PENAL
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 20 de octubre de 2026. Recurso Nº: 8424/2023. Ponente: Excma Sra Susana Polo García
Delito de blanqueo de capitales. Dilaciones post juicio. No es aceptable ponderar a efectos de la atenuante tiempos posteriores a la terminación del juicio, ya que en rigor en el momento en que se cierra el juicio con el «visto para sentencia» ningún hecho nuevo podrá acrecer el objeto procesal.
En el momento del visto para sentencia queda clausurada la posibilidad de nuevos elementos fácticos con influjo en un enjuiciamiento ya cerrado, aunque revisable. En esos casos hay que acudir, si procede, a otros remedios (v. gr. el indulto: vid art. 4 CP). Lo que suceda después no puede ser relevante para el enjuiciamiento. Podrá tener incidencia excepcionalmente, solo en la apelación, el acopio de pruebas novedosas sobre hechos anteriores a la sentencia, pero no el acaecimiento de nuevos hechos. El objeto del proceso penal -el hecho justiciable con todas sus circunstancias- cristaliza definitivamente en el instante en que se pronuncia esa fórmula cuasi sacramental «visto para sentencia»
FUNDAMENTO JURÍDICO
FDJ SEGUNDO: (…) “ 2.2.Hemos dicho en la reciente Sentencia de Pleno 510/2026, de 16 de julio: «Una eventual objeción sobre la insuficiencia del hecho probado que ni recoge, ni podía recoger, esa incidencia sobrevenida es sorteable. Pese a la dicción del art. 849.1 LECrim que obliga a atender en exclusiva el relato de hechos probados, son admisibles algunas modulaciones. Una de ellas es la que se presenta aquí. Estamos ante hechos intraprocesales. Ciertamente, ni hay constancia en la sentencia de la base o fundamento de la atenuante que no se discutió en primera instancia y se trata de introducir ex novoen el recurso de casación; ni podría haberla pues son dilaciones posteriores a la sentencia. Tampoco la sentencia de apelación modificó el hecho probado. Contar con una base fáctica es requisito indispensable para estimar un motivo por el cauce del art. 849.1º que reclama partir de los hechos probados ( art. 884.3º LECrim) (…) La necesidad de acudir a ese expediente anuncia ya un dato que convierte en singular la cuestión a la que nos enfrentamos: una atenuante que, aparece ¡después del enjuiciamiento! De ahí las reticencias que la jurisprudencia más reciente (vid STS 445/2022, de 5 de mayo o 1078/2025, de 29 de enero) de forma creciente viene mostrando para acoger esta atenuante en esos supuestos. Siempre será una cuestión nueva; por definición. Y las cuestiones nuevas están desterradas del control impugnativo.» Pero, es más, sigue razonando la citada sentencia que «La STS 445/2022, de 5 de mayo es muestra próxima de una doctrina que ha ido desplazando y arrinconando posicionamientos anteriores. En idéntica línea se mueve la STS 1078/2025, de 29 de enero de 2026. Sin negar tajantemente la posibilidad, se muestra reacia a valorar retrasos ocasionados tras el juicio oral o en trámites posteriores (notificación de la sentencia, eventual recurso…). (…) La vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas puede derivar tanto del retraso en el enjuiciamiento, como del tiempo invertido en actuaciones posteriores: notificación de la sentencia, tramitación de los eventuales recursos (incluido el proceso de amparo, si se acuerda la suspensión); e incluso también, en cierta manera, por la parsimonia en la ejecución. Eso, en un plano constitucional -constatación de la vulneración de un derecho fundamental-, no se puede negar. Se ha afectado a ese derecho del que es titular -no podemos olvidarlo- no solo el condenado sino también, en su caso, los acusados absueltos o las posibles víctimas (con modulaciones, también la acusación pública, al tratarse de un derecho fundamental procesal). Plano diferente y diferenciable es el de la legalidad penal. La Constitución reconoce a todos los ciudadanos el derecho a que las actuaciones jurisdiccionales que le afectan sean ágiles. Luego, el legislador, con esa base orientadora, establecerá mecanismos que favorezcan ese objetivo constitucional ( art. 324 LECrim, fijación de plazos en las actuaciones procesales, diseño procesal…) o mecanismos de reparación (indemnización por mal funcionamiento, institución de la caducidad, posibilidad de indulto precedido de la suspensión