- • El Colegio de la Abogacía de Madrid pone en marcha este viernes una campaña institucional para reclamar medidas urgentes ante unas demoras que afectan a despidos, incapacidades, prestaciones y reclamaciones salariales.
- • El ICAM propone reunir al Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid, el CGPJ y el TSJ para acordar una respuesta conjunta al colapso.
- • Cobertura de vacantes y bajas, refuerzos judiciales y de la Oficina judicial, mejoras organizativas y tecnológicas y seguimiento de los tiempos de respuesta, entre las medidas planteadas.
- • La iniciativa tendrá también una vertiente pública, con una recogida de firmas a través de la web del ICAM para sumar apoyos a esta reclamación.
La jurisdicción social madrileña afronta demoras que se extienden a prácticamente todas las etapas del procedimiento. En algunos órganos, determinadas vistas están siendo fijadas para fechas situadas a varios años de la presentación de la demanda, mientras la tramitación previa, el dictado de resoluciones, los recursos y la ejecución soportan también tiempos de espera extraordinarios.
Para el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), la suma de estas circunstancias está deteriorando la capacidad del sistema para ofrecer una respuesta judicial eficaz en asuntos que afectan de manera directa al empleo, los ingresos, la salud y la protección social de miles de ciudadanos.
Ante esta situación, el Colegio pone en marcha este viernes una campaña institucional para reclamar una respuesta urgente y coordinada de las administraciones y órganos con responsabilidades sobre la jurisdicción social. La iniciativa tendrá también una vertiente pública, con una campaña de sensibilización y una recogida de firmas a través de la web del ICAM.
Una respuesta coordinada entre instituciones
El ICAM considera que la dimensión del problema exige superar las actuaciones aisladas y establecer un marco de trabajo común entre las instituciones responsables.
Por ello, el Decano del ICAM, Eugenio Ribón, propone una reunión específica en la que participen el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el propio Colegio, con el objetivo de compartir información, delimitar necesidades, acordar medidas y comprobar posteriormente su eficacia.
Con ese objetivo, Ribón se ha dirigido a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló; al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín; al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón; a la presidenta del Tribunal de Instancia de Madrid, María Jesús del Barco; y a la presidenta de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Madrid, María Fátima Beardo. El Colegio ha registrado asimismo una queja formal ante el Defensor del Pueblo, en la que plantea la dimensión general del problema y solicita actuaciones dentro del ámbito de competencias de esta institución.
“El orden social tutela derechos que inciden directamente en el sustento y en las condiciones de vida de las personas. Por ello, los tiempos de respuesta adquieren una importancia singular en procedimientos de despido, incapacidad, prestaciones o reclamaciones salariales”, advierte Ribón.
Una cuestión que alcanza al artículo 24 de la Constitución
El Diputado del ICAM responsable del Turno de Oficio Juan Manuel Mayllo subraya que la situación no puede analizarse únicamente desde la óptica de la gestión de los juzgados: “Que el origen de estos retrasos pueda encontrarse en una sobrecarga estructural, en plantillas insuficientes, en la falta de órganos o en limitaciones organizativas y materiales no hace desaparecer la dimensión constitucional del problema. El Tribunal Constitucional ha dejado claro que esas circunstancias pueden explicar la demora, pero no trasladar sus consecuencias al ciudadano”.
Mayllo recuerda, en este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 125/2022, de 10 de octubre, que estimó un recurso de amparo por vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución: “La doctrina constitucional obliga a valorar las circunstancias de cada procedimiento, pero establece un principio esencial: los problemas estructurales de la Administración de Justicia no convierten por sí mismos en razonable una espera excesiva. Corresponde a los poderes públicos dotar al sistema de los recursos necesarios para que los tribunales puedan responder dentro de plazos compatibles con el derecho fundamental a la tutela judicial”, explica el Diputado del ICAM.
El retraso no se concentra únicamente en la fecha del juicio
La situación detectada por la abogacía madrileña afecta a distintas etapas del itinerario procesal. Existen procedimientos cuya tramitación inicial permanece pendiente durante meses; asuntos prioritarios cuya vista se fija con años de demora; reprogramaciones que prolongan todavía más la espera; retrasos después de celebrada la vista; dificultades en la preparación y remisión de recursos de suplicación; y ejecuciones cuya duración aplaza la efectividad práctica de derechos que ya han sido reconocidos judicialmente.
A ello se añaden problemas de funcionamiento cotidiano que amplifican las consecuencias del atasco: jornadas con una elevada concentración de vistas, incidencias que obligan a reprogramar actuaciones y dificultades para compatibilizar la asistencia de los profesionales cuando coinciden procedimientos en diferentes órganos.
Mayllo señala además la existencia de procedimientos presentados en octubre y noviembre de 2025 que todavía no habían recibido decreto de admisión: “Estamos ante una situación que exige una actuación inmediata. No basta con administrar el retraso: necesitamos aumentar de forma efectiva la capacidad de respuesta de la jurisdicción”, afirma.
