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La primera mesa redonda de la VIII Cumbre de Mujeres Juristas ha arrancado a las 11:45 horas analizando el tema “Trata de mujeres y niñas”, una cuestión, según ha indicado la moderadora de la mesa y vicedecana del ICAM, Begoña Castro, que en el Colegio de Abogados de Madrid se viene trabajado desde hace ya cinco años, cuando se puso en funcionamiento el Turno de Oficio de Protección a víctimas de trata de seres humanos.
Este turno vino acompañado por “una especialización previa de los abogados” que conseguimos “dándoles formación específica y sensibilización” en la materia, para que la asistencia a las víctimas de trata pudiera prestarse con calidad.
En calidad de modera, Begoña Castro ha dado paso a una mesa redonda conformada por la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Mª Eugenia Gay; por la magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, Tania García; por la profesora de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Laura Pozuelo; y por la profesora de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, Margarita Valle Mariscal.
Durante su intervención, la decana del ICAB Mª Eugenia Gay, ha instado a la “cooperación de todos los Estados para poner fin a este execrable delito que es la trata” y ha incidido en el papel crucial de la “formación de su colectivo” en perspectiva de género para poder asistir mejor a las víctimas: “Hay que formar a los compañeros que van a atender a las víctimas de trata y coordinar el asesoramiento hasta lograr un entorno normativo y seguro”, ha afirmado.
Tras hacerse eco del drama que existe tras las víctimas, “personas vulnerables por sus circunstancias físicas y económicas” que, en muchas ocasiones “llegan a pensar que su vida no les pertenece sino que tienen un dueño”, Mª Eugenia ha reivindicado la necesidad de lograr “una Ley que ahonde en protección y acompañamiento de las víctimas para una atención integral”.
La profesora de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Laura Pozuelo, ha centrado su exposición en la especial desprotección que tienen las personas que son obligadas a ejercer la prostitución de forma forzada, y ha lamentado la escasa aplicación de la regla concursal que contempla que los agresores puedan ser acusados de delitos de abuso o agresión contra la persona prostituida independientemente del delito de prostitución ya contemplado en los artículos 187 y 188.
Por su parte, la profesora de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, Margarita Valle Mariscal, se ha centrado en una forma de explotación “más desconocida pero no por ello inexistente”: la explotación para cometer delitos. Valle ha hecho referencia a este delito, que tiene una “alta tasa de cifra oculta”, y ha incidido en el problema “de revictimización ulterior” en función del tratamiento que nuestro propio Sistema les pueda ofrecer.
Para finalizar, la magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, Tania García, se ha referido a los desafíos más relevantes que este fenómeno nos plantea “como juristas y ciudadanos” y ha reclamado que la aproximación hacia estas mujeres y niñas “no sea desde la compasión sino que transite hacia un modelo que ponga en valor su dignidad y su experiencia”.