Turno de Oficio ICAM crece un 10 % en el primer semestre de 2026

Las designaciones de abogado aumentan un 8 % respecto al mismo periodo del año anterior y las asistencias letradas de guardia avanzan un 10,7 %, mientras el número de profesionales adscritos al servicio se reduce un 2,4 %.

Los datos se han dado a conocer en el acto institucional del ICAM por el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, que este año coincide con el 30 aniversario de la Ley 1/1996.

En reconocimiento a su labor desde el Ministerio de Justicia para impulsar esta norma, el ICAM ha entregado la Encomienda de la Hermandad a Juan Alberto Belloch.

Treinta años después de la entrada en vigor de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la demanda del servicio continúa creciendo en Madrid. Durante el primer semestre de 2026, el Colegio de la Abogacía de Madrid tramitó 79.328 solicitudes de justicia gratuita, un 10,4 % más que en el mismo periodo del año anterior, y efectuó 87.513 designaciones de abogado/a de Oficio, con un incremento interanual del 8,1 %.

El crecimiento se produce, además, mientras disminuye el número de profesionales encargados de prestar el servicio: a 30 de junio había 4.649 abogados y abogadas adscritos al Turno de Oficio, un 2,4 % menos que un año antes.

Los datos han sido presentados este viernes durante el acto institucional celebrado por el Colegio de la Abogacía de Madrid con motivo del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, que este año ha servido para conmemorar el 30 aniversario de la Ley 1/1996. Precisamente, en reconocimiento a su labor como ministro de Justicia durante la tramitación y aprobación de esta norma, durante el evento el ICAM ha entregado la Encomienda de la Hermandad a Juan Alberto Belloch.

Más de 65.000 asistencias letradas en seis meses

El aumento de actividad en el ámbito de la justicia gratuita se extiende a los principales indicadores del Turno de Oficio. Entre enero y junio se realizaron 65.167 asistencias letradas en funciones de guardia, frente a las 58.850 registradas en el mismo periodo de 2025, lo que supone una subida del 10,7 %. También aumentó un 5,3 % el número de guardias, hasta alcanzar las 19.483.

Las mayores subidas se produjeron en las asistencias de Extranjería, que crecieron un 34,1 %, hasta las 5.104; rechazos en frontera, con un incremento del 25,4 %; y violencia de género, que avanzó un 14 %. Las asistencias correspondientes a procedimientos abreviados, que concentran el mayor volumen, aumentaron un 8,3 %, hasta las 41.626.

Por materias, la jurisdicción penal volvió a representar el principal ámbito de actividad, con 42.550 solicitudes de justicia gratuita, un 11 % más, y 50.423 designaciones, un 7,5 % por encima del primer semestre de 2025. El crecimiento más intenso entre las áreas de mayor volumen se registró en el orden contencioso-administrativo, donde las solicitudes aumentaron un 41,2 % y las designaciones un 30,5 %.

“Ninguna ley, por importante que sea, se cumple sola”

Para el decano del ICAM, Eugenio Ribón, los datos del primer semestre constituyen la expresión más reciente de una realidad construida a lo largo de tres décadas: la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita proporcionó el marco jurídico, pero han sido los profesionales del Turno de Oficio quienes han hecho efectivo cada día el derecho constitucional de defensa.

“Ninguna ley, por importante que sea, se cumple sola”, señaló Ribón, que reivindicó la labor de los abogados y abogadas que intervienen en guardias, asistencias a detenidos, procedimientos judiciales y situaciones de especial urgencia o vulnerabilidad. “Cuando un abogado o una abogada del Turno de Oficio interviene, no solo está defendiendo a una persona concreta. Está defendiendo la igualdad ante la ley. Está defendiendo la dignidad de la justicia. Está defendiendo la propia Constitución”, afirmó.

El balance acumulado desde 1996 permite dimensionar esa aportación. El informe elaborado por el ICAM con motivo del aniversario ha reconstruido por primera vez la evolución completa del servicio, que suma cerca de cuatro millones de solicitudes de justicia gratuita, más de 3,47 millones de designaciones de letrado y más de 2,55 millones de asistencias al detenido.

Sin embargo, el aumento de la actividad y la reducción del censo de profesionales muestran también la presión creciente que soporta el sistema. Ribón reclamó que la conmemoración de los treinta años de la ley no se limite a reconocer el camino recorrido, sino que sirva para abordar su futuro.

“La justicia gratuita no debe entenderse como una responsabilidad que recaiga únicamente en la dedicación personal de los abogados y abogadas que la prestan, ni en el esfuerzo económico y organizativo de los Colegios”, sostuvo el decano, que recordó que se trata de un derecho de la ciudadanía y de un servicio público esencial, por lo que debe contar con una financiación “adecuada, estable y proporcional” a su relevancia constitucional.

En este contexto, Ribón reiteró el compromiso del ICAM de reclamar una reforma ambiciosa y realista del modelo. “La vocación es imprescindible, pero no puede sustituir a la financiación”, advirtió. “Treinta años después, la sociedad ha cambiado. Las necesidades jurídicas han cambiado. La complejidad de los procedimientos ha cambiado. Las exigencias profesionales han cambiado. La ley también debe cambiar para estar a la altura de la ciudadanía y de quienes la sirven desde el Turno de Oficio”.

Un reconocimiento al impulso de la Ley de 1996

El recorrido por los treinta años de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita culminó con la entrega de la Encomienda de la Hermandad ICAM a Juan Alberto Belloch, ministro de Justicia durante la etapa en la que se impulsó y aprobó la norma, quien reivindicó el carácter colectivo de aquella reforma, defendió la plena vigencia de sus fundamentos constitucionales y se mostró partidario de actualizarla para responder a los profundos cambios experimentados por la sociedad y el sistema de justicia desde 1996.