de la ejecución o previsión de una atenuante). En ese estrato es en el que nos movemos para decidir si, en relación al recurrente, eso ha de traducirse o no en una atenuante y de qué intensidad. Ambos niveles son distinguibles y no necesariamente coincidentes. Algunas dilaciones indebidas se compensan con una atenuante. Muchas otras -la mayoría- (acusado absuelto, víctimas, dilaciones en amparo), no. La Constitución sienta el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, pero no el derecho a una atenuante cuando se vulnere ese derecho. Esto es tema de política legislativa. La Ley podría prescindir de la atenuante sin vulnerar la Constitución. Como tampoco vulnera la Constitución, perdónese lo extravagante del ejemplo, no apreciar una agravante para compensar a la víctima cuando es ella la perjudicada por las dilaciones. Que las víctimas o acusaciones carezcan de un mecanismo de compensación equiparable al previsto para el condenado no es inconstitucional. Delimitar el ámbito y requisitos de la atenuante es un problema de legalidad ordinaria y no constitucional. Esto obliga a plantearnos si la referencia a la «tramitación del procedimiento» ( art. 21.6 CP) abarca también las fases y actuaciones posteriores al juicio oral; es decir, si podemos sumar los lapsos temporales originados por la sustanciación del recurso.». Concluimos en la sentencia analizada que en situaciones como las que plantea el recurrente deben rechazarse; «Al no interesarse por la sentencia a través de su representación procesal, seguramente por una estrategia y esperanza comprensibles (la causa se podía haber perdido u olvidado), asumió algunas dosis de responsabilidad en la escandalosa dilación. Prefirió consentir el retraso apostando por un olvido o extravío que le reportaría una impunidad inmerecida. No es necesario para la atenuante una reclamación previa o protesta; pero su ausencia puede ser signo de que la base de la atenuante no se presenta con igual fuerza. Si la atenuante tiene por finalidad reparar el padecimiento en un derecho fundamental (pena natural), no es congruente su apreciación con la constatación (clara y evidente; o implícita) de que las dilaciones, lejos de provocar padecimientos o perjuicios, han reportado un beneficio, perseguido directamente o, por lo menos, deseado ocultamente, ligado a la postergación del momento de ejecución de la sanción. No siempre la prontitud del castigo y el pasar página constituyen lo querido efectivamente por el infractor que, a veces (lo contrario es solo una presunción), prefiere que transcurra el mayor tiempo posible hasta la ejecución de la pena. Esa actitud in casupuede deducirse implícitamente de su pasividad ante la falta de noticias del resultado del juicio seguido contra él. Si la ratio de la atenuación radica en compensar un perjuicio, hay que ponderar la intensidad de ese daño o, su posible inexistencia en el caso concreto. De esa forma, además, se estaría provocando la lesión del mismo derecho -derecho a la celeridad procesal- del que también son titulares las partes activas del proceso. Constatar que se ha lesionado el derecho a un proceso en un plazo razonable en abstracto, no necesariamente significa que se han producido perjuicios reales que merecen ser paliados y compensados, con un beneficio legal que se traduce en una reducción penológica.». Junto con las anteriores razones, también analizamos en la sentencia citada, razones más de fondo y generalizadas, no referentes al caso concreto estudiado en la misma, ya que confluyen muy buenas razones, procesales, legales, constitucionales, y hasta de política legislativa, que generan obstáculos insalvables para su valoración a estos efectos. Así, decíamos que «Comenzaremos por las mencionadas en último lugar: no son decisivas, pero tampoco son despreciables. Aceptar la relevancia de las dilaciones tras la sentencia, incluyendo las producidas durante la tramitación del recurso, invitaría al condenado a interponer siempre (con excepciones: conformidades, penas bajas…) recurso, aunque carezca de fundamento. Abrir un trámite de impugnación supondría abrir simultáneamente la posibilidad de una atenuación si surgen retrasos; unos retrasos que, paradójicamente, serían bienvenidos. En algún caso sería un acicate decisivo para recurrir: supuestos en