La digitalización de la Justicia es ya una realidad en España, pero su implementación está generando graves deficiencias que afectan el derecho de defensa y el acceso equitativo a la información procesal, según advierte el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).
Ante esta situación, ha elegido la conmemoración del Día Internacional del Abogado/a para visibilizar estos problemas y reivindicar las garantías mínimas del Derecho de Defensa en este nuevo escenario. Para ello, ha elaborado la “Guía de Derechos de la Abogacía ante la Justicia Digital“, un documento clave que denuncia los problemas de la plataforma HORUS y el Expediente Judicial Electrónico (EJE), y establece garantías mínimas para que la transformación digital no vulnere los derechos fundamentales de los profesionales del derecho.
La presentación de esta guía marca el inicio de una campaña de incidencia pública y política para exigir una regulación clara y efectiva que garantice la transparencia, seguridad jurídica y acceso igualitario en la justicia digital.
Una digitalización deficiente que pone en riesgo el derecho de defensa
El ICAM viene detectando desde hace meses problemas críticos en la implementación de la plataforma HORUS, el sistema de visualización del Expediente Judicial Electrónico (EJE), que afectan directamente a la defensa de los ciudadanos y la igualdad procesal.
Entre las principales deficiencias detectadas se encuentran:
- Déficit de integridad: los expedientes alojados en la plataforma no contienen la plenitud del contenido utilizado por el órgano judicial.
- Acceso desigual a los expedientes electrónicos: Actualmente, los jueces y fiscales tienen mayor facilidad de acceso que los abogados y procuradores, lo que genera graves asimetrías y afecta la igualdad de armas en el proceso judicial.
- Falta de organización del expediente: El EJE no sigue un orden cronológico claro ni garantiza la trazabilidad documental, lo que compromete la seguridad jurídica.
- Interoperabilidad deficiente: Existen importantes fallos en la conexión entre distintos sistemas judiciales autonómicos, dificultando el trabajo de los profesionales del derecho y generando desigualdades territoriales.
- Ausencia de regulación clara: No existe una normativa específica que determine la estructura del Índice Electrónico del expediente judicial, ni un protocolo unificado de acceso para abogados y procuradores.
“El derecho de defensa no puede verse afectado por una digitalización deficiente y sin garantías. No podemos permitir que la abogacía tenga dificultades de acceso a los expedientes judiciales electrónicos, mientras otros operadores jurídicos disponen de herramientas más eficientes. La igualdad de armas en un proceso es fundamental, y el ICAM trabajará sin descanso para garantizarla”, ha señalado Eugenio Ribón, Decano del ICAM.
La Guía del ICAM: una hoja de ruta para garantizar los derechos de la abogacía en la era digital
Ante esta situación, el ICAM ha elaborado la Guía-Decálogo de Derechos de la Abogacía ante la Justicia Digital, que recoge diez principios esenciales para garantizar un acceso justo y equitativo a la justicia digital.
Entre ellos destacan:
✅ Derecho al acceso completo e igualitario a los expedientes judiciales electrónicos, en las mismas condiciones que jueces y fiscales.
✅ Derecho a la integridad y ordenación del expediente electrónico, con un sistema cronológico claro y un índice normativamente regulado.
✅ Derecho a la interoperabilidad y correcto funcionamiento del sistema de justicia digital, evitando fallos que generen indefensión.
✅ Derecho a la transparencia y seguridad jurídica, garantizando la trazabilidad documental y el cumplimiento de los principios de justicia.
✅ Derecho a un mecanismo de amparo ante fallos tecnológicos, para que los profesionales puedan denunciar irregularidades y exigir soluciones inmediatas.
“Estamos exigiendo algo tan básico como el cumplimiento del derecho de defensa en condiciones de igualdad. No podemos permitir que el acceso a la información procesal sea desigual o dependa de la comunidad autónoma o del sistema que utilice cada juzgado. La digitalización debe garantizar derechos, no restringirlos”, ha destacado Javier Mata, diputado responsable de Defensa de la Abogacía del ICAM.
Un problema que también afecta al Turno de Oficio
El impacto de estas deficiencias en la digitalización de la Justicia es aún más grave en el Turno de Oficio, donde los abogados ya enfrentan dificultades estructurales en su labor diaria.
“Los abogados del Turno de Oficio están viendo cómo la brecha digital se convierte en un obstáculo adicional en su labor. No se les puede exigir el máximo nivel de profesionalidad y eficacia si las herramientas digitales que se les proporcionan son deficientes o de difícil acceso. Exigimos una solución inmediata para garantizar un servicio público de calidad”, ha declarado Juan Manuel Mayllo, diputado responsable del Turno de Oficio del ICAM.
El ICAM implementa un mecanismo de defensa para los colegiados/as afectados
El ICAM ha decidido implementar un procedimiento de quejas colegial en Defensa de la Abogacía ICAM para que los abogados y abogadas afectados por problemas de acceso a HORUS puedan denunciar cualquier incidencia.
“Los colegiados/as pueden reportar irregularidades y dificultades de acceso al expediente judicial electrónico a través de este nuevo canal de quejas, con el objetivo de documentar los casos y exigir soluciones inmediatas a las autoridades competentes”, explica el Diputado Javier Mata.
En caso de imposibilidad de acceso completo al expediente, el ICAM recuerda que se debe procurar la facilitación de una copia íntegra del expediente (ya sea en formato papel o digitalizado) por parte del órgano judicial, en los mismos términos que se ha venido haciendo antes de la instauración electrónica.
Próximos pasos: incidencia política y movilización del sector jurídico
El ICAM va a solicitar reuniones con el Ministerio de Justicia y el Comité Técnico Estatal de Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), así como con los Grupos Parlamentarios, para reclamar una regulación del Expediente Judicial Electrónico y la plataforma HORUS.
“La abogacía no permitirá que la transformación digital comprometa el derecho de defensa ni genere desigualdades en el acceso a la información procesal. La transformación digital de la justicia debe garantizar transparencia, seguridad jurídica e igualdad de acceso para toda la abogacía. La digitalización no puede ser una barrera para el ejercicio del derecho de defensa. Debe ser un avance para la justicia, no un obstáculo”, concluye el Decano del ICAM.