El pasado martes tuvo lugar una jornada organizada por la Sección de Derechos Humanos del Colegio sobre el papel de la abogacía en la lucha contra la tortura con ocasión del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas.
El presidente de la Sección, José Ramón Antón, inició el acto confiando en que pudiera servir para la “reflexión conjunta” y búsqueda de mejoras, ya que los operadores jurídicos son, a menudo, “la primera toma de contacto cuando existe vulneración de derechos”.
Daniel Canales, de Amnistía Internacional, confesó que su ingreso en Amnistía Internacional germinó en una charla a la que asistió hace años en el Colegio, recordó que, aunque cualquier persona es víctima potencial de tortura, hay colectivos más vulnerables, como es el caso de las mujeres en países donde se practica la mutilación genital femenina o donde la violación dentro del matrimonio no se considera delito. También recalcó que España, según estudios de Amnistía Internacional, todavía tiene tareas pendientes en relación a la erradicación de la tortura, señalando como ejemplo el régimen de incomunicación que aún puede aplicarse (aunque de manera excepcional) en detenciones policiales.
En la misma línea, Maite Parejo, de la Asociación Española Pro Derechos Humanos, insistió en que “la proscripción no es completa y se siguen practicando torturas en España”. Además, denunció que la definición que ofrece la legislación española es “problemática”, sin que existan consecuencias jurídicas adecuadas, y resulta discriminatoria al graduar el tipo delictivo entre grave y no grave.
Por su parte, Patricia Goicoechea, de la ONG Rights International Spain, puso el foco de atención en el papel de la abogacía en la lucha contra la tortura y otros crímenes, defendiendo que los letrados deben “mantenerse firmes” para que se dé la calificación adecuada a ciertos delitos. Además, señaló la importancia del asesoramiento al cliente “encontrando el equilibrio adecuado”, de forma que se evite la “revictimización”.
El último ponente fue Jorge del Cura, de la Coordinadora para la prevención y denuncia de la tortura (CPDT), que comenzó su intervención afirmando que “la tortura es una práctica del Estado español”. Utilizando como base los datos recepcionados en la CPDT, señaló que se establecen penas muy pequeñas en condenas a los cuerpos de seguridad y la Administración, lo que provoca que las víctimas se desanimen o tengan miedo a efectuar denuncias, junto al riesgo de sufrir “campañas de criminalización y difamación” en los medios y posibles contradenuncias.
En este sentido, pidió a los Colegios que empezaran a recoger las quejas y actuaran, ya que pueden ser el canal idóneo para provocar cambios.
Para finalizar, el presidente de la Sección propuso aprovechar la formación del Turno de Oficio para concienciar y comprometer a más abogados en la lucha contra la tortura.