos. Sin embargo, lamentó que muchas de esas promesas se hayan visto debilitadas por lagunas de impunidad y por la falta de mecanismos eficaces para hacer rendir cuentas a los responsables, tanto a nivel estatal como individual.
Parejo abordó con especial atención el papel de la justicia internacional en la rendición de cuentas, especialmente en lo que respecta a los crímenes cometidos contra mujeres. Denunció que en los acuerdos de conformidad ante tribunales internacionales, a menudo los delitos de violencia sexual son los primeros en ser eliminados de las acusaciones. Citó el caso histórico de las comfort women durante la Segunda Guerra Mundial como ejemplo de crímenes ignorados durante décadas.