Real Decreto-Ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible

Entrada en vigor

  • El 8 de octubre de 2026.

Medidas en materia de protección de la función social de la vivienda y frente a la especulación.

  • Protección del mercado de la vivienda frente a la actividad especulativa
  • Hasta el 31 de diciembre del 2030,se limitala adquisición de viviendas por parte de las entidades, con o sin personalidad jurídica, que se dedican a comprar inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados muy por debajo de su valor de tasación de mercado.
  • La limitación también se aplica a las personas jurídicas que tengan la condición de gran tenedor y a las entidades de su mismo grupo o que actúen por su cuenta.
  • Se aplica cuando la vivienda se adquiere, a título gratuito o a título oneroso, por una contraprestación inferior al 70% de su valor de mercado.
  • Excepciones:
    • Para su destino a vivienda habitual a precio asequible o social hasta al menos el 31 de diciembre de 2030.
    • Para su destino a residencia de personas que precisen atención sociosanitaria.
    • Para su destino a residencia de personas pertenecientes a colectivos socialmente vulnerables por parte de entidades del tercer sector de acción social.
    • Para su destino a la protección de las víctimas de violencia de género tanto de atención como residencial y en cualquiera de sus modalidades.
    • Tampoco será de aplicación cuando las entidades compradoras acrediten su adhesión y cumplimiento del Código de Buenas Prácticas aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros. Esta condición se entenderá cumplida por entes públicos territoriales y aquellos otros organismos públicos y empresas o sociedades mercantiles pertenecientes al sector público, cuya finalidad es la promoción y la gestión de vivienda social y asequible con carácter permanente.
  • Suspensión de los desahucios de personas vulnerables.
  • Hasta el 31 de diciembre del 2030, suspensión de los procedimientos de desahucio de personales vulnerables sin alternativa habitacional.
  • Se aplica cuando la parte demandante sea alguna de las entidades dedicadas a la adquisición de inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados por un precio claramente inferior al de tasación.
  • Para los restantes demandantes, y cuando no resulte aplicable la enervación extraordinaria del art. 22.6 LEC, se establece un régimen de suspensión con revisión periódica, causas de levantamiento y una duración máxima de tres años desde que se acuerde. Se prevén compensaciones a favor de las personas físicas demandantes y de las personas jurídicas dedicadas al alquiler habitual asequible o social.
  • Modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos

Arrendamiento de vivienda temporal.

  • Se incluye dentro del arrendamiento de vivienda habitual.
  • Exige una causa real y acreditable de desplazamiento.
  • El contrato deberá ser superior a 31 días, y no exceder como regla general de 12 meses.
  • Siempre que la duración del arrendamiento de vivienda temporal exceda de doce meses sin justificación en la causa de temporalidad o se noven o sucedan más de dos contratos de arrendamiento de vivienda temporal de forma consecutiva, entre las mismas partes y sobre la misma vivienda, el primero se entenderá celebrado como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual.

Arrendamiento parcial de habitaciones o estancias.

  • Se equipará con el arrendamiento de vivienda habitual, siempre que el destino primordial sea satisfacer la necesidad de vivienda del arrendatario.

Renta

  •  Se incorpora un límite vinculado al Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda –IRAV– para el incremento porcentual anual de la renta de contratos temporales sucesivos sobre una misma vivienda y mantiene este índice como límite de la actualización anual de la renta.
  • En los contratos de arrendamiento parcial por habitaciones o estancias, la suma de las rentas pactadas en los contratos parciales que se encuentren vigentes de forma simultánea sobre la misma vivienda no podrá exceder el importe de la renta del contrato de arrendamiento unitario de la vivienda completa.
  • Las ventas conjuntas se preserva el derecho de adquisición preferente de la persona arrendataria cuando la vivienda sea jurídicamente individualizable, con imputación del precio mediante criterios objetivos, y se impide la renuncia a ese derecho.

Prórroga del contrato

  • Prórroga extraordinaria de hasta un año para arrendatarios en situación de vulnerabilidad económica y social. Obligatoria para el arrendador cuando sea gran tenedor.
  • Prórroga extraordinaria de hasta tres años por plazos anuales en zonas de mercado residencial tensionado.

