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La segunda mesa redonda de la VIII Cumbre de Mujeres Juristas, “La mujer en situaciones de conflictos armados”, ha tenido lugar a las 15:45 horas con la presentación de la moderadora de la mesa, Margarita Cerro, decana del Colegio de Abogados de Talavera de la Reina, quien ha puesto de manifiesto cómo las mujeres son las principales víctimas de las guerras.
Margarita Cerro ha dado paso a la ponencia de la embajadora en Misión Especial para la Igualdad de Género en la política exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Clara Cabrera, que ha puesto sobre la mesa el papel de España en la consecución de la igualdad de género como herramienta para conseguir la paz internacional. Cabrera se ha centrado en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exige que se respeten los derechos de las mujeres y su participación en las negociaciones de paz de los conflicto armados, y ha recordado que, 20 años después de dicha resolución, “solo el 6% de las mediadoras en procesos de paz y de los firmantes en acuerdos de paz son mujeres y solo el 18% de las negociadoras de paz son mujeres”.
Cabrera también ha explicado durante su intervención cómo se trabaja desde la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, que basa su labor en un Plan Nacional de Acción que contempla objetivos estratégicos, acciones e indicadores que deben ser medidos centrándose siempre en tres pilares: “prevención, protección y participación” y ha recalcado la necesidad de “seguir reforzando nuestros compromisos para que las mujeres puedan acceder a todos los ámbitos de la sociedad en igualdad de condiciones”.
A continuación, Patrick Cammaert, comandante de la fuerza de las Naciones Unidas, ha intervenido con una ponencia telemática subrayando la importancia de lograr la igualdad de género en las misiones. En la misma línea que Clara Cabrera, y basándose en su experiencia sobre el terreno, el comandante ha puesto en evidencia la necesidad de “aumentar el número de mujeres que participan en tareas de fortalecimiento de la paz” ya que “mejora la confianza de las sociedades en conflicto” y “aumenta la probabilidad de que los procesos de paz acaben en éxito y de que la paz sea sostenible a largo plazo”, ha explicado.
Por su parte, la comandante de la División de Igualdad y Apoyo Social al Personal de la Secretaría Permanente de Igualdad del Ministerio de Defensa, Maria Dácil Casenave, ha querido transmitir la importancia que tiene para las Fuerzas Armadas la integración de la perspectiva de género en las operaciones militares, una cuestión que consideran “de eficacia operativa”. Así, Dácil ha hablado del estudio de la dimensión civil que los militares llevan a cabo antes de desplegarse en una zona en conflicto, siendo especialmente relevante el estudio de la situación de la mujer en esa zona ya que “suele ser el colectivo más vulnerable” porque “se ha orquestado como un arma de guerra, como un objetivo perfectamente definido que busca perpetuar la huella del conflicto para dificultar y, en algunos casos, hacer incluso irrecuperable la situación de una sociedad”.
La presidenta de la Comisión de Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos del ICAB, Erika Torregrossa, ha puesto el foco en el papel de la mujer en el Derecho Internacional Humanitario. Durante su intervención, Torregrossa ha hecho referencia también a la situación de la mujer como participante de las hostilidades (mencionando los casos de mujeres combatientes, terroristas y niñas soldado) y como miembro de la población civil (haciendo especial hincapié en la violencia sexual que se ejerce sobre ellas en conflictos armados y en el papel de las mujeres desplazadas como cabezas de familia involuntarias).
Para finalizar, la fiscal jefa de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, ha culminado la segunda mesa de forma telemática con una conferencia en la que ha resaltado la responsabilidad del Derecho para luchar contra crímenes de guerra como la violación masiva de mujeres de poblaciones enemigas que se vivió en Ruanda. Tal y como ha recordado Bensouda, para su Fiscalía “es una prioridad acabar con estos delitos contra las mujeres” e “integrarlas en todos los sectores” para terminar con la desigualdad.