El Servicio de Orientación Jurídica desplegado por el ICAM en Navalcarnero y San Lorenzo de El Escorial atiende también dudas laborales, reclamaciones por pérdidas económicas y consultas sobre la recuperación de documentación destruida por el fuego.
La cobertura de los seguros, el acceso a las ayudas públicas y las posibles soluciones habitacionales concentran las principales preocupaciones trasladadas por las personas afectadas por los incendios al dispositivo extraordinario del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) del Colegio de la Abogacía de Madrid.
Los letrados y letradas desplazados desde este lunes a las sedes judiciales de Navalcarnero y San Lorenzo de El Escorial están ofreciendo información jurídica sobre las consecuencias personales, laborales y económicas de la emergencia, así como sobre las vías disponibles para solicitar ayudas, reclamar daños o resolver los problemas administrativos derivados de los incendios.
“En situaciones como esta, la emergencia no termina cuando se apaga el fuego. Después llegan las dudas sobre la vivienda, el trabajo, los seguros o las ayudas, y muchas personas no saben por dónde empezar. Por eso es fundamental que la abogacía esté cerca desde el primer momento, ofreciendo información clara y ayudando a que quienes han sufrido las consecuencias del incendio puedan ejercer sus derechos”, señala el decano del ICAM, Eugenio Ribón.
Entre las cuestiones planteadas figuran la falta de cobertura de determinadas pólizas y el funcionamiento del Consorcio de Compensación de Seguros. La ciudadanía también solicita información sobre las ayudas y prestaciones asistenciales previstas, los requisitos para acceder a ellas, sus posibles cuantías y los distintos tipos de apoyo disponibles.
Otro de los principales focos de consulta son los desplazamientos forzosos y las alternativas de alojamiento. Las personas afectadas plantean si se habilitarán soluciones habitacionales, si podrán reclamar los gastos ocasionados por la evacuación y si las indemnizaciones alcanzarán también a quienes, sin sufrir daños directos, tuvieron que abandonar sus viviendas siguiendo las instrucciones de las autoridades.
Consecuencias laborales y económicas
El servicio ha atendido asimismo consultas sobre la obtención de certificados municipales que acrediten el confinamiento o la evacuación, documentos que pueden resultar necesarios para justificar la imposibilidad de acudir al puesto de trabajo.
Los cortes de carreteras y las restricciones de acceso están generando también dudas sobre las pérdidas económicas sufridas por negocios y trabajadores, especialmente cuando no fue posible llegar al lugar de trabajo o mantener abierta la actividad.
A estas cuestiones se suman las planteadas por titulares de concesiones administrativas que se han visto obligados a interrumpir su actividad como consecuencia de los incendios y buscan conocer las posibles vías para reclamar los perjuicios ocasionados. También, sobre cómo obtener copias o duplicados de la documentación personal, administrativa o contractual destruida por el fuego
“Las primeras consultas demuestran que, una vez superada la emergencia más inmediata, comienza una etapa muy compleja para las familias, los trabajadores y los negocios afectados. La labor de la abogacía es acompañarles, ofrecerles seguridad jurídica y evitar que la falta de información añada todavía más incertidumbre a una situación ya muy difícil”, concluye Ribón.
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El ICAM, junto a los compañeros y compañeras afectados por los incendios