- La asistencia jurídica a las víctimas de trata debe hacerse de oficio por los Colegios de Abogados
Las mesas de trabajo de los X Encuentros en Madrid han concluido en la mañana de hoy abordando la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral desde la perspectiva italiana, mexicana y española como países de origen, tránsito y destino.
Moderada por la vicedecana, Begoña Castro, la mesa se ha iniciado con la intervención de José Nieto Barroso, jefe del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgo, que ha explicado cómo desde el Ministerio de Interior “estamos tratando de que la sociedad entienda y visualice que las víctimas de trata son víctimas producto de mafias y crimen organizado” porque “hay muchos actores en este delito”.
Para Nieto, la forma de perseguir la trata, teniendo en cuenta que es parte de una delincuencia itinerante, es desde la cooperación internacional que ha calificado de “imprescindible”.
La trata en países destino de migración
Para describir la realidad de este fenómeno en Italia que “es enorme”, la abogada especializada Grazia Cesaro, del Colegio de Abogados de Milán, lo ha explicado teniendo en cuenta que “somos un país destino preferido por los inmigrantes al que solo el año pasado llegaron unos 180.000”.
De estas cifras, el porcentaje de menores no acompañados que llega es del 12 o 14% del total y “cuando llegan a Italia declaran que son mayores de edad y, además, dicen que no han pagado nada por su viaje”, explica. Las mujeres proceden, fundamentalmente, de Nigeria y Siria, y tienen entre 13 y 24 años.
Para Cesaro, “la explotación sexual afecta a los menores que también son explotados laboralmente”. Y es que la trata es la tercera fuente de ingresos de las organizaciones criminales italianas por detrás del tráfico de drogas. A nivel mundial, según datos de la ONU, los beneficios de la trata ascienden a 35.000 millones de dólares estadounidenses por año.
La abogada italiana ha expuesto, además las medidas que se han puesto en marcha en su país para trata este delito tipificado en su Código Penal con condenas entre 8 a 20 años: programas de asistencia e inclusión social para víctimas de trata, un decreto legislativo que incorpora la evaluación individual de la víctima y su grado de vulnerabilidad, la designación de tutores para los menores o un Plan Antitráfico 2016-2018 que se construye sobre la prevención, los procedimientos penales y la identificación.
Oscar Cruz Barney, ex presidente del Colegio de Abogados de México, se ha referido a que México es país de origen y tránsito de migrantes. “Existe un tráfico transfronterizo entre Canadá, EEUU y Mexico, lo que ha hecho aumentar el número de víctimas de trata”.
En Norteamérica, las víctimas de trata se cifran anualmente en casi 7.000, donde el 20% del total de afectados son niños. El número de sentencias por este delito ascendió en 2015 a 650 en las que el 54% de personas sentenciadas son hombres de origen mexicano.
El ponente ha explicado, además, qué acciones se llevan a cabo en su país y que van desde campañas para que la sociedad entienda qué es la trata de personas, pasando por las Alertas AMBER a través de redes sociales, hasta una Fiscalía especializada, un Registro Nacional de víctimas y un Directorio Nacional de centros de atención.
En su caso, como no existe el Turno de Oficio, Cruz Barney se ha referido a que “los Colegios de Abogados juegan un papel fundamental por ofrecer a las víctimas atención y asistencia jurídica”.
Protección a la víctima
Por su parte, Ana García Merino, fiscal delegada en Extranjería en Madrid e integrante de la Mesa de Trabajo sobre trata del Colegio de Abogados de Madrid, ha descrito cómo se regula la trata en el derecho español desde que en 2010 el Código Penal introdujera el artículo 177 bis como delito de trata de seres humanos.
La fiscal ha recordado que tiene que haber medios comisivos (engaño, abuso o pago de dinero a la persona que tenga el poder sobre la víctima en origen y violencia cuando ya han llegado), conductas y fines que pueden ser de explotación sexual, laboral, matrimonios forzados o tráfico de órganos.
También se ha referido a las penas de prisión que van de 5 a 8 años y que pueden ascender hasta los 12 años cuando la víctima es especialmente vulnerable o está en riesgo su integridad física, entre otras cuestiones.
García Merino ha recordado que “es fundamental la colaboración entre los distintos agentes implicados, es decir, Fiscalía, Policía y ONG” y que, teniendo en cuenta que la víctima es pieza clave, su protección es esencial”. Por eso, “aunque la mejor forma de protegerla sería que no tuviera que estar, sabemos que la declaración de la víctima es fundamental con lo que ‘mimarla’ es importante para conseguir la condena. En esta protección juegan un papel fundamental las ONG”, ha añadido.
La trata como delincuencia económica
Con una intervención centrada en la trata por explotación laboral, Teresa Rodríguez Montañés, catedrática de Ciencias Jurídicas, ha dicho que “la trata moderna es puro negocio, es delincuencia económica y lo que la hace negocio es la explotación en el ámbito sexual y laboral. Los seres humanos son comercializados utilizados como objetos de comercio y este es el problema más grave de Derechos Humanos que tiene la humanidad”.
También ha mencionado el Protocolo de Palermo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional al que ha calificado de “fundamental porque ha homogeneizado la tipificación de la trata” aunque “al aplicarla al resto de legislaciones haya alguna disfunción”. Por eso, en este momento, “el enfoque es insuficiente porque no analiza el problema de forma global”, ha afirmado.
En su opinión, “se pone todo el foco en el proceso y nada en la propia explotación a nivel internacional. Y lo que da sentido al proceso es precisamente la explotación ya que la persona es captada en su comunidad de origen con el engaño y se usa la vulnerabilidad con la finalidad de la explotación”.
Asistencia jurídica de oficio a las víctimas
La Mesa se ha cerrado con la intervención del profesor titular de Derecho Penal y letrado del Tribunal Constitucional, José Miguel Sánchez Tomás, que se ha centrado en las políticas públicas en relación al servicio a la víctima de trata.
Así, ha explicado que las víctimas de trata “pueden serlo desde que son captadas por las organizaciones criminales pero el fenómeno de la revictimización a partir de la atención pública a las víctimas es importante de analizar”.
En este sentido, ha abordado lo que considera un déficit de políticas públicas en relación a la asistencia jurídica de las víctimas, que ha calificado de “preocupante”. En los protocolos “no aparecen los Colegios de Abogados ni los abogados y eso es una forma peculiar de ver cuál es el papel que debe jugar la asistencia jurídica a la víctima”, ha señalado Sánchez Tomás.
Por eso, hay que “redoblar los esfuerzos para superar las resistencias políticas y posibilitar que la atención jurídica a las víctimas de trata se aporte por los Colegios y se haga, además, de oficio desde el primer contacto con la víctima”.
El ponente ha recordado que ya existe un Turno de Oficio en materia trata, donde los profesionales que lo integran cuentan con formación específica y el Estado sigue sin requerir a este Colegio para que se preste ese servicio”.
“Mi sueño es que el nivel de asistencia jurídica que hemos logrado con las mujeres víctimas de violencia de género, se logre con las víctimas de trata, porque la trata es sobre todo un inmenso delito de violencia contra la mujer”, ha concluido.