- • El Colegio de la Abogacía de Madrid cuestiona que la reforma publicada hoy en el BOE suponga una mejora real cuando algunos de los asuntos que más dedicación exigen pueden terminar peor retribuidos que con el sistema anterior.
- • El Reglamento corrige dos aspectos reclamados por el ICAM —el tratamiento de los procedimientos penales de especial complejidad y la adaptación al expediente judicial digital—, pero mantiene unos baremos que el Colegio considera insuficientes.
- • Juan Manuel Mayllo: “Han conseguido la cuadratura del círculo: aparentemente se mejora el baremo y, sin embargo, en determinados asuntos podemos terminar cobrando menos”.
El nuevo Reglamento de asistencia jurídica gratuita publicado este jueves en el BOE no resuelve el problema de las retribuciones del Turno de Oficio y, en determinados procedimientos de especial complejidad, puede incluso empeorar el resultado económico para los profesionales.
La reforma introduce algunas correcciones que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) considera necesarias, especialmente en los procedimientos penales de especial complejidad y en la adaptación de los baremos al expediente judicial electrónico. Sin embargo, el Colegio advierte de que esas mejoras no van acompañadas de una revisión económica suficiente y pueden quedarse muy lejos de compensar el trabajo que exigen los asuntos de mayor dificultad.
“Han conseguido la cuadratura del círculo: aparentemente se mejora el baremo y, sin embargo, en determinados asuntos podemos terminar cobrando menos”, afirma desde el ICAM el diputado de la Junta de Gobierno responsable de Justicia Gratuita, Juan Manuel Mayllo.
A juicio del decano, Eugenio Ribón, la reforma vuelve a poner de manifiesto el principal problema del sistema: “Se reconoce que determinados procedimientos requieren una especial dedicación, pero después esa complejidad no encuentra una correspondencia adecuada en la retribución. El resultado sigue estando muy lejos de lo que supone asumir profesionalmente este tipo de asuntos”.
Correcciones necesarias, pero sin una revisión económica de fondo
Uno de los cambios introducidos por el Real Decreto afecta precisamente a los procedimientos penales de especial complejidad. El nuevo anexo establece un módulo específico de 600 euros, tanto para estos asuntos con carácter general como para los tramitados ante la Audiencia Nacional, y prevé complementos adicionales en función del volumen del procedimiento, las comparecencias y la duración de la vista.
La reforma modifica también la forma de medir ese volumen de trabajo. Frente al anterior sistema basado en el número de folios, el Reglamento pasa a utilizar los “acontecimientos” del expediente electrónico. Con ello se corrige una disfunción que el ICAM había denunciado: en una Justicia crecientemente digitalizada, vincular parte de la compensación al número de páginas hacía difícil trasladar el baremo a la realidad de los actuales expedientes judiciales.
Para el Colegio, ambas modificaciones avanzan en la dirección adecuada, pues se reconoce de forma específica la especial complejidad de determinados procedimientos y se adapta el criterio de cómputo al funcionamiento real del expediente digital. El problema está en las cantidades asignadas a esos conceptos.
“Cambiar los folios por acontecimientos corrige un problema técnico, pero no resuelve el problema económico. Con estas cuantías, muchos asuntos de especial complejidad siguen estando claramente infrarretribuidos”, señala el diputado responsable de Justicia Gratuita del ICAM, Juan Manuel Mayllo.
La publicación del Real Decreto no es algo nuevo, sino cumplir con un acuerdo de febrero de 2026 entre el Ministerio de Justicia y el CGAE para tramitar la reforma y tramitación urgente del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.
La Audiencia Nacional, ejemplo del desajuste
El ICAM considera que el efecto del nuevo sistema se aprecia especialmente bien en los procedimientos de especial complejidad tramitados ante la Audiencia Nacional. El Reglamento fija para estos asuntos un módulo de 600 euros y añade 32,15 euros por cada 250 acontecimientos del expediente, además de los complementos que puedan corresponder por comparecencias y días de vista.
Mayllo pone como ejemplo los procedimientos de narcotráfico. Según explica el diputado del ICAM, estos asuntos pueden moverse habitualmente entre 2.000 y 3.000 acontecimientos, mientras que algunos procedimientos excepcionales, como determinados asuntos vinculados a la Fiscalía Europea, pueden superar ampliamente los 10.000.
“Un procedimiento de especial complejidad ante la Audiencia Nacional parte ahora de 600 euros y se pagan 32 euros por cada 250 acontecimientos. Hay procedimientos excepcionales, por ejemplo algunos vinculados a la Fiscalía Europea, que pueden superar los 10.000 acontecimientos, pero un procedimiento de narcotráfico ante la Audiencia Nacional puede moverse entre 2.000 y 3.000 acontecimientos. Al final estamos hablando de asumir un asunto de enorme complejidad por menos de 1.000 euros brutos”, señala.
Tomando únicamente como referencia el módulo base y el complemento por acontecimientos, un procedimiento situado en ese rango alcanzaría entre 857,20 y 985,80 euros brutos, sin contar, en su caso, otros complementos por comparecencias o duración de la vista.
Según advierte el Colegio, el cambio de criterio tampoco garantiza que el profesional vaya a percibir más que con el sistema anterior, ya que determinados procedimientos podían obtener una compensación superior cuando el cálculo adicional se realizaba en función de los folios.
Baremos todavía muy alejados del trabajo real
La crítica del ICAM, no obstante, va más allá de los procedimientos de especial complejidad. El Colegio considera que uno de los principales problemas, como es garantizar el pago de todas las actuaciones realizadas por los profesionales designados por turno de oficio sigue sin resolverse, especialmente al no garantizarse el pago de las actuaciones en aquellos procedimientos en que la solicitud de justicia gratuita ha sido archivada o denegada y el profesional queda obligado a continuar en la defensa del justiciable, e igualmente en muchos de los procedimientos en el ámbito penal en que se nombra profesional para la defensa de persona jurídica.
Para Ribón, estas cifras muestran que las mejoras puntuales no sustituyen la revisión de fondo que sigue necesitando el sistema. “No se puede sostener un servicio público esencial sobre baremos que no guardan relación con las horas de trabajo, la preparación, la responsabilidad y la especialización que exige cada asunto”, afirma.
El ICAM reclama por ello una actualización más amplia de los módulos de compensación que tenga en cuenta la dedicación efectiva que exige cada procedimiento y evite que las retribuciones vuelvan a quedar desfasadas, así como que se garantice el pago de todas las actuaciones realizadas por los profesionales de turno de oficio.
“La reforma modifica algunos aspectos que era necesario corregir, pero sigue sin afrontar el problema principal: una financiación adecuada del Turno de Oficio y una actualización periódica de los baremos que evite que los profesionales sigan perdiendo poder adquisitivo”, concluye Mayllo.
Para el Colegio, el objetivo sigue siendo el mismo que recoge la propia legislación de asistencia jurídica gratuita: garantizar que la prestación de este servicio público esté digna y suficientemente remunerada.