- • Las conclusiones del II Congreso de Extranjería reclaman reforzar la interlocución estable con la Administración, reactivar el convenio con la Abogacía y mejorar la interoperabilidad entre los organismos que intervienen en los procedimientos.
- • El Colegio de Madrid propone que la cita para la toma de huellas quede vinculada automáticamente a la resolución favorable y pide anticipar desde ahora las modificaciones y prórrogas derivadas de la regularización que comenzarán en 2027.
- • Emilio Ramírez: “La eficacia administrativa y la garantía de los derechos no son objetivos contrapuestos. Ahora corresponde convertir el diálogo en mejoras concretas”.
Criterios homogéneos, públicos y previsibles; una relación estable y bidireccional entre la Administración y la Abogacía; mayor coordinación entre los distintos organismos; automatización de las citas para la toma de huellas y una digitalización que no sacrifique accesibilidad ni garantías. Son algunas de las prioridades con las que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha clausurado este viernes su II Congreso de Extranjería, después de tres jornadas dedicadas a analizar los principales cambios jurídicos y administrativos que están transformando esta materia.
Las conclusiones del encuentro trazan una hoja de ruta que combina la mejora de la gestión con el refuerzo de la seguridad jurídica y sitúa la interlocución con la abogacía como una herramienta para detectar problemas de aplicación y plantear soluciones. “La eficacia administrativa y la garantía de los derechos no son objetivos contrapuestos”, ha señalado Emilio Ramírez, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM responsable de Extranjería. “Una Administración ágil, coordinada y capaz de ofrecer respuestas previsibles proporciona seguridad jurídica tanto a las personas extranjeras como a los profesionales que las asisten y a los propios órganos administrativos”.
Ramírez ha reivindicado en este sentido el papel del Colegio como interlocutor con las instituciones: “Desde el ICAM queremos seguir siendo un interlocutor leal con las Administraciones, pero también firme en la defensa de los derechos”. Tras tres días de debate con representantes de la Administración, la judicatura, la abogacía y organizaciones especializadas, el responsable colegial ha resumido el objetivo de la siguiente etapa: “Ahora corresponde convertir ese diálogo en mejoras concretas”.
Criterios homogéneos y una interlocución permanente
Una de las principales conclusiones del Congreso es la necesidad de evitar que una misma situación reciba respuestas diferentes dependiendo del territorio o del órgano que tramite el expediente. El ICAM plantea para ello criterios administrativos más homogéneos, públicos y previsibles, especialmente ante cambios normativos o jurisprudenciales, y pide reforzar la coordinación entre las Oficinas de Extranjería y los servicios centrales.
El Colegio considera asimismo necesario consolidar canales permanentes, ágiles y bidireccionales entre la Administración y la Abogacía y dar un nuevo impulso al convenio suscrito entre la Administración General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española en 2020, junto con su adenda de modificación y prórroga de 2024.
El objetivo es que este marco se traduzca en una colaboración efectiva que facilite la presentación de expedientes correctamente revisados y permita trasladar con rapidez criterios de presentación y subsanación. La propuesta responde a una idea reiterada durante las jornadas: una mejor comunicación entre quienes resuelven los procedimientos y quienes asesoran diariamente a las personas interesadas puede contribuir a reducir errores, requerimientos innecesarios y diferencias de interpretación.
De la resolución favorable a la documentación
Entre los problemas prácticos abordados durante el Congreso, las dificultades para obtener cita para la toma de huellas aparecieron reiteradamente. “La obtención de una resolución favorable no debería conducir a un nuevo cuello de botella administrativo”, señalan las conclusiones.
El ICAM propone avanzar hacia un sistema en el que la cita quede asignada automáticamente y vinculada a la propia resolución favorable, de forma que la persona extranjera conozca desde ese momento cuándo podrá completar su documentación, evitando intermediaciones, incertidumbre y costes adicionales.
La propuesta encontró durante el Congreso una respuesta concreta por parte de la Administración. Pilar González Puente, directora general de la Administración General del Estado en el Territorio, explicó que se está trabajando con Policía y Migraciones para automatizar la asignación de estas citas, un sistema que todavía no está implantado de forma generalizada y que tampoco funciona actualmente en Madrid.
