- • El Decano Eugenio Ribón ha denunciado que la Ley 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia está funcionando, “como un obstáculo real para el acceso a la Justicia” y ha trasladado a las fuerzas políticas el rechazo mayoritario de los profesionales hacia la obligatoriedad de los MASC.
- • El ICAM alerta de que la subida del salario mínimo a 18.004 euros anuales, sin una actualización paralela del IPREM, puede restringir el acceso a la Justicia Gratuita, y advierte de la incertidumbre que afrontan miles de jóvenes titulados que siguen esperando la segunda convocatoria de 2026 del examen de acceso a la abogacía.
- • Ribón también ha reclamado soluciones a los retrasos judiciales y a las condiciones del Turno de Oficio, para el que el Colegio propone una mejora retributiva del 35 % en dos años.
- • PP, PSOE, Vox y Frente Amplio contrastan sus posiciones sobre la reforma judicial, la financiación de la Justicia Gratuita y la pasarela de las mutualidades al RETA, en un debate celebrado a once días de las elecciones generales
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha reclamado hoy a los partidos políticos compromisos concretos para mejorar el funcionamiento de la Justicia y responder a los principales problemas que afrontan los profesionales y los ciudadanos. A once días de las elecciones generales del 29 de noviembre, la institución ha reunido a representantes del PP, PSOE, Vox y Frente Amplio en un Foro Justicia especial para contrastar sus propuestas con una agenda de 60 medidas que el Colegio ha trasladado a las formaciones políticas de cara a la próxima legislatura.
Durante la inauguración, el decano Eugenio Ribón ha pedido que el debate sobre la Justicia no quede limitado a los enfrentamientos políticos, los nombramientos y los conflictos institucionales, mientras persisten problemas cotidianos como la suspensión de juicios sin previo aviso, los retrasos de años en la resolución de procedimientos, las deficiencias tecnológicas o las condiciones en las que se presta la asistencia jurídica gratuita.

«No hemos organizado este foro para reproducir un debate electoral generalista», ha señalado Ribón, que ha emplazado a las formaciones a explicar «qué proponen exactamente los partidos para resolver estos problemas y, sobre todo, cómo piensan hacerlo».
Entre las prioridades expuestas, el decano ha reclamado la necesidad de revisar los obstáculos derivados de la obligatoriedad de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) y evaluar la implantación de los Tribunales de Instancia. Según datos del ICAM, el 84 % de los letrados rechaza la obligatoriedad de los MASC y la mayoría calificaba con un cero la Ley 1/2025 en sus primeros meses de aplicación, que el Decano ha advertido que está funcionando, de facto, “como un obstáculo real para el acceso a la Justicia”.
A estas reivindicaciones ha sumado, reclamado un plan de choque contra las dilaciones judiciales, especialmente en la jurisdicción social, con refuerzo de las plantillas y medidas para mejorar la ejecución de las sentencias. El documento remitido por el ICAM plantea reducir entre un 30 % y un 50 % los procedimientos de más de dos años de antigüedad en esta jurisdicción.
También ha defendido una actualización real de las retribuciones del Turno de Oficio, el pago de todas las actuaciones profesionales y un estatuto específico para quienes prestan este servicio.
También se ha referido en su intervención a las consecuencias de la subida del salario mínimo interprofesional aprobada ayer por el Consejo de Ministros, que lo situará en 18.004 euros anuales en 2027, mientras el IPREM, indicador utilizado para determinar los umbrales económicos de acceso a la Justicia Gratuita, permanece sin actualizar.
Ribón ha alertado de que este desfase puede excluir de la asistencia jurídica gratuita a personas con ingresos modestos que superen los límites establecidos en la normativa. «Acabamos de cargarnos uno de los pilares de la justicia gratuita», ha advertido, reclamando una respuesta que evite que la mejora salarial se traduzca en una pérdida de cobertura para quienes necesitan asistencia jurídica.

