- • El ICAM reivindica el papel anticipatorio de la abogacía especializada para detectar riesgos y aportar soluciones en escenarios aún no consolidados.
- • Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: “El sector del medicamento es un sector estratégico, no solamente desde el punto de vista económico o industrial, sino también desde el punto de vista social”.
La transformación simultánea del marco farmacéutico europeo y español y el reto de acompasar innovación, autonomía estratégica, sostenibilidad, acceso a los medicamentos y seguridad jurídica han marcado este jueves la inauguración del V Congreso de Derecho Farmacéutico del Colegio de la Abogacía de Madrid.
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y la directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Pilar Jimeno, han intervenido en la sesión inaugural junto al presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Manuel Martínez del Peral; el diputado de la Junta de Gobierno del ICAM Javier Mata y la presidenta de la Sección de Derecho Farmacéutico del ICAM, Nuria Amarilla. En su quinta edición, el Congreso se propone analizar las principales reformas que están redefiniendo el sector, desde la regulación farmacéutica europea y sobre biotecnología hasta la financiación y el acceso a los medicamentos, la salud digital o los nuevos modelos de prestación farmacéutica.
El secretario de Estado de Sanidad situó este proceso en un contexto que desborda ya los límites tradicionales de la política sanitaria. La reforma de la legislación farmacéutica europea y las propuestas del Critical Medicines Act y el Biotech Act, explicó, responden también a la necesidad de reforzar las capacidades industriales y productivas de Europa, reducir dependencias y acompasar los incentivos a la innovación con las necesidades de los sistemas sanitarios y de los pacientes. “La política del medicamento no es solamente política farmacéutica y tampoco es solamente “política” industrial, sino que es también, de manera muy clara, geopolítica”, afirmó.
Una regulación estratégica para un sector clave
En España, Padilla situó el proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios en el centro de un proceso de reformas de mayor alcance, junto al nuevo sistema de evaluación de tecnologías sanitarias y los cambios en materia de financiación y precios no sólo de los medicamentos, sino también de los productos sanitarios. “No son normas para un sector, sino que son normas para el conjunto de un país”, sostuvo, al considerar estratégico el ámbito del medicamento no solo desde la perspectiva económica e industrial, sino también social. Un planteamiento que resumió al señalar que “el sector del medicamento es un sector estratégico, no solamente desde el punto de vista económico o industrial, sino también desde el punto de vista social”.
Junto al contenido de las reformas, el secretario de Estado puso el foco en la forma de elaborarlas. Padilla defendió normas “muy permeables al diálogo” y la institucionalización de espacios multilaterales en los que administraciones, industria, profesionales y pacientes puedan participar en la definición de las políticas farmacéuticas. Como ejemplo citó la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028 y sus órganos de seguimiento, concebidos para articular de manera estable esa interlocución entre los distintos actores implicados.
Ese diálogo, añadió, debe alcanzar también a la abogacía especializada y producirse antes de que las decisiones normativas estén cerradas. En ese sentido, Padilla consideró “totalmente imprescindible” que quienes elaboran y adoptan las normas se expongan al conocimiento de quienes trabajan diariamente con ellas, incluida la abogacía especializada, para “poder mejorar esas normas en el momento en el que se están produciendo”.
La abogacía, antes de que la norma esté cerrada
Sobre ese papel de la abogacía incidió el diputado de la Junta de Gobierno del ICAM Javier Mata. En un sector sometido a cambios tecnológicos y regulatorios cada vez más rápidos, advirtió, la intervención del abogado ya no puede limitarse a interpretar una norma una vez aprobada. “En ámbitos como el farmacéutico, el abogado trabaja muchas veces cuando todavía no existe una respuesta clara”, señaló, ya sea porque “la tecnología avanza más deprisa que la regulación” o porque distintas normas inciden simultáneamente sobre una misma actividad. “Ahí es donde el Derecho aporta algo especialmente valioso: seguridad jurídica”.
