El Diputado del ICAM responsable del Turno de Oficio, Juan Manuel Mayllo, ha denunciado en el periódico digital Infobae la saturación de los Juzgados de lo Social de Madrid y sus consecuencias para los profesionales. El reportaje aborda cómo los retrasos judiciales prolongan también la espera para percibir las compensaciones del Turno de Oficio.
«No creo que haya ningún abogado laboralista en Madrid que no se vea afectado por esta situación», afirma Mayllo. El Diputado explica que tiene procedimientos con juicios previstos para finales de 2029 y demandas presentadas entre octubre y diciembre de 2025 todavía pendientes del decreto de admisión.
Entre las causas, señala las vacantes de magistrados y letrados de la Administración de Justicia y la sobrecarga que las sustituciones trasladan a otros órganos. También advierte de las dificultades organizativas derivadas de la implantación de la Ley Orgánica 1/2025.
Una reivindicación que el ICAM mantiene abierta
Estas declaraciones dan continuidad a la campaña institucional impulsada por el ICAM en septiembre para reclamar soluciones al colapso. El Decano, Eugenio Ribón, se dirigió a los responsables institucionales y judiciales para promover una reunión entre el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid, el CGPJ, el TSJ de Madrid y el Colegio. Además, el ICAM registró una queja formal ante el Defensor del Pueblo.
El Colegio ha presentado 19 medidas que incluyen la cobertura y estabilización de plantillas, refuerzos judiciales y de las oficinas, mejoras organizativas y tecnológicas y actuaciones sobre ejecuciones y recursos. La propuesta incorpora objetivos, calendarios e indicadores públicos para comprobar su eficacia.
SOS SOCIAL: sumar apoyos para exigir soluciones
Bajo el lema «Justicia retrasada, Justicia denegada», la campaña SOS SOCIAL visibiliza las consecuencias de estas demoras sobre quienes esperan una respuesta en asuntos de despido, incapacidad, prestaciones o reclamaciones salariales.
La iniciativa cuenta con una recogida de firmas para respaldar la exigencia de medidas urgentes. La abogacía puede adherirse y compartir los materiales de la campaña para mantener esta reclamación en la agenda pública.
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