El decano también ha trasladado la indignación de los jóvenes titulados que continúan esperando la segunda convocatoria de 2026 del examen de acceso a la abogacía, una demora que mantiene en la incertidumbre su incorporación al ejercicio profesional.
Asimismo, ha reiterado la necesidad de garantizar el secreto profesional, reforzar el derecho de defensa, facilitar la conciliación y avanzar hacia sistemas judiciales digitales interoperables, recuperando las denuncias que el Colegio viene haciendo sobre las disfunciones de la Justicia digital en el día a día de los profesionales.
En materia de previsión social, ha reclamado el desarrollo efectivo de la pasarela de las mutualidades al RETA para garantizar unas condiciones de jubilación dignas.
Ley de Eficiencia y MASC
Ya en el debate de los partidos, la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025 y, especialmente, la obligatoriedad de los MASC han concentrado buena parte del debate.
La coordinadora de Justicia del PP, María Jesús Moro, ha compartido la necesidad de revisar el requisito de procedibilidad de los MASC, especialmente en los asuntos de familia, menores y procedimientos transnacionales. Ha defendido, además, una revisión profunda de la Ley de Eficiencia, que considera «sin paliativos, una mala ley», aunque ha descartado revertir el modelo organizativo de los Tribunales de Instancia. Entre las modificaciones necesarias ha reclamado mayor coordinación territorial y criterios homogéneos que eviten diferencias en la aplicación de la norma.
Por parte del PSOE, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, ha defendido la reforma en términos opuestos. «La ley de eficiencia es una buena ley, moderniza la estructura organizativa», ha afirmado, destacando las mejoras introducidas en la distribución de las cargas de trabajo y el impulso de la resolución extrajudicial de conflictos. Aunque ha reconocido dificultades en su implantación, ha considerado prioritario consolidar el nuevo modelo mediante protocolos de actuación, sistemas de evaluación de calidad y mecanismos de inspección. También respecto a los procedimientos de familia ha mantenido su defensa de los MASC como instrumento para favorecer los acuerdos y reducir la litigiosidad, insistiendo en la necesidad de mejorar los medios disponibles.




La vicesecretaria nacional jurídica de Vox, Marta Castro, ha coincidido en que no sería conveniente deshacer la nueva organización judicial, pero ha reclamado una revisión de la normativa y de los requisitos asociados a los MASC. «No se puede legislar al margen de los que sufrimos la legislación», ha advertido, criticando que la reforma se haya implantado sin atender suficientemente a los profesionales. Castro ha defendido la simplificación de los procedimientos, la interoperabilidad tecnológica y la eliminación de barreras para ejercer en distintos territorios. En relación con los conflictos familiares, ha reiterado que estos mecanismos deben modificarse cuando, por su configuración actual, no resulten eficaces o se conviertan en un obstáculo para acceder a la Justicia.
En representación de Frente Amplio, Miguel Montejo, concejal de Más Madrid e integrante de su equipo jurídico, ha defendido la continuidad del modelo, pero ha respaldado la propuesta del ICAM de evaluar sus resultados en un plazo de 180 días. «Dentro de 180 días vamos a ver qué es lo que ha pasado de verdad con datos y corregirlo», ha señalado. También ha reconocido la especial sensibilidad de los procedimientos que afectan a menores y la conveniencia de revisar aquellos aspectos de los MASC que puedan generar dificultades en su aplicación.
Justicia Gratuita
La mejora de las condiciones del Turno de Oficio ha sido otro de los principales asuntos abordados. La propuesta del ICAM contempla un incremento real del 35 % de las retribuciones en dos años, el pago de todas las actuaciones efectivamente realizadas y una revisión de los umbrales económicos de acceso a la Justicia Gratuita.
Desde el PP, Moro ha defendido una reforma en profundidad de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, con participación de los colegios profesionales, reconocimiento de todas las actuaciones y un estatuto específico para los abogados del Turno de Oficio. «Es evidente que llevamos muchos años en España sin tener muy claro quién es el profesional del turno de oficio, qué derechos y qué obligaciones tiene», ha señalado. También ha censurado que el Gobierno haya perdido la oportunidad de presentar en esta legislatura una nueva ley a la que se había comprometido.
Simancas ha reivindicado las mejoras aprobadas por el Gobierno en las compensaciones del Turno de Oficio, incluida la subida media del 8 % publicada esta semana para el ámbito de gestión del Ministerio de Justicia y se ha comprometido a impulsar la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en la próxima legislatura. «Mejorar las condiciones de los abogados en el turno de oficio es una cuestión de dignidad para los propios profesionales», ha afirmado.
Por su parte, Castro ha considerado insuficiente la actualización aprobada por el Gobierno y ha defendido mejorar las retribuciones del Turno de Oficio. La representante de Vox también ha planteado revisar la asignación de recursos y los expedientes de Justicia Gratuita, defendiendo que «para Vox los primeros son los vulnerables españoles».
Frente a esta «prioridad nacional» defendida por Vox, el representante de Frente Amplio, Montejo, ha abogado por una «prioridad vecinal», reivindicando el carácter universal de los servicios públicos y rechazando que se establezcan diferencias en el acceso a la protección jurídica por razón de origen. Sobre el desfase entre el salario mínimo y los umbrales de acceso a la Justicia Gratuita, ha asegurado que, si las fuerzas progresistas cuentan con mayoría suficiente para aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado, «aumentaríamos el IPREM con total seguridad», sin precisar por qué no se ha modificado la Ley de Justicia Gratuita para que el incremento del SMI no tenga el efecto indeseado que denuncia el ICAM.

