El Observatorio de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) celebró ayer, 10 de noviembre, la presentación de Génesis, fundamento y evolución del Derecho Penal Internacional, de la abogada y copresidenta del Observatorio Maite Parejo Sousa, publicado por Tirant lo Blanch. La obra dio pie a un coloquio sobre el papel de la Corte Penal Internacional y de los tribunales nacionales en la investigación de los crímenes más graves, así como sobre las posibilidades que ofrece la jurisdicción universal para reducir las lagunas de impunidad.
La vicedecana del ICAM, Isabel Winkels Arce, inauguró el acto reivindicando el papel de la abogacía en la defensa de los derechos humanos y en el acceso de las víctimas a la justicia. Destacó la labor del Observatorio al promover espacios de estudio y debate en los que los profesionales pueden conocer de primera mano la experiencia de quienes trabajan sobre el terreno. Winkels recordó que «la justicia no es una aspiración abstracta para las víctimas y sus familias» y subrayó la importancia de que puedan conocer la verdad de lo sucedido y obtener reparación.
Emilio Ramírez de Matos, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM y copresidente del Observatorio de Derechos Humanos, intervino en la apertura y moderó la mesa. Recordó que la creación del Observatorio en 2023 partió de una iniciativa de Maite Parejo Sousa y destacó que su libro «nos da una visión muy didáctica de lo que es el Derecho Penal Internacional». En su lectura de la obra, señaló tres ejes que sirvieron de punto de partida para el coloquio: el poder, la justicia y las víctimas. A partir de ellos, planteó qué mecanismos existen para «controlar al que tiene que controlar».
La cooperación entre tribunales frente a la impunidad
Maite Parejo Sousa explicó que la investigación “nació de una doble inquietud, por una parte profesional y por otra intelectual”, a la que se sumaron su preocupación por la situación de los derechos humanos y su experiencia en causas por graves violaciones. El libro recorre la evolución de la justicia penal internacional desde Núremberg y Tokio hasta la Corte Penal Internacional, pasando por los tribunales ad hoc, mixtos e híbridos. Durante el coloquio, la autora defendió que “hay que construir una actuación coordinada de tres jurisdicciones” y se refirió a la Corte Penal Internacional, a los tribunales de los países donde se cometen los crímenes y a los de otros Estados que puedan intervenir, entre otras vías, mediante la jurisdicción universal.
A continuación, Carmen Pérez González, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y vicerrectora de Relaciones Institucionales, Igualdad, Cooperación y Desarrollo Sostenible de la Universidad Carlos III de Madrid, abordó los límites de las amnistías y el papel de la pena en los procesos de justicia transicional. Defendió que “tiene que haber una sanción que, aunque sea atenuada, tiene que ser una sanción real y no meramente simbólica” y señaló que la reducción de la pena puede vincularse a aportaciones concretas a la verdad y la reparación.
José Ricardo de Prada Solaesa, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y juez del Mecanismo Residual Internacional de Naciones Unidas para los Tribunales Penales, recordó el papel que desempeñó la Audiencia Nacional en las causas relacionadas con los crímenes del Cono Sur. Destacó en el libro la “doble vertiente” de Parejo, como investigadora y como jurista con experiencia ante los tribunales. También planteó cómo pueden colaborar los órganos judiciales nacionales con la Corte Penal Internacional mediante diligencias que permitan preservar pruebas.
Por su parte, Héctor Olasolo Alonso, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario y presidente del Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional, intervino por videoconferencia desde Bogotá. El catedrático vinculó la evolución de la justicia penal internacional con los cambios en el equilibrio de poder tras la Segunda Guerra Mundial y el final de la Guerra Fría. En el contexto actual, advirtió de que las actividades de la Corte Penal Internacional “dependen intrínsecamente del apoyo de los Estados” y planteó qué garantías de independencia e imparcialidad ofrecen los tribunales creados para conocer de un conflicto concreto frente a una jurisdicción permanente.
En el cierre, Parejo reivindicó el papel de la sociedad civil en el desarrollo de la justicia penal internacional y recordó que “las víctimas, los familiares, las organizaciones de derechos humanos son los que no han cesado en exigir la rendición de cuentas”.