El problema de las citas ejemplifica, para el Colegio, otro de los grandes retos detectados: la interoperabilidad entre Administraciones. Un expediente puede implicar a Oficinas de Extranjería, Policía, consulados, Seguridad Social, servicios públicos de empleo y otros organismos. Cuando sus sistemas no intercambian correctamente la información, son el ciudadano y su abogado quienes pueden terminar asumiendo la carga de acreditar datos que ya se encuentran en poder de la propia Administración.
En esa misma línea, el ICAM se fija como objetivo establecer canales estables de información, gestión y consulta con los Registros Civiles, tanto con el Registro Civil Central como con los territoriales, en aquellas cuestiones que inciden directamente en la situación jurídica de las personas extranjeras.
Anticiparse a las renovaciones de 2027
La necesidad de anticipación ocupa otro lugar central en las conclusiones. El Colegio advierte de que el esfuerzo administrativo desplegado para tramitar la regularización extraordinaria no termina con la concesión de las autorizaciones: a partir de 2027 comenzarán sus modificaciones y prórrogas, y existen todavía cuestiones interpretativas que deben aclararse antes de que esos procedimientos empiecen a llegar a las Oficinas de Extranjería.
La dimensión del desafío quedó reflejada durante la primera jornada. González Puente estimó que las Oficinas de Extranjería pueden afrontar el próximo año “un millón o más de renovaciones” derivadas de la regularización y explicó que la Administración trabaja ya en la automatización interna y la simplificación de procesos para hacer frente a ese volumen.
Para el ICAM, la experiencia obliga a incorporar la anticipación como principio de gestión: no basta con preparar el procedimiento en el momento en que entra en vigor una reforma, sino que deben evaluarse también de antemano sus consecuencias posteriores, proporcionar criterios claros a profesionales y ciudadanos y dimensionar los recursos necesarios para evitar nuevos cuellos de botella.
Digitalización sí, pero con accesibilidad y garantías
La transformación digital fue otro de los asuntos transversales de las jornadas. Las conclusiones respaldan continuar avanzando en automatización y simplificación, pero reclaman una Administración digital más sencilla y eficiente y, al mismo tiempo, accesible, que mantenga alternativas cuando las circunstancias personales lo requieran.
Esa necesidad de combinar eficiencia y garantías se extiende también a las decisiones administrativas. La jurisprudencia del Tribunal Supremo analizada durante el Congreso puso el foco en la necesidad de evitar respuestas automáticas y valorar individualmente las circunstancias de cada caso, especialmente en materias relacionadas con antecedentes penales, situaciones familiares o la protección del interés superior del menor.
Los responsables administrativos participantes reconocieron durante las jornadas que una motivación insuficiente constituye un punto débil de las resoluciones y explicaron que están trabajando para reforzarla. Frente a la automatización de procedimientos, el ICAM reivindica así que las decisiones que lo requieran continúen incorporando el análisis individual de cada situación.
“Una resolución suficientemente motivada protege”, resumen las conclusiones.
La persona, principio y final del Congreso
El documento de clausura recupera finalmente la misma idea con la que comenzó el encuentro. “Este Congreso comenzó recordando que detrás de cada expediente hay una persona. Y queremos terminar con esa misma idea”, ha señalado Emilio Ramírez.
Para el responsable de Extranjería del ICAM, cuestiones aparentemente técnicas como la digitalización, las citas, la coordinación administrativa, la jurisprudencia, la regularización o el nuevo marco europeo solo adquieren pleno sentido cuando permiten ofrecer a las personas “una respuesta jurídicamente segura, eficaz y previsible”.
Con esta premisa, el Congreso cierra tres jornadas de trabajo situando la interlocución institucional, la anticipación, la seguridad jurídica y la mejora práctica de los procedimientos entre sus principales prioridades para una materia en constante cambio. “Estamos y seguiremos en transformación”, concluye Ramírez.