Mutualistas: los cuatro partidos se pronuncian sobre el desarrollo de la pasarela al RETA
La situación de los profesionales adscritos a mutualidades alternativas ha generado otro intercambio de compromisos y reproches sobre el retraso en el desarrollo reglamentario de la pasarela al RETA, una reivindicación que el ICAM considera esencial para garantizar pensiones dignas, como viene defendiendo desde 2023.
Montejo ha pedido que se impulse el reglamento pendiente sin esperar a la constitución del próximo Gobierno y ha reclamado al PP que, en caso de gobernar, asuma su aprobación de manera inmediata.
Castro ha defendido el trabajo parlamentario desarrollado por Vox durante la tramitación de la reforma y ha anunciado su intención de seguir impulsando mejoras, entre ellas la incorporación de los mutualistas pasivos excluidos del mecanismo aprobado.
Por parte del PSOE, Simancas ha reivindicado la aprobación del derecho legal a la pasarela durante la legislatura y ha asegurado que su desarrollo reglamentario se llevará a cabo en un plazo muy breve, reconociendo la complejidad de las situaciones individuales y la necesidad de atender a la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.
Moro ha atribuido al trabajo parlamentario del PP buena parte de las mejoras introducidas en la norma y ha criticado el retraso del Gobierno en la aprobación del reglamento. Ha asegurado que su partido se compromete a cumplir la ley y desarrollar la pasarela cuanto antes si llega al Ejecutivo.
Violencia de género: discrepancias sobre las competencias de los juzgados especializados
El debate también ha abordado la ampliación de competencias de los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer. Moro ha reclamado revisar su organización, reforzar los medios personales y garantizar la especialización. Simancas ha defendido la reforma, aunque ha reconocido la necesidad de dotarla de recursos suficientes.
Montejo también ha respaldado la ampliación competencial, insistiendo en mejorar las condiciones de trabajo y preservar la protección específica frente a la violencia de género. Castro, por su parte, ha defendido extender el sistema de protección a lo que Vox denomina violencia intrafamiliar.

Independencia judicial y sistema de elección de los órganos de gobierno
En el tramo final el debate, los participantes han expuesto sus posiciones sobre el sistema de elección de los órganos de gobierno judicial y del Tribunal Constitucional.
Moro ha defendido el plan de regeneración institucional del PP y ha abierto la puerta a reformas constitucionales si resultaran necesarias. Castro ha reiterado la propuesta de Vox de que los doce vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por jueces y magistrados, además de plantear cambios de mayor alcance en el Tribunal Constitucional.
Frente a estas posiciones, Simancas ha defendido la legitimidad democrática de la elección parlamentaria. Montejo ha coincidido en rechazar un sistema de autogobierno judicial, aunque ha reclamado procedimientos públicos y transparentes, con comparecencias y motivación de las decisiones.
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