El Colegio denuncia que la decisión del Ministerio agravará el colapso de los juzgados especializados en cláusulas abusivas, con más de 40.000 asuntos pendientes y una capacidad media de resolución de apenas 1.500 casos al año.
El Colegio advierte, además, de que los retrasos derivados del mal funcionamiento de la Administración de Justicia pueden ocasionar daños concretos e individualizados, dando lugar a responsabilidad patrimonial del Estado.
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha trasladado hoy al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes su firme rechazo ante la decisión del de no renovar las medidas de refuerzo en órganos judiciales especializados en condiciones generales de la contratación, una decisión que amenaza con agravar de forma crítica la situación de miles de ciudadanos afectados por litigios hipotecarios y bancarios.
Los datos evidencian la gravedad del escenario. En la Audiencia Provincial de Madrid, las secciones civiles y mercantiles acumulan 41.061 recursos pendientes, de los que una parte muy relevante corresponde a litigios de ciudadanos y condiciones generales de la contratación. Si se toma como referencia una capacidad media de resolución en torno a 1.500 recursos anuales, la respuesta en segunda instancia puede proyectarse a horizontes cercanos a los 30 años. Es decir, miles de consumidores podrían ver cómo su pleito queda pendiente de apelación durante décadas.
La situación en los juzgados especializados tampoco permite margen alguno de complacencia. En primera instancia se están admitiendo a trámite demandas presentadas en 2020, lo que significa que muchos ciudadanos esperan años únicamente para que su reclamación inicie formalmente su recorrido judicial. La retirada de refuerzos no corregirá este retraso: lo agravará.
“Una Justicia que llega 20 o 30 años tarde no es Justicia. Es una denegación práctica de tutela judicial efectiva”, advierte Eugenio Ribón, Decano del ICAM, en su escrito.
En juego la vida de las familias
El impacto afecta directamente a procedimientos de enorme trascendencia económica y social: hipotecas multidivisa, cláusulas suelo, gastos hipotecarios, vencimiento anticipado, intereses abusivos y otras condiciones generales de la contratación incluidas en contratos celebrados con consumidores.
No son litigios menores. En los procedimientos de hipoteca multidivisa, las cantidades discutidas pueden alcanzar los 60.000 euros, con consumidores que se enfrentan a riesgos patrimoniales severos e incluso a la pérdida de su vivienda habitual. En los asuntos de gastos hipotecarios, las reclamaciones pueden rondar los 2.000 euros, una cuantía que, aunque menor en términos absolutos, resulta relevante para miles de familias y se multiplica por el volumen masivo de procedimientos.
La decisión ministerial afecta, además, a 62 órganos judiciales en toda España, según ha advertido el Consejo General del Poder Judicial, que ha solicitado al Ministerio que reconsidere la denegación de la autorización económica de las medidas de refuerzo. El propio CGPJ ha alertado de que esta situación puede obligar a paralizar o suspender actuaciones jurisdiccionales necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
En Madrid, la Junta de Presidentes de las Secciones Civiles y Mercantiles de la Audiencia Provincial ha advertido de que la finalización de estos refuerzos afectará directamente a 13 secciones y provocará una ralentización de la actividad judicial, con incrementos de más de cuatro años sobre los tiempos de respuesta actuales. También ha señalado que la litigiosidad civil soportada por la Audiencia multiplica por 4,5 el módulo de entrada establecido por el Consejo General del Poder Judicial.
Para el ICAM, estos datos describen una situación incompatible con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española. Este derecho no se agota en la posibilidad formal de presentar una demanda: exige una respuesta judicial real, útil y dentro de un plazo razonable.
Cuando un ciudadano ve cómo su demanda tarda años en ser admitida a trámite y cómo una eventual apelación puede quedar atrapada durante décadas, la tutela judicial efectiva se vacía de contenido. La Justicia tardía deja de cumplir su función reparadora y se convierte en una carga adicional para quien ya ha sufrido una posible práctica abusiva.
Responsabilidad patrimonial
El Colegio advierte, además, de que estos retrasos pueden generar daños económicos concretos e individualizados. La demora judicial puede mermar la capacidad financiera de los afectados, prolongar situaciones de endeudamiento, impedir la recuperación de cantidades indebidamente abonadas y agravar la incertidumbre patrimonial de miles de familias.
En este contexto, el ICAM recuerda que el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia puede dar lugar a responsabilidad patrimonial de la Administración, reclamable cuando se produzcan daños efectivos, evaluables e individualizados.
Apoyo del ICAM a la Audiencia Provincial de Madrid
La alarma por esta decisión es compartida por el conjunto de los operadores jurídicos. El CGPJ ha reclamado la reconsideración de la retirada de refuerzos en 62 órganos judiciales; las asociaciones judiciales APM, AJFV y FJI han denunciado una pendencia “sencillamente insoportable” en los órganos especializados; y la Junta de Presidentes de las Secciones Civiles y Mercantiles de la Audiencia Provincial de Madrid ha advertido de 41.061 recursos pendientes, afectación a 13 secciones y retrasos superiores a cuatro años.
El ICAM ha trasladado, además, su apoyo expreso a la Audiencia Provincial de Madrid ante el contenido de su comunicado y comparte la gravedad de una situación que compromete la tutela judicial efectiva de miles de ciudadanos.
Por todo ello, el Colegio exige al Ministerio una rectificación inmediata, el mantenimiento de las medidas de refuerzo y la aprobación de un plan urgente, estructural y suficientemente dotado para reducir la pendencia, evitar nuevas demoras y garantizar que los ciudadanos obtengan una respuesta judicial en plazos compatibles con un Estado de Derecho.
La protección de los ciudadanos, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva no pueden quedar subordinadas a criterios presupuestarios. Los datos son concluyentes: sin refuerzos, habrá más retrasos, apelaciones que pueden demorarse cerca de 30 años, más perjuicios para la ciudadanía y un mayor deterioro del servicio público de Justicia.