El Colegio lanza un estudio para conocer si el expediente judicial electrónico, las plataformas, los juicios telemáticos y la inteligencia artificial están agilizando la Justicia o generando nuevas barreras para el derecho de defensa.
La encuesta es anónima y servirá para exigir mejoras concretas a las administraciones a partir de la experiencia real de los profesionales.
¿Está la digitalización agilizando realmente la Justicia o está creando nuevos obstáculos para ejercer el derecho de defensa? El Colegio de la Abogacía de Madrid ha lanzado este lunes un sondeo dirigido a toda la abogacía madrileña para medir el impacto real de la Justicia Digital en el trabajo diario de los profesionales.
A través de un cuestionario anónimo, el ICAM recabará experiencias concretas sobre el funcionamiento de las herramientas digitales, su capacidad para acelerar los procedimientos y las incidencias que dificultan la relación con juzgados y tribunales. El objetivo es detectar tanto los avances como los fallos que pueden comprometer la seguridad jurídica, las garantías procesales y la calidad del servicio público de Justicia.
“La innovación solo es progreso si preserva intactas las garantías procesales y el derecho de defensa”, afirma el decano del ICAM, Eugenio Ribón, para explicar el objetivo de este estudio
El estudio examina algunos de los puntos más críticos de la transformación tecnológica: el acceso completo, ordenado y con la debida antelación al Expediente Judicial Electrónico; la localización de documentos y grabaciones; la estabilidad e interoperabilidad de las plataformas; y la rapidez de los mecanismos de atención cuando una incidencia técnica afecta a una actuación profesional.
El sondeo también preguntará por los juicios y actuaciones telemáticas, con especial atención a sus efectos sobre la inmediación judicial, la valoración de la prueba, la comunicación entre abogado y cliente y las garantías procesales. Otro de los grandes bloques estará dedicado al uso de la inteligencia artificial por jueces, fiscales, abogados y otros operadores jurídicos.
En materia de IA, el ICAM analizará la preocupación de la profesión ante posibles errores o sesgos, la falta de transparencia, el uso de información confidencial y la ausencia de una supervisión humana suficiente. La encuesta permitirá además conocer si los profesionales consideran necesario declarar el empleo de estas herramientas cuando puedan influir en el contenido jurídico o probatorio de un procedimiento.
Las respuestas permitirán establecer qué mejoras deben abordarse con mayor urgencia y qué papel debe desempeñar la abogacía en el diseño, la evaluación y la implantación de las herramientas digitales. Con los resultados, el Colegio elaborará propuestas fundadas para trasladarlas a las administraciones e instituciones competentes y reforzar la defensa de las garantías profesionales en el entorno digital.
“La participación de la abogacía será decisiva para obtener una radiografía fiel de la Justicia Digital y convertir la experiencia profesional en propuestas de mejora concretas”, concluye el Decano del ICAM invitando a una amplia participación
Antecedentes
El sondeo se enmarca en la línea de actuación que el ICAM viene desarrollando para proteger el ejercicio profesional ante la digitalización de la Justicia. En 2025, el Colegio publicó la guía “Garantías y derechos de la abogacía en la Justicia Digital”, un decálogo que reclama acceso pleno, igualitario y ordenado al expediente electrónico, seguridad y confidencialidad de la información, interoperabilidad de los sistemas y mecanismos rápidos de respuesta ante incidencias.