Especial preocupación por las incapacidades
El Diputado del ICAM pone especialmente el foco en los procedimientos de incapacidad permanente con vistas previstas para 2029 e incluso 2030: “Cuando la respuesta judicial se desplaza varios años desde la presentación de la demanda, puede llegar cuando la situación médica, laboral y económica del afectado ha cambiado por completo. En materias de esta naturaleza, el tiempo de respuesta forma parte de la propia efectividad de la tutela”.
Para el Colegio, este ejemplo evidencia que el problema supera con mucho las dificultades que las demoras generan para el ejercicio de la abogacía.
“La preocupación del Colegio trasciende el ámbito estrictamente profesional. Los retrasos afectan a personas despedidas, trabajadores que esperan el reconocimiento de una incapacidad o una prestación y familias cuya situación económica puede depender de una resolución judicial”, señala el Decano Eugenio Ribón.
La dimensión del atasco: los datos analizados por el ICAM
Lo que la abogacía encuentra cada día en los expedientes tiene una traducción estadística. Los datos del Consejo General del Poder Judicial, analizados por el ICAM, muestran una acumulación de asuntos que se ha acelerado con especial intensidad en los últimos años.
Los Juzgados de lo Social de la Comunidad de Madrid cerraron 2025 con 78.518 asuntos pendientes de resolución, el mayor volumen de la serie disponible desde 2006. La pendencia creció un 26,8% en un solo año y acumula un incremento del 55,9% desde 2023. Frente a 2019, último ejercicio anterior a la pandemia, el número de asuntos pendientes se ha más que duplicado: el aumento alcanza el 117,7%.
La comparación entre entrada y resolución de procedimientos permite entender por qué el atasco sigue creciendo. Los datos provisionales del CGPJ correspondientes a 2025 contabilizan 75.532 asuntos ingresados frente a 58.557 resueltos. Es decir, entraron cerca de 17.000 asuntos más de los que pudieron salir durante el ejercicio. La tasa de resolución se situó en 0,78.
La tasa de congestión alcanzó 2,30, la más elevada entre las principales jurisdicciones de los juzgados madrileños y superior a las registradas en primera instancia civil, lo contencioso-administrativo y la instrucción penal. Para el ICAM, estos indicadores permiten dimensionar el carácter estructural de unas dificultades cuya expresión concreta se encuentra después en los señalamientos, las sentencias, las ejecuciones y los recursos.
La experiencia concreta de Juan Manuel Mayllo, como abogado, ilustra la situación real: “de mi práctica profesional en esa jurisdicción se desprende que actualmente la mayoría de los procedimientos tienen fijado el juicio para más de 18 meses desde la presentación de la demanda, llegando en algunos casos a señalar el juicio para tres años después de la presentación de la demanda”, explica el Diputado del ICAM.
Refuerzos con capacidad real de respuesta
El ICAM considera imprescindible aumentar los recursos humanos disponibles, pero advierte de que la solución no depende únicamente del número de efectivos.
El Colegio, que ha presentado una batería de 19 medidas, reclama que los refuerzos judiciales y de las oficinas se diseñen, asignen y coordinen de forma que incrementen realmente la capacidad de tramitación y resolución, evitando que problemas de planificación reduzcan su eficacia.
Entre las propuestas que plantea el ICAM figuran la estabilización y cobertura de plantillas, la creación o refuerzo de órganos allí donde las cargas de trabajo lo hagan necesario, la mejora de la organización interna, herramientas tecnológicas eficaces, actuaciones específicas sobre ejecución y recursos y una planificación más eficiente de las agendas judiciales.
La amplitud del problema explica que el Colegio sitúe la coordinación institucional en el centro de su propuesta. Las competencias están repartidas entre diferentes instituciones: determinadas soluciones corresponden a la Comunidad de Madrid; otras, al Ministerio de Justicia; las plazas judiciales y determinadas medidas de refuerzo afectan a los órganos de gobierno judicial; y otras mejoras dependen de la organización del Tribunal de Instancia y de su Sección de lo Social.
Por ello, la reunión propuesta por el ICAM tendría como finalidad no solo acordar actuaciones, sino también establecer objetivos concretos, calendarios e indicadores públicos que permitan conocer si las medidas adoptadas están reduciendo efectivamente los tiempos de respuesta y la acumulación de procedimientos.
SOS SOCIAL: sensibilización y recogida de firmas
Junto a las actuaciones institucionales, el ICAM pondrá en marcha una campaña de sensibilización bajo el lema “SOS SOCIAL” para trasladar a la opinión pública las consecuencias que las demoras de esta jurisdicción tienen sobre ciudadanos, empresas y profesionales.
La campaña dará visibilidad a situaciones reales —con las debidas garantías de confidencialidad—, con casos de señalamientos hasta 2030, y estará acompañada de una recogida de firmas entre la abogacía a través de la web del Colegio, destinada a respaldar la petición de medidas extraordinarias y sostenidas que permitan recuperar tiempos de respuesta compatibles con la función esencial de esta jurisdicción.
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