- • El encuentro ha servido para compartir propuestas y coordinar el seguimiento de la situación que atraviesa la jurisdicción social madrileña
El Decano del ICAM Eugenio Ribón y el Diputado responsable del Turno de Oficio, Juan Manuel Mayllo, ha mantenido este viernes una reunión con colegiados y colegiadas que ejercen habitualmente ante la jurisdicción social, con el objetivo de abordar posibles líneas de actuación y establecer mecanismos de seguimiento ante la grave situación que atraviesan los Juzgados de lo Social de Madrid.
En el encuentro participaron Pilar Cascón Ansótegui, por ASNALA; Pedro Feced Martínez y Alejandro del Río Correas, por ALA; y los laboralistas no asociados Belén Rodríguez Ibáñez y Teresa Aguirre.
La reunión da continuidad a las actuaciones que el ICAM viene desarrollando para trasladar a las instituciones competentes las dificultades que afrontan tanto la abogacía como los ciudadanos como consecuencia de las elevadas cargas de trabajo, los retrasos en los señalamientos y la insuficiencia de medios en esta jurisdicción.
La situación resulta especialmente sensible por la naturaleza de los derechos afectados. Procedimientos relacionados con despidos, incapacidades permanentes, prestaciones de Seguridad Social o derechos laborales básicos pueden perder buena parte de su eficacia cuando la respuesta judicial se demora durante años. En este contexto, el ICAM viene reclamando que los tiempos de respuesta sean compatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva.
Una situación que exige medidas estructurales
El encuentro se produce en el marco de “SOS Social”, iniciativa que pone el foco en el deterioro de los tiempos de respuesta de la jurisdicción social madrileña. Según los datos recogidos en el manifiesto impulsado por el ICAM, los Juzgados de lo Social de la Comunidad de Madrid cerraron 2025 con 78.518 asuntos pendientes, el mayor volumen de la serie disponible desde 2006. La pendencia aumentó un 26,8 % en un año y un 55,9 % desde 2023.
Ante esta realidad, el Manifiesto SOS Social reclama a los poderes públicos, al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia, a la Comunidad de Madrid y al resto de instituciones competentes la adopción coordinada de medidas extraordinarias, suficientes, evaluables y sostenidas en el tiempo. Entre ellas se encuentran un plan extraordinario de refuerzo.
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