En el marco de la inauguración oficial de la nueva sede judicial de Navalcarnero, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el consejero de Justicia, Interior y Víctimas han visitado hoy las instalaciones del Colegio de Abogados de Madrid en el edificio que albergará a los seis juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la localidad.
El máximo responsable del servicio jurídico de la Comisión Europea ha abordado hoy, en los desayunos jurídicos del Colegio de Abogados de Madrid, los grandes retos que afronta la Unión Europea en la actualidad.
“Hoy es un día muy importante porque pone en valor nuestro sistema jurídico que no deja abandonado a nadie, tenga o no recursos, y esto como españoles lo tenemos que alabar, porque la pandemia ha demostrado que no todos los sistemas jurídicos del primer mundo tienen un sistema tan garantista y defensor de los derechos de los ciudadanos como el nuestro”.Con estas palabras daba la bienvenida el decano del colegio madrileño, José María Alonso, a la celebración del XI Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, en una jornada que ha buscado ensalzar y dar a conocer la importante labor que realizan los más de 5.270 abogados y abogadas que forman parte del Turno de Oficio para garantizar el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva de toda la ciudadanía.
“El nuestro tenía que ser un diccionario de la lengua del Derecho que se preocupara de las palabras y que tratara de explicarlas. Para ello convocamos a todos los especialistas de las distintas ramas de las Universidades y del Tribunal Supremo. Concluimos este trabajo en 2016 y le llamamos el Diccionario del Español jurídico. Lo que hemos hecho a partir de entonces es tratar de mejorarlo porque nos hemos empeñado en que en la actualidad se pueda entrar con un clic de ratón en cualquiera de las legislaciones hispanohablantes”. Así expresaba el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, su intención de acercar el lenguaje jurídico a la ciudadanía.
“La crisis sanitaria del Covid-19 ha puesto en valor los servicios de telecomunicaciones y el carácter esencial que los mismos tienen en la ciudadanía. En la sociedad en la que vivimos está habiendo una rápida evolución al mundo digital y hay que dar soluciones para adaptarnos a los cambios, una de ellas es hacerlo por la vía legislativa”. Con estas palabras se expresaba el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Roberto Sánchez Sánchez, para aclarar las principales novedades que contendrá la nueva Ley General de las Telecomunicaciones, recientemente modificada para transponer a nuestro ordenamiento el código europeo de las comunicaciones electrónicas.
“Nuestro actual ordenamiento jurídico no permite que las Comunidades Autónomas puedan acordar, fuera del estado de alarma, medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general no individualizado”. Con estas palabras se expresaba el pasado 7 de mayo el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco frente a la posibilidad de continuar con la restricción de medidas relativas al cierre de ocio y espectáculos, y a la movilidad impuestas por el Gobierno central tras la crisis sanitaria del Covid-19.
En el marco del 30 aniversario de la Corte de Arbitraje del ICAM, expertos y representantes del mundo jurídico e institucional se han dado cita en el Colegio de Abogados de Madrid para debatir sobre el potencial de este medio alternativo de resolución de controversias para impulsar la actividad económica y fortalecer la proyección internacional de España.
“El próximo domingo entraremos en una situación de indefensión jurídica en la que se va a producir una falta de certeza sobre hasta dónde van a llegar las medidas y cuáles van a entrar en vigor”. Con estas palabras, el presidente de la Sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Madrid, Alberto Dorrego, ha alertado hoy sobre las dudas legales que plantea el marco jurídico que establece el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, para combatir la pandemia una vez decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo.
El Colegio de Abogados de Madrid celebra este año el 30 aniversario de su Corte de Arbitraje, una institución que nació en 1990 con vocación de servicio público y que, con el paso de los años, se ha renovado situándose al mismo nivel que las cortes más avanzadas del mundo.
En respuesta al aumento de situaciones concursales que está deparando la crisis económica derivada de la pandemia, la Abogacía madrileña y los Juzgados de lo Mercantil de Madrid han decidido sumar esfuerzos para salvar el mayor número posible de empresas en los procesos concursales.