que se esté rozando el dintel inferior, bien de la atenuación, bien de su cualificación. Para alcanzarla bastaría un poco de «suerte» en la impugnación; suerte, que se concretaría en unos íntimamente deseados -e inconfesadamente perseguidos- retrasos. En un plano teórico existen mecanismos para atajar esas estrategias ( art. 11 LOPJ y exclusión del cómputo de dilaciones achacables al condenado). Pero esos correctivos no son de fácil aplicación. En principio la interposición legítima de un recurso, por bajo que sea el pronóstico de prosperabilidad, no podría considerarse dilación descontable por ser responsabilidad del recurrente. Se limita a ejercer su derecho. El doble escalón impugnativo -apelación y casación- existente desde 2015 multiplica las posibilidades de sumar tiempos para alcanzar los periodos necesarios para la atenuante o para su cualificación; más si se cuenta, como involuntaria aliada en ese objetivo, con una maltratada administración de justicia cuyos engranajes parecen oxidados por falta de inversión y una cronificada penuria de medios materiales y personales: si la sentencia de apelación en este caso llegó tres años después, en la casación se ha invertido un tiempo cercano. No se entendería, por lo demás, por qué excluir la lentitud en la resolución de una demanda de amparo o una petición de indulto cuando la ejecución ha quedado suspendida. Llegado años después el momento de ejecución ¿qué razón material habría para excluir la atenuación? ¿Qué justifica la discriminación frente a dilaciones en los recursos? ¿Por qué estas atenúan y no las propiciadas por una demanda de amparo tramitada lentamente? (…) Se detectan igualmente problemas de estructura procesal, basados en la arquitectura básica del proceso. Se ha dicho que cierta contradictio in terminisencierra la casación (o, en su caso, la revocación) de una sentencia por no apreciar una atenuante basada en hechos (dilaciones) que no se habían producido cuando el Tribunal a quola deliberó y votó. Como no sería correcto casar la sentencia de condena recaída contra quien falleció mientras pendía el recurso. Lo procedente es una resolución ex novo,declarar extinguida la acción penal, nunca casar la sentencia para absolver por haber sobrevenido una causa de extinción de la responsabilidad penal. El argumento es proyectable a otros supuestos (por ejemplo, prescripción, por referirnos a una situación también ligada al transcurso del tiempo). La naturaleza revisora de los recursos obliga a resolver atendiendo al material de que disponía el Tribunal de instancia, salvo, solo en el caso de la apelación, introducción de nuevos elementos probatorios siempre referidos a hechos anteriores al juicio. Son concebibles atenuantes ex post facto.Lo demuestran los números 4 y 5 del art. 21 CP (que, en todo caso, tienen como lógico último límite temporal el acto del juicio). De hecho, la presencia de ese tipo de atenuantes en el Código Penal de 1995 fue argumento que alentó el cambio de postura de este Tribunal respecto la admisibilidad de la atenuante de dilaciones indebidas. Su comparación con la morfología de esas atenuantes abona la tesis que se sostiene: tienen un límite temporal infranqueable establecido, entre otras, por esas razones procesales. Aunque la eficacia sea equiparable en relación al objetivo perseguido, no puede admitirse en apelación una atenuante de reparación por el pago voluntario de la indemnización, en cuanto se conoció la sentencia o ¡acabado el juicio! Construir atenuantes post iudiciumes, tesis con un andamiaje jurídico extremadamente frágil, salvo que sacrifiquemos o modulemos hasta deformarlos algunos principios sustantivos y procesales básicos (contradicción o prohibición de cuestiones nuevas), amén de traicionar la naturaleza revisora del recurso de casación. Apreciando en casación la atenuante con la base de retrasos posteriores a la sentencia padecerá siempre -mucho o poco; o ¡todo!- el principio de contradicción. En el momento del enjuiciamiento no se habían producido los hechos determinantes de esa pretendida atenuación. No habrá podido contradecirse la alegación que, solo si es invocada en casación, podrá ser rebatida. Extremando la cuestión, ¿no producen en principio los mismos presuntos trastornos los retrasos en la ejecución?; ¿qué razones hay para negar la atenuante a quien ve cómo se posterga, sin razón alguna, la ejecución de la sentencia dictada contra él?; ¿No estaríamos ante una posible causal de revisión: hechos sobrevenidos que determinarían una pena inferior ( art. 954 LECrim)? ¿Por qué excluir los eventuales retrasos producidos en la tramitación de una demanda de amparo que finalmente es desestimada -o inadmitida-? La afectación del derecho al plazo razonable del proceso es sustancialmente idéntica y con consecuencias equivalentes tanto si la sentencia de instancia, como si lo que se retrasa indebidamente es su firmeza como consecuencia de un recurso o un proceso de amparo lentamente tramitados. Igual cabe predicar de una excesiva parsimonia -disculpable o no- en la elaboración o redacción de la sentencia de casación, momento en que es ya inviable legalmente redeliberar o someter la cuestión a las partes. La atenuante es un mecanismo de legalidad ordinaria que no pretende dar solución legal a todos los casos de dilaciones indebidas sino solo a las que operan en un proceso penal en perjuicio del condenado (no, en cambio, cuando los afectados son la víctima o el acusado absuelto) y con ciertos condicionantes. Hay dilaciones compensables por esta vía (atenuación) y otras que no lo son. Su equivalencia material no es argumento para asimilarlas todas. El diferente tratamiento viene justificado por razones nada fútiles. Existe un derecho constitucional a un proceso sin dilaciones indebidas; pero no un derecho constitucional a una atenuante siempre que se produzcan retrasos.». Pese a reconocerse que la cuestión es controvertida entendemos que no es aceptable ponderar a efectos de la atenuante tiempos posteriores a la terminación del juicio «En rigor en el momento en que se cierra el juicio con el «visto para sentencia» ningún «hecho» nuevo podrá acrecer el objeto procesal. Podrán introducirse pruebas nuevas; pero no hechos posteriores. Ni siquiera el pago de las indemnizaciones o un fallecimiento sobrevenido alteraría el objeto; se habrá extinguido la obligación de pago o la responsabilidad penal; pero el pronunciamiento de la sentencia no será modificable por vía de recurso desde la ortodoxia procesal. Todas las atenuantes anudadas a hechos posteriores a la conducta delictiva señalan una referencia cronológica que actúa, sin excepción, como obligado límite temporal. La de confesión a las autoridades ha de producirse antes de que el procedimiento judicial se dirija contra el culpable ( art. 21.4 CP); la reparación del daño causado a la víctima puede verificarse en cualquier momento del procedimiento, pero con anterioridad a la celebración del juicio oral ( art. 21.5 CP). Ese tope cronológico no es caprichoso. Entronca con la necesidad material de que los presupuestos fácticos de la atenuación -de aquélla y de cualesquiera otras- sean objeto de discusión y debate en el juicio oral. La apreciación de una hipotética atenuante, cuyo hecho desencadenante se ha producido después de la formalización del objeto del proceso, superada la fase de conclusiones definitivas ¡y dictada ya sentencia! encierra un entendimiento excesivamente audaz de los límites cognitivos de esta Sala al resolver el recurso de casación. Una poena naturalisque aparece después del enjuiciamiento no tiene potencialidad para condicionarlo, sin perjuicio de un eventual indulto, total o parcial.
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 22 de octubre de 2026. Recurso Nº: 8373/2023. Ponente: Excma. Sra. Dª. Carmen Lamela Diaz.
Delito de deslealtad profesional por imprudencia grave del artículo 467.2 del Código Penal. Se cumplen los elementos del tipo, al no tratarse de una simple deficiencia en el seguimiento del asunto, sino de la omisión de un deber profesional elemental que determinó directamente el archivo del procedimiento y la pérdida definitiva de la tutela judicial pretendida.
Los recurrentes, debidamente citados, dejaron de comparecer al juicio laboral y tampoco avisaron a su cliente. Esa omisión produjo de manera inmediata que fuera tenido por desistido de la demanda. El perjuicio no consiste en la pérdida cierta de una prestación económica cuya concesión se dé por segura, sino en la definitiva privación de la posibilidad de que la pretensión ya deducida fuera examinada y resuelta judicialmente. