El ICAM y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México denuncian ante periodistas jurídicos españoles la situación del Estado de Derecho en México
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), en el marco del encuentro informativo organizado con la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), han denunciado la preocupante situación del Estado de Derecho, la abogacía y la independencia judicial en México.
En el encuentro han intervenido el Decano del ICAM, Eugenio Ribón; el Diputado del ICAM Emilio Ramírez, impulsor del encuentro; y el Presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Arturo Pueblita; y Albertico Guinto Sierra, secretario de Organización, quienes han destacado los riesgos que la reciente reforma judicial en México podría implicar para la independencia judicial y el respeto a los derechos humanos.
El Decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha expresado la firme preocupación del Colegio madrileño por los cambios aprobados en el sistema judicial mexicano, señalando que podrían comprometer gravemente la imparcialidad de los jueces y magistrados.
En este sentido se ha pronunciado también el Diputado de la Junta de Gobierno del ICAM, Emilio Ramírez, quien ha recordado que la independencia judicial es un pilar fundamental para el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos y que la reforma del Poder Judicial en México, tal y como ha sido aprobada, suscita serias preocupaciones sobre la politización de la justicia y la falta de garantías para preservar la imparcialidad de sus jueces.
Por su parte, el Presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Arturo Pueblita, ha expuesto en detalle los entresijos de la reforma y sus implicaciones, así como los acontecimientos más recientes en torno a su implementación.
Principales preocupaciones del ICAM sobre la reforma del Poder Judicial en México:
Sistema de elección popular de jueces y ministros: La nueva reforma introduce un sistema de elección popular para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces y magistrados federales. Esta medida podría someter a los integrantes del Poder Judicial a presiones políticas y económicas, afectando su independencia y competencia.
Sincronización de mandatos con el sexenio presidencial: La propuesta de reducir la duración de los mandatos de jueces y magistrados para alinearlos con el ciclo presidencial generaría una mayor vulnerabilidad a las influencias políticas, afectando la estabilidad de los miembros del Poder Judicial.
Creación de un Tribunal de Disciplina Judicial: La reforma también contempla la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial cuyas decisiones serían inapelables. Esta medida, según el ICAM, contraviene los estándares internacionales de independencia judicial, exponiendo a los jueces a posibles presiones externas.
Vinculación de los salarios judiciales al salario presidencial: El ICAM destacó que vincular los salarios de los jueces con el salario del presidente de la República podría poner en riesgo la autonomía económica del Poder Judicial, afectando su independencia financiera y funcional.
El ICAM ha seguido de cerca el desarrollo de esta reforma, presentada en febrero de 2024 por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ratificada por el Senado en septiembre y que ha sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional. La reforma, que representa un cambio estructural importante en el sistema judicial mexicano, ha sido considerada por expertos y organizaciones internacionales como una amenaza para la independencia judicial en el país.
El ICAM, en solidaridad con organizaciones internacionales como la International Bar Association (IBA), la Union International des Avocats (UIA), y la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, ha emitido ya distintas declaraciones poniendo de manifiesto su preocupación. Asimismo, se ha mostrado firme en su apoyo a las instituciones jurídicas mexicanas en su lucha por mantener la independencia judicial y la legalidad en su país.
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