El 24 de enero se conmemora el 11° aniversario del “Día del Abogado Amenazado”, fecha en la que los profesionales de la abogacía rinden homenaje a aquellos compañeros/as que desarrollan su trabajo con grandes presiones y amenazas. Este año, se quiere visibilizar la situación de riesgo que padece la abogacía de Azerbaiyán.
En este país, desde 1999, en virtud de la Ley de Abogados y de la Actividad de los Abogados, para tener la condición de abogado/a y beneficiarse de todas las garantías que otorga esta ley, es obligatorio pertenecer al Colegio Nacional de Abogados, Corporación que tiene entre sus funciones la elaboración de normas éticas y la apertura de procedimientos disciplinarios contra los abogados/as y que a pesar de ser formalmente independiente no tiene la capacidad o la autonomía suficiente para ejercer su independencia de manera efectiva y plena.
El Colegio de Abogados de Azerbaiyán, sigue bajo la influencia del poder ejecutivo y el uso de procedimientos disciplinarios ha sido uno de los medios más comunes de hostigamiento contra los abogados de derechos humanos. Así mismo, el procedimiento de calificación adolece de una falta de criterios objetivos, y transparencia, lo que da lugar a prácticas arbitrarias y discriminatorias en el contexto del acceso a la profesión.
En Azerbaiyán, los abogados/as defensores que trabajan en la protección de los derechos humanos, a menudo se ven expuestos a situaciones de acoso e intimidación por parte de autoridades diversas, mediante el enjuiciamiento penal, la adopción de medidas disciplinarias y otras medidas administrativas como la congelación de sus activos. Además, en el caso de aquellos que son miembros del Colegio de Abogados, el medio de represión más utilizado es la adopción de medidas disciplinarias, convirtiendo los mecanismos de control de la actuación profesional en represalias contra esos abogados y abogadas, llegando incluso a inhabilitarlos. Por lo tanto, la independencia de la que deben gozar los profesionales de la abogacía para desarrollar su labor profesional se ve mermada y vulnerada, limitando la función de defensa de las y los abogados que aceptan ocuparse de casos políticamente delicados o que actúan en defensa de los derechos humanos, no sólo por las represalias del gobierno, sino también por las dificultades de prueba que se plantean en estos procedimientos en la práctica, debido a que si se trata de pruebas de la defensa, su valor probatorio se considera inferior al de las pruebas de la acusación, lo que constituye un obstáculo para la labor de los abogados/as defensores, fomentando los juicios injustos y los errores judiciales, siendo además desacreditados por los jueces y fiscales frente a sus clientes en el seno del procedimiento.
Ante estas circunstancias, el Colegio de Abogados de Madrid quiere mostrar su rechazo frente a las amenazas e incidentes de acoso que sufren los abogados/as defensores de derechos humanos de Azerbaiyán, instando a las autoridades a que garanticen que todos los profesionales de la abogacía pueden ejercer su profesión sin intimidaciones, obstáculos, acosos ni interferencias indebidas, conforme a los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados.