- La asistencia jurídica a las víctimas de trata debe hacerse de oficio por los Colegios de Abogados
Las mesas de trabajo de los X Encuentros en Madrid han concluido en la mañana de hoy abordando la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral desde la perspectiva italiana, mexicana y española como países de origen, tránsito y destino.
Moderada por la vicedecana, Begoña Castro, la mesa se ha iniciado con la intervención de José Nieto Barroso, jefe del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgo, que ha explicado cómo desde el Ministerio de Interior “estamos tratando de que la sociedad entienda y visualice que las víctimas de trata son víctimas producto de mafias y crimen organizado” porque “hay muchos actores en este delito”.
Para Nieto, la forma de perseguir la trata, teniendo en cuenta que es parte de una delincuencia itinerante, es desde la cooperación internacional que ha calificado de “imprescindible”.
La trata en países destino de migración
Para describir la realidad de este fenómeno en Italia que “es enorme”, la abogada especializada Grazia Cesaro, del Colegio de Abogados de Milán, lo ha explicado teniendo en cuenta que “somos un país destino preferido por los inmigrantes al que solo el año pasado llegaron unos 180.000”.
De estas cifras, el porcentaje de menores no acompañados que llega es del 12 o 14% del total y “cuando llegan a Italia declaran que son mayores de edad y, además, dicen que no han pagado nada por su viaje”, explica. Las mujeres proceden, fundamentalmente, de Nigeria y Siria, y tienen entre 13 y 24 años.
Para Cesaro, “la explotación sexual afecta a los menores que también son explotados laboralmente”. Y es que la trata es la tercera fuente de ingresos de las organizaciones criminales italianas por detrás del tráfico de drogas. A nivel mundial, según datos de la ONU, los beneficios de la trata ascienden a 35.000 millones de dólares estadounidenses por año.
La abogada italiana ha expuesto, además las medidas que se han puesto en marcha en su país para trata este delito tipificado en su Código Penal con condenas entre 8 a 20 años: programas de asistencia e inclusión social para víctimas de trata, un decreto legislativo que incorpora la evaluación individual de la víctima y su grado de vulnerabilidad, la designación de tutores para los menores o un Plan Antitráfico 2016-2018 que se construye sobre la prevención, los procedimientos penales y la identificación.