Una seguridad jurídica que, subrayó, debe servir para investigar, invertir y adoptar decisiones, pero también para preservar las garantías de los pacientes. “Podemos hablar de expedientes, autorizaciones, propiedad industrial, precios, financiación o datos clínicos. Pero al final de todo ese recorrido hay una persona esperando un diagnóstico, un medicamento o un tratamiento”, recordó Mata, quien defendió la necesidad de ordenar los distintos intereses en juego mediante reglas previsibles, evitando enfrentar de forma simplista innovación, sostenibilidad y acceso.
En ese contexto, el diputado del ICAM puso el foco en una abogacía llamada a intervenir cada vez antes en los procesos de decisión, no solo para explicar qué permite una norma ya aprobada, sino para anticipar riesgos y aportar soluciones cuando todavía no existe una respuesta jurídica consolidada. Una función que exige comprender realidades altamente especializadas y acompañar desde el Derecho las decisiones empresariales, científicas, sanitarias y administrativas que marcarán la evolución del sector.
Por su parte, la presidenta de la Sección de Derecho Farmacéutico del ICAM, Nuria Amarilla, explicó que el Congreso busca ofrecer una actualización tanto a los profesionales que ya trabajan en este ámbito como a quienes comienzan a aproximarse a él, especialmente a la abogacía joven. Amarilla reivindicó así el valor del asesoramiento jurídico especializado en un ámbito “muy regulado, muy complejo”, que abarca no solo las actividades tradicionales de la industria farmacéutica o de la tecnología sanitaria, sino también un conjunto cada vez más amplio de actividades vinculadas al sector y a la investigación.
Equilibrio entre innovación, seguridad y sostenibilidad
La necesidad de disponer de un marco capaz de acompañar esa complejidad fue también uno de los ejes de la intervención de Pilar Jimeno. La directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid destacó el alcance de las reformas actualmente en marcha tanto en Europa como en España y su impacto directo sobre la investigación, el desarrollo de medicamentos, la competitividad del sector y el acceso de los pacientes a nuevas terapias.
A su juicio, el reto pasa por “encontrar un equilibrio entre el impulso a la innovación, las garantías de seguridad, la calidad, la sostenibilidad y la protección de la salud pública”. Un equilibrio que exige también reducir cargas burocráticas y disponer de marcos regulatorios capaces de acompañar el progreso científico y tecnológico “sin renunciar a la seguridad jurídica ni a la protección de los ciudadanos”.
Jimeno trasladó ese mismo desafío al ámbito autonómico, donde aseguró que “Madrid se ha consolidado como uno de los principales polos biosanitarios de España y de Europa”, apoyado en la actividad investigadora de sus hospitales y en la colaboración entre instituciones, profesionales, empresas y pacientes. En este contexto, se refirió al desarrollo de la Ley 13/2022 de Ordenación y Atención Farmacéutica y al avance de la normativa sobre horarios, guardias, atención farmacéutica domiciliaria y sistemas personalizados de dosificación, con el objetivo de “crear un marco que sea más flexible” y adaptado a las nuevas necesidades de la prestación farmacéutica.
Cuando la regulación llega al paciente
Desde la perspectiva de la farmacia comunitaria, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Manuel Martínez del Peral, llevó finalmente ese debate regulatorio al último eslabón asistencial. “La farmacia comunitaria no es sólo un lugar donde se dispensa un medicamento, es un establecimiento sanitario de proximidad, de confianza, integrado en la vida cotidiana de las personas”, afirmó, reivindicando una mayor integración de la red de farmacias en la transformación del sistema sanitario.
Martínez del Peral defendió que los avances ya ensayados en ámbitos como la prevención, la adherencia, la atención domiciliaria o la coordinación con otros profesionales puedan incorporarse de manera estable al sistema. “La pregunta, por tanto, no es cuánto hace la farmacia, la pregunta es cuánto puede aportar al sistema sanitario si le damos a las farmacias las herramientas necesarias”, sostuvo, vinculando ese desarrollo a un marco regulatorio estable, previsible y capaz de acompañar los cambios asistenciales.
Su intervención devolvió así el debate al punto en el que confluyen las distintas reformas analizadas durante la inauguración: su impacto sobre las personas. “Una buena regulación no se mide solo por lo bien que ordena el sistema, se mide sobre todo por la confianza que genera y por lo que permite hacer mejor a quienes están cada día al lado de los pacientes”, concluyó.