Ante un aforo completo, la jornada que tuvo lugar ayer en el Colegio se iniciaba con unas palabras de presentación de la presidenta de la Sección, Virginia Parra, que daban paso a la ponencia sobre nacionalidad por residencia de la mano del subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil, Jesús Santa-Bárbara, quien explicó la situación del Registro Civil cuando él llegó hace unos meses. Según indicó, encontró 280.000 expedientes paralizados hasta que “decidió hacer un cambio y empezar con la digitalización para modernizar el registro”.
Hasta la fecha, explicó, se ha realizado este proceso con 150.000 expedientes. Y es que, en su opinión, “la presentación telemática abreviará la vía administrativa, beneficiándonos todos, porque las resoluciones de nacionalidad por residencia saldrían en menor tiempo, sin la espera de tres y cuatro años como ha venido sucediendo”.
También se refirió a la tasa aprobada por las Cortes tanto para la nacionalidad por residencia como para los sefardíes y que es de 100 euros. Esta tasa, dijo, “es de las más bajas comparado con los diferentes países de nuestro entorno que, por ejemplo, en los Países Bajos es de 316 euros o en Irlanda de 950 euros”.
Finalizó su intervención refiriéndose a la posible aprobación en el Consejo de Ministros de este viernes del Reglamento del Nuevo Procedimiento de Nacionalidad Española por Residencia, según palabras del Ministro de Justicia.
Para abordar el segundo tema sobre la solicitud de asilo en España y la Unión Europea”, la jornada contó con Irene Claro Quintans, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de Comillas, quien tras hacer una introducción general de la situación, explicó de forma más profunda el significado que todos los países están dando al actual problema de las personas refugiadas o solicitantes de asilo.
En este sentido, hizo una matización al afirmar que “estas personas son solicitantes de protección internacional y no se les considera asilados ya que ello repercute en el estatus jurídico contraído por todos estos Estados y obviamente tendrían derecho a vivienda, sanidad y otros”.
Asimismo comentó que la situación que estamos viviendo actualmente deviene de años atrás “con el conocimiento y la complacencia de todos los países que conforman la Unión Europea y que ahora se ven más presionados porque el flujo migratorio ha ido in crescendo de forma alarmante en poco tiempo”.
Para terminar, la ponente destacó como los países de la Unión Europea se ha gastado muchos millones de euros, “trece mil millones para ser exactos, en poner barreras para que el flujo migratoria sea cada vez menor, una cuestión que no ha tenido buenos resultados como se ve actualmente y que podía haberse sustituido por gasto en ayuda real a estos países”.