Ayer se celebró en el Colegio la segunda sesión del debate jurídico en torno a la colegiación obligatoria, organizado en colaboración con la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos (CEIB), la Universidad Carlos III de Madrid y la editorial Tirant Lo Blanch.
La decana del Colegio, Sonia Gumpert, se ocupó de la primera ponencia, que se centró en la autorregulación profesional en relación con la protección de la competencia. La decana denunció la labor de las autoridades de la competencia que “continúan imperturbables su lucha contra los Colegios, absolutamente impermeables a todo argumento de hecho o de derecho que se les oponga”. Esta ofuscación punitiva, que puede tener su causa en la “falta de visión” sobre en qué consiste un Colegio Profesional y “cuál es su naturaleza jurídica y sus funciones”, confronta directamente, como señaló la decana, con la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios del mercado interior, que en su articulado establece como “autoridad competente” a “los colegios profesionales que, en el marco de su autonomía jurídica, regulan de forma colectiva el acceso a las actividades de servicios o su ejercicio”. Es decir, que los propios Colegios “son autoridad reguladora de la competencia”, sin ninguna diferencia de sustancia con la CNMC, más allá de tener configurado “un sistema institucional regulador más avanzado en el tiempo y en la calidad de su independencia frente a los poderes públicos”.
El segundo en intervenir fue Manuel Marchena, presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo. Para el magistrado, la vinculación entre el poder judicial y la abogacía va más allá del plano institucional, pues el abogado se convierte en “en cooperador de la Administración de justicia” y sin su intervención se perdería la “verdadera vigencia” de los principios que instrumentan nuestro sistema judicial. Por otro lado, Marchena recalcó la necesidad de modificar las Leyes procesales, instando a una necesaria revisión de la figura del juez instructor, y señaló que el futuro del abogado, imitando el modelo estadounidense, residirá en su habilidad “como negociador”, pues para el Magistrado “la justicia consensuada es la única solución de fontanería procesal para desatascar los Tribunales”.
A continuación, Miguel Ángel Aragüés, gerente del Colegio de Abogados de Zaragoza, desarrolló una ponencia bajo el título “Libre competencia, honorarios y control colegial del ejercicio”. Aragüés fue tajante: “sin abogados libres e independientes no hay Estado de Derecho” y, en este sentido, desgranó la importante labor de los Colegios Profesionales, que además de sus funciones organizadoras de la profesión, protegen y garantizan una correcta y completa labor por parte de los letrados (v.g. no hay ninguna ley que establezca la obligación de tener asegurada la responsabilidad civil, son los Colegios quiénes la han recogido en sus códigos deontológicos).
El último en intervenir fue Eugenio Gay Montalvo, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, que ofreció un detallado retrato del papel de la abogacía a lo largo de la historia, desde Grecia hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, momento en el que, para Gay Montalvo, “se crea el Estado de Derecho como lo conocemos al consagrar la tutela judicial efectiva”. El vicepresidente tuvo además unas palabras en relación a la compleja situación que vivimos actualmente: recordando el mandato romano a los letrados, en quiénes hacía recaer “la salud de la República”, Gay Montalvo expresó su deseo de que “los abogados procuren ser los defensores de los derechos en estos días”.
El espíritu de la jornada, como señaló Aragüés, quedaría resumido en las palabras del antiguo decano de esta institución, Antonio Pedrol Rius, en los trabajos parlamentarios: “La libertad se llama Colegio”.