El ICAM estrecha la colaboración con el Colegio de Graduados Sociales frente al colapso de los Juzgados de lo Social

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, mantuvo ayer, 27 de octubre, una reunión con Teresa Silleras Martínez, del Colegio Profesional de Graduados Sociales, para abordar el colapso de los Juzgados de lo Social de Madrid y sus consecuencias para los profesionales y los ciudadanos.

Durante el encuentro se trató la situación que afrontan tanto la abogacía como los graduados sociales ante los retrasos de esta jurisdicción. La acumulación de asuntos y las dilaciones en la tramitación de los procedimientos dificultan el trabajo de ambas profesiones y prolongan la espera de quienes necesitan una respuesta judicial.

Además, se abordó la posibilidad de unir esfuerzos para recoger las incidencias que afectan a los colegiados de ambas corporaciones. Esta vía de colaboración permitiría conocer con mayor detalle los problemas que encuentran en su actividad diaria y disponer de información que contribuya a trasladar las dificultades detectadas a las instituciones competentes.

El ICAM estrecha la colaboración con el Colegio de Graduados Sociales frente al colapso de los Juzgados de lo Social

SOS SOCIAL: sumar esfuerzos frente al colapso

La reunión se enmarca en la ronda de contactos que el ICAM está manteniendo con profesionales, asociaciones, despachos y colegios profesionales dentro de la campaña «SOS SOCIAL. Justicia retrasada, Justicia denegada».

Con estos encuentros, el Colegio busca escuchar a los colectivos afectados, dar visibilidad a las consecuencias de las dilaciones judiciales y sumar esfuerzos para reclamar soluciones.

El manifiesto de SOS SOCIAL recoge 19 medidas concretas frente al colapso, entre ellas un plan extraordinario de reducción de los asuntos pendientes, la creación de nuevos órganos y plazas judiciales, el refuerzo de las plantillas y la mejora de los medios materiales, tecnológicos y organizativos.

El ICAM continuará impulsando esta interlocución para defender el ejercicio profesional y el derecho de los ciudadanos a obtener una respuesta judicial en un plazo razonable.

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