Dos mesas con cuestiones de alcance universal para la profesión de la abogacía: “La libertad de expresión del abogado” y “La abogacía y la pena de muerte”, han servido para cerrar los IX Encuentros en Madrid que se iniciaron el pasado jueves 27 en la sede del Colegio.
Libertad de expresión
Moderada por la diputada de la Junta de Gobierno, Maite Nadal, los cuatro ponentes coincidían en señalar la libertad de expresión como pilar de cualquier Estado de Derecho, y garante fundamental para que los abogados puedan realizar una efectiva defensa.
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El primero en intervenir, el abogado Fernando Aizpún, expuso ejemplos de casos reales en los que se podría considerar que el letrado se excedía en este derecho. Recordó que, en todo caso, el límite a la libertad de expresión está en el derecho al honor y la dignidad de los terceros, y en ese sentido se expresan tanto el art. 20 de nuestra Constitución, como el art. 10 del Convenio de Roma.
Dominique Attias, vicedecana del Colegio de Abogados de París, consideró que la libertad de expresión en el abogado es el “corolario de su independencia”, y citó la Ley sobre la libertad de la prensa francesa, que instaura, en su art 41, la inmunidad de la toga, aunque ésta entra en juego con la deontología de los abogados, que impone reglas de dignidad, cortesía y delicadeza. Es decir, que “el abogado no puede no respetar los principios esenciales de nuestra profesión”.
El tercero en intervenir, Hernán Colli, presidente del Colegio de Abogados de La Plata, parangonó el derecho a la libertad de expresión en los abogados y los comunicadores: su consagración garantiza que no exista censura. Explicó que así, sin ser un derecho absoluto, tiene unas consecuencias aligeradas, v. g. cuando las cuestiones expresadas tienen que ver con el interés público. Defendió además la colegiación como garante de la independencia de los abogados.
Por su parte, Caline Kamya, colegiada en Camerún, y miembro de la Comisión de Asuntos Europeos e Internacionales del Consejo Nacional de los Colegios de Abogados de Francia, puso el punto de inflexión en la “fragilización de las democracias occidentales”, considerando que “Francia demuestra hasta qué punto estos riesgos son importantes y reales”. Recordó que hay sitios donde los abogados se juegan la vida, y que las democracias jóvenes miran hacia occidente, y es nuestro deber dar ejemplo.
Por último, Alfonso Pérez-Cuéllar, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, destacó que la libertad de expresión “no es un derecho absoluto, impone obligaciones y tiene límites; el insulto a un colega, juez, o cualquier operador jurídico es inaceptable y debe ser sancionado”.
Pena de muerte
Se iniciaba la mesa con la presentación de Carmen Pérez Andújar, diputada y secretaria de la Junta de Gobierno.
Amy Armstrong, directora de Arizona Capital Representation Project ha explicado que, actualmente, 31 Estados de América mantienen la pena de muerte. Su aprobación en el momento de la Constitución hace que “hoy en día persista y no se considere contraria a ella”. Y es que en el funcionamiento de la ley en EEUU “nos enfocamos hacia los derechos del individuo concreto”.
La intervención de Carlos Escaño, responsable Pena de Muerte de Amnistía Internacional España, se ha centrado en desarmar el argumento de que la pena de muerte tiene un efecto disuasorio para la sociedad, añadiendo que “los jueces son humanos y también se equivocan”.
Para José Ramón Antón, presidente de la Sección de Derechos Humanos del Colegio, la condena a muerte es “una tortura psicológica” y se ha referido al papel de los Colegios en estas cuestiones tan sensibles en la medida que “justifican su existencia en el código deontológico, sancionando a quienes no actúan conforme es la única manera de garantizar el ejercicio independiente”.
Con la exposición de casos de condenas en lugares como China, “donde la pena de muerte puede ocultar razones más allá de las estrictamente legales”, Eric Chang, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Colegio de Abogados de Taiwán, ha hablado de que el hecho de que la opinión pública se muestre en contra de la pena de muerte es un indicativo de que debe abolirse aunque “incluso hay abogados que están a favor y ese es el frente en que debemos continuar trabajando”.
Por su parte, Carlos Andreucci, ex presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, ha manifestado que “hay principios de valores humanos a los que como sociedad no podemos renunciar, independientemente de si el país se ha adherido o no a la Convención de Derechos Humanos”.
Andreucci ha querido centrar el debate en si la pena de muerte resuelve problemas y ha afirmado que “basta un solo caso erróneo para abolirla”. Para concluir, ha citado a Alma Fuerte: “Todos los incurables tienen cura cinco segundos antes de la muerte”.