En la laudatio, el decano destacó que la Ley 1/1996 transformó el principio de igualdad ante la justicia en un sistema público organizado, dotado de procedimientos, requisitos y un reconocimiento formal del derecho. Su objetivo era tan elemental como decisivo: evitar que una persona pudiera quedar fuera de los tribunales por no disponer de recursos para pagar su defensa.

“La justicia gratuita no era una concesión caritativa, sino la garantía práctica de un derecho constitucional: el acceso a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad”, señaló Ribón. Bajo el impulso político del Ministerio dirigido por Belloch, añadió, se trató de “convertir el viejo ideal de igualdad ante la ley en una realidad cotidiana para quienes carecían de recursos”.

En sus palabras de agradecimiento, el exministro compartió el reconocimiento con los responsables de los colegios de la abogacía, los juristas, los equipos ministeriales y los representantes parlamentarios que promovieron y desarrollaron la reforma. Belloch recordó que el proceso había comenzado antes de su llegada al Ministerio y mencionó, entre otros, el trabajo de Tomás de la Quadra, Fernando Pastor, Joaquín de Fuentes, José María Collado, Miguel Cid, Fernando Escribano y Carlos Carnicer, así como el respaldo de los distintos grupos parlamentarios.

Belloch situó la trascendencia de la norma más allá de la organización de una prestación pública. “La justicia gratuita no implica solo organizar un servicio al ciudadano que carece de recursos económicos suficientes para litigar. Está en la esencia de los principios constitucionales”, afirmó. En este sentido, la vinculó con el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, la igualdad de armas en el proceso y la dignidad y libertad de los profesionales encargados de ejercer la defensa.

Al abordar el futuro del sistema, el exministro defendió una revisión de la norma que preserve los fundamentos sobre los que fue construida. “Ninguna ley debe ser inmutable”, señaló, antes de añadir: “El sistema que se introdujo en 1996 creo sinceramente que sigue siendo válido en sus principios esenciales”.

Belloch consideró, no obstante, que las transformaciones acumuladas durante estas tres décadas hacen necesaria su actualización. “Pero es cierto que en 2026 ni la sociedad, ni los medios tecnológicos, ni los conflictos, ni los procedimientos, ni los jueces, ni los abogados o fiscales son lo mismo. Y por eso estoy plenamente de acuerdo en la revisión de la ley”, sostuvo.

El reto, concluyó, pasa por preservar la finalidad que dio origen al sistema: “Garantizar que los ciudadanos tengan una abogacía de calidad con independencia de sus posibilidades económicas, garantizar que el servicio funcione, garantizar la dignidad, seguridad y retribución de los abogados y el derecho de libre elección”.

Una ley que necesita actualización

Tras la entrega de la distinción, se celebró una mesa redonda sobre el balance y los retos de futuro de la justicia gratuita, con la participación de Juan Manuel Mayllo, diputado 9.º de la Junta de Gobierno del ICAM y responsable del Turno de Oficio; Carmen Martín García-Matos, viceconsejera de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid; y Adrián Gómez Linacero, letrado de la Administración de Justicia y presidente territorial de PROLAJ en Madrid. El coloquio estuvo moderado por Carlos Berbell, director de Confilegal.

En su intervención, Mayllo recordó que la norma de 1996 permitió fijar las condiciones de acceso al derecho, incorporar la asistencia jurídica gratuita entre sus prestaciones y exigir la especialización de los profesionales, garantizando así una defensa de la misma calidad con independencia de los recursos económicos del ciudadano. Tres décadas después, comparó el sistema con una vivienda valiosa que conserva intactos sus cimientos, pero que necesita una reforma profunda y una inversión suficiente para adaptarse a las nuevas necesidades. Mayllo mostró además su preocupación por la falta de información sobre la futura reforma legislativa y reclamó una mayor participación de la abogacía en su elaboración.

Entre los desafíos para el futuro, el responsable colegial señaló el progresivo descenso de jóvenes que se incorporan al Turno de Oficio, relacionado tanto con la transformación de las formas de ejercicio profesional como con las condiciones económicas y de trabajo del servicio. Ante la posibilidad de rebajar el periodo previo de ejercicio exigido para acceder al Turno, el ICAM ha planteado que los nuevos profesionales cuenten durante sus primeros meses con el acompañamiento de abogados de mayor experiencia, especialmente para familiarizarse con el funcionamiento práctico del sistema.

Por su parte, Adrián Gómez Linacero realizó un balance positivo de una ley que definió como fruto del consenso y dotada de un profundo contenido social y ético. Aunque reconoció la existencia de aspectos que deben mejorarse, destacó su capacidad de adaptación y su contribución a evitar que las desigualdades económicas condicionen el acceso a los tribunales. Durante su intervención citó los datos de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, según los cuales España se sitúa entre los países con mayor número de actuaciones de asistencia jurídica gratuita por cada 100.000 habitantes.

La representante de la Comunidad de Madrid, Carmen Martín García-Matos, situó la financiación destinada a la justicia gratuita en 63,5 millones de euros en 2025 y en 66 millones en 2026, con una previsión de alcanzar los 67 millones en 2027. Junto al esfuerzo presupuestario, subrayó la importancia de actuar sobre otros factores que condicionan la prestación del servicio, como las infraestructuras judiciales, la digitalización, la reducción de cargas burocráticas y la seguridad jurídica. También destacó el acuerdo plurianual alcanzado con los colegios profesionales para ofrecer certidumbre sobre la actualización progresiva de los baremos.