Jurisprudencia y legislación – Del 16 al 20 de noviembre de 2026

CIVIL

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 22 de octubre de 2026. Recurso n.º 518/2026. Ponente:  Excmo. Sr. D. Antonio García Martínez

Modificación de medidas. Derecho del menor a ser oído y escuchado

Para apreciar el interés superior del menor, «es necesario dar a los menores, que cuenten con suficiente juicio, la oportunidad de ser oídos»

FUNDAMENTO JURÍDICO

“TERCERO. Decisión de la Sala: estimación del recurso El recurso debe ser admitido y el motivo segundo, cuyo interés casacional es notorio, y además debe ser examinado en primer lugar, por razones de puro orden lógico, estimado, pues la sentencia recurrida no se ajusta a la doctrina jurisprudencial sobre el derecho de los menores a ser oídos antes de adoptar una decisión que afecte a su esfera personal y familiar. La sentencia 1695/2024, de 17 de diciembre, a la que se remite la sentencia 1709/2024, de 18 de diciembre, recuerda que, para apreciar el interés superior del menor, «es necesario dar a los menores, que cuenten con suficiente juicio, la oportunidad de ser oídos». Y añade que la audiencia tiene por objeto indagar sobre su interés y garantizar su debida protección, por lo que, en su caso, debe ser acordada de oficio por el tribunal. En la misma línea, la STC 64/2019, de 9 de mayo, declara que el derecho del menor a ser «oído y escuchado» forma parte de su «estatuto jurídico indisponible», como norma de orden público y de inexcusable observancia y recuerda que su vulneración puede determinar la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE. Esta doctrina se reitera en la STC 5/2023, de 20 de febrero. Por su parte, la STC 53/2024, de 8 de abril, subraya la relación entre el derecho de audiencia y el deber de motivación reforzada de las resoluciones que afectan a los menores. En particular, destaca que escucharlos permite conocer sus deseos, sentimientos y opiniones, elementos que deben ponderarse al determinar cuál es su interés superior. La misma doctrina precisa que la audiencia no es obligatoria en todos los procedimientos y circunstancias, pues su necesidad depende de la edad, madurez e interés de los menores. Sin embargo, cuando se prescinda de ella, el tribunal debe justificarlo de forma motivada. Esta doctrina resulta plenamente aplicable al caso. Cuando se dictó la sentencia de primera instancia, los tres hijos de los litigantes eran menores de edad y fueron explorados judicialmente. Sin embargo, esa exploración no quedó grabada ni documentada, y la sentencia no recogió su contenido ni explicó si la voluntad de los menores había influido en la decisión de establecer la custodia compartida. La Audiencia Provincial, al resolver el recurso de apelación, reconoció expresamente que desconocía el contenido de aquella exploración y que la sentencia de primera instancia no había fundamentado en la voluntad de los menores la modificación del régimen de custodia. Pese a ello, revocó la decisión sin practicar una nueva audiencia ni justificar por qué podía prescindirse de ella. Dos de los hijos continuaban siendo menores de edad cuando se dictó la sentencia de apelación y tenían, dieciséis y trece años. En estas circunstancias, la Audiencia Provincial no podía suplir el desconocimiento del contenido de la exploración practicada en primera instancia mediante una valoración propia del interés de los menores que prescindiera de conocer su opinión. La circunstancia de que aquella exploración no se hubiera documentado impedía conocer si los menores habían expresado su parecer sobre la modificación solicitada, pero no dispensaba al tribunal de garantizar su derecho a ser oídos. Antes bien, hacía necesario valorar la procedencia de una nueva audiencia, especialmente atendidas sus edades. Tampoco cabe considerar irrelevante esa omisión por el hecho de que la Audiencia Provincial entendiera que no se había acreditado una modificación sustancial de las circunstancias que justificara el cambio de custodia. La opinión de los menores no determina por sí sola el régimen que deba establecerse, ni exime de comprobar los presupuestos legales de la modificación de medidas. Pero constituye un elemento relevante para apreciar su interés superior y debe ser ponderada junto con las restantes circunstancias del caso. Por ello, no podía descartarse su relevancia sin haberles dado la oportunidad de expresar su parecer. En definitiva, la Audiencia Provincial resolvió sobre una medida que afectaba directamente a la esfera personal y familiar de los menores sin conocer su opinión y sin motivar la decisión de prescindir de su audiencia, pese a que dos de ellos seguían siendo menores de edad y superaban los doce años. Esta actuación no se ajusta a la doctrina expuesta y vulnera las garantías procesales que aseguran la efectividad del derecho de los menores a ser oídos, en conexión con su derecho a la tutela judicial efectiva.”

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 22 de octubre de 2026. Recurso n.º 7955/2024. Ponente:  Excmo. Sr. D. Manuel Almenar Belenguer

Interpretación de la disposición transitoria segunda del RDL 6/2023, en relación con la entrada en vigor y aplicación de la modificación del art. 398 LEC introducida por la referida norma en relación con la condena al pago de las costas del recurso de apelación.

Las reformas procesales introducidas por la aludida norma se aplican a los procedimientos judiciales que se incoen a partir del 20 de marzo de 2024, sin que pueda confundirse el procedimiento en sí mismo considerado, con la interposición de los recursos legalmente previstos, que se regirán por las disposiciones vigentes al tiempo de presentación de la demanda que hubiera dado lugar a la incoación del procedimiento de que se trate, con independencia de las modificaciones que hubieran entrado en vigor a la fecha en que se formule el recurso.

(“Segundo Nivel”)

“SEGUNDO.- 3.- Decisión de la sala. La doctrina expuesta conduce a la estimación del motivo porque, en el supuesto enjuiciado, la decisión de la Audiencia de imponer a la parte recurrida las costas del recurso de apelación que ha sido estimado, con remisión a «lo establecido en los artículos 398-1 y 394-1 ambos de la L.E.C.», solo se entiende si partimos de que está aplicando la normativa resultante de la reforma del Real Decreto-ley 6/2023 (en otro caso, carecería de sentido tanto el pronunciamiento de condena como la cita del art. 398.1 LEC, que antes de la reforma regulaba el supuesto de desestimación del recurso de apelación). Pero normativa que, dada la fecha en que se presentó la demanda (el escrito aparece fechado el 18 de enero de 2021 y dio lugar a la incoación del juicio ordinario núm. 108/2021 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Vinaroz, esto es, más de tres años antes de que entrara en vigor la nueva redacción), no resultaba de aplicación. Es más, aunque prescindiéramos del tenor literal de la disposición transitoria segunda, el examen de las actuaciones evidencia que el recurso aparece datado el 9 de diciembre de 2022 -fecha en que también se consignó el depósito para recurrir-, por lo que también se interpuso antes de que la reforma entrase en vigor. Adviértase a este respecto que atender a la fecha de la sentencia de apelación supondría hacer depender la norma aplicable de la pendencia o volumen de trabajo del tribunal, lo que atentaría contra el principio de seguridad jurídica. Procede, pues, estimar el motivo y, al haberse estimado en su totalidad el recurso de apelación, de conformidad con el art. 398.2 LEC, no condenar en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.”

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