Modificación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

  • La condición de gran tenedor deberá acreditarse mediante certificación registral y se computarán las unidades susceptibles de uso residencial integradas en una misma finca, aunque no exista división horizontal inscrita.
  • Se mantienen los umbrales de más de 10 inmuebles urbanos residenciales o más de 1.500 metros cuadrados de superficie construida residencial, excluidos garajes y trasteros, y la posibilidad de particularización hasta cinco o más inmuebles en el ámbito tensionado.
  • Modifica la disposición transitoria cuarta de la ley y permite que los contratos anteriores a su entrada en vigor puedan acogerse a las prórrogas del artículo 10 de la LAU en la redacción introducida.

Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

  • Demanda ejecución hipotecaria. (Art. 685.2 LEC)
  • En supuestos de demanda de ejecución sobre bienes hipotecados deberá indicarse si el inmueble objeto de esta
  • constituye la vivienda habitual del deudor.
  • Si concurre en la parte ejecutante la condición de gran tenedora.
  • En el caso de indicarse que no se tiene tal condición, se deberá adjuntar a la demanda certificación del Registro de la Propiedad en el que consten la relación de vivienda a nombre de la parte actora.
  • En supuestos de demanda de ejecución sobre bienes hipotecados deberá indicarse si el inmueble objeto de esta constituye la vivienda habitual del deudor.
  • Enervación extraordinaria. (Art. 22.6 LEC)
  • Incorpora una enervación extraordinaria en los procesos de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas cuando la persona arrendaticia se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, excluidos los supuestos del art. 2.1 del Real Decreto Ley
  • La Administración pública competente dispondrá de un plazo máximo e improrrogable de dos meses desde la notificación para ofrecer una alternativa habitacional adecuada o, en su defecto, pagar al arrendador o consignar judicialmente la totalidad de las cantidades reclamadas y de las devengadas hasta ese momento, así como las costas procesales a favor del demandante.
  • Durante ese plazo quedarán suspendidos el procedimiento y, en su caso, el lanzamiento.
  • El pago o la consignación íntegros dentro del plazo determinarán la enervación de la acción y la terminación del procedimiento, manteniéndose vigente el contrato.
  • Si transcurren los dos meses sin alternativa habitacional ni pago íntegro o consignación, la Administración quedará subrogada automáticamente en la posición deudora del arrendatario y no procederá el lanzamiento, manteniéndose vigente el contrato hasta su expiración mientras persista la situación de vulnerabilidad económica.
  • Disposiciones transitorias.
  • Disposición transitoria primera. – Las solicitudes o comunicaciones de prórroga extraordinarias presentadas al amparo del Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, durante el periodo de vigencia de dicha norma, (21/03/2026 al 28/04/2026) se tendrán por válidamente formuladas, sin necesidad de nueva comunicación, y sin perjuicio del derecho de desistimiento de la parte arrendataria.   
  • Una vez finalizado el período de prórroga que fue solicitado, si se solicitara una nueva prórroga, deberá ser de acuerdo con la regulación establecida en este real decreto-ley.
  • Disposición transitoria segunda. – La suspensión de desahucios del artículo 2, se aplicará a las ejecuciones de resoluciones dictas en los procedimientos del artículo 441.5 LEC en curso y todavía no se ha llevado a cabo el lanzamiento, aunque el trámite previo hubiera sido resuelto o se hubiera agotado la suspensión anterior.
  • Disposiciones finales destacadas.
  • Disposición final primera. – Modifica la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Añade un artículo 25 bis sobre la cesión de derechos.
  • Disposición final quinta. – Prórroga extraordinaria.
    • Solicitud por parte del arrendatario.
    • Contrato vigente a la entrada en vigor del Real Decreto-ley y en los que el periodo de prórroga obligatoria previsto en el artículo 9.1 finalice antes del 31 de diciembre de 2028, o finalice el periodo de prórroga tácita previsto en los artículos 10.1 y 10.2, o finalice, en su caso, el periodo de tácita reconducción.
    • Prórroga extraordinaria por anualidades hasta un máximo de dos años adicionales
    • Exige estar al corriente del alquiler y haberlo estado mensualmente durante los ocho meses anteriores.
    • La prórroga del artículo 10.3 de la LAU es preferente e incompatible con esta medida.
    • Tampoco procede cuando se acuerde la renovación o un nuevo contrato con renta inferior en al menos un 5 % a la vigente.
  • Disposición final sexta. – Limitación actualización anual de la renta.
    • Establece una limitación extraordinaria de las actualizaciones anuales de renta hasta el 31 de diciembre de 2027.  
    • Cuando la renta sea superior al límite máximo del sistema de índices de precios de referencia, no procederá incremento alguno.
    • En los demás casos, el incremento será el que resulte del nuevo pacto entre las partes y, en ausencia de este, no podrá superar el 2 %.
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