El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid celebró ayer en el Salón de Actos una jornada de la Sección de Derecho Administrativo sobre la reciente reforma procesal impulsada por el Real Decreto-ley 6/2023. El evento se centró en analizar en profundidad los cambios introducidos por esta reforma, con especial énfasis en la regulación de las costas, un aspecto que ha generado numerosas interrogantes en la comunidad jurídica.
La bienvenida del acto corrió a cargo de Javier Mata, Diputado de la Junta de Gobierno del ICAM, quien destacó la importancia del evento y expresó su deseo de que se celebren más jornadas de este tipo en el futuro.
Alberto Dorrego, Presidente de la Sección de Derecho Administrativo del ICAM, presentó a los ponentes y resaltó la complejidad que supone la implementación de una reforma a través de un decreto ley, especialmente considerando que muchos de estos reales decretos aún no han sido convalidados en el Congreso.
Uno de los puntos destacados de la jornada fue la discusión sobre la reforma de las costas, un aspecto fundamental en todas las jurisdicciones y particularmente relevante en la jurisdicción contencioso-administrativa, dada la asimetría de las partes involucradas. En la jornada se señaló que la limitación de las costas podría representar un obstáculo al derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos al establecerse una barrera económica para el acceso a la Justicia en ciertos casos.
José María Ayala de la Torre, socio director de Ayala de la Torre Abogados y abogado del Estado en excedencia, destacó que la reforma, entre otras cuestiones, prioriza la digitalización del proceso judicial, lo cual plantea desafíos significativos al relegar lo procesal en favor de lo digital. En este sentido, Ayala subrayó la importancia de mantener un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos procesales de los ciudadanos.
Elena Veleiro, abogada del Estado en excedencia y socia de Pérez-Llorca, profundizó en la necesidad de que los abogados adquieran nociones de psicología, especialmente en el contexto de las vistas telemáticas, donde existe el riesgo de que los testigos se sientan coaccionados o influenciados durante su testimonio.
Por su parte, Carlos Melón Pardo, socio de RAMON Y CAJAL ABOGADOS y miembro del Consejo Asesor de la Sección de Derecho Administrativo del ICAM, moderó el debate sobre el contenido de la reforma y su impacto en las costas procesales. En este sentido, se refirió a que la nueva regulación de complemento que hay en relación con el expediente administrativo.
Irene Fernández, en relación con los incidentes de ampliación de expediente, aseguró que va a seguir habiendo discusiones sobre la naturaleza de los documentos. Tal y como explicó, hasta ahora, ante las solicitudes de ampliación del expediente, había problemas a la hora de contabilizar el cómputo del plazo para la presentación de la demanda. Sin embargo, con la nueva regulación se ofrece una mayor certidumbre porque se vuelve a contar el plazo en el caso de que se solicite una ampliación del expediente.
