El decano del Colegio, José María Alonso, asistió ayer como invitado de honor a la ceremonia de graduación de los másteres de Derecho impartidos en la Universidad Carlos III de Madrid.

En sus palabras, el decano quiso dar la enhorabuena a los recién graduados “no solo desde la posición de representante de la Abogacía madrileña sino también desde la posición de abogado, de compañero”, y explicó a los alumnos cuál era su visión del presente y del futuro de la profesión y el papel que, en su opinión, debe desempeñar la Abogacía.

El decano solicitó a los presentes que no dejaran de entender la Abogacía como lo que es, “la protección y la defensa que una persona realiza sobre otra que necesita el amparo de la justicia. Así de simple pero así de imprescindible”, y destacó la necesidad de dignificar la profesión para que la Abogacía sea “un referente en el ámbito jurídico”.

A raíz de una queja del letrado madrileño Antonio Alberca Pérez, el Defensor del Pueblo ha recomendado la creación de protocolos de colaboración entre jueces y agentes policiales para la puesta a disposición judicial de los detenidos.

Alberca explica en este vídeo testimonial cómo consiguió este avance tras enterarse de que en Madrid la puesta a disposición judicial de los detenidos se regía por un simple acuerdo verbal entre el presidente de la Audiencia Provincial y las autoridades policiales y decidir alertar de la situación al Defensor del Pueblo.

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, reunida el 2 de julio de 2018, acordó conceder el AMPARO COLEGIAL solicitado por un letrado por la grabación de conversaciones telefónicas mantenidas con su cliente en un procedimiento seguido en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional y en el que el abogado no es investigado.

Con fecha 6 de junio de 2018, el colegiado nº 123.074 había solicitado el otorgamiento de dicho amparo al considerar que determinadas actuaciones llevadas a cabo por el citado órgano judicial, en el seno de las Diligencias Previas nº91/2016 (‘caso Lezo’), Pieza Separada nº3, estaban coartando la independencia y libertad necesarias para cumplir con las mínimas garantías exigibles con el derecho de defensa de los intereses que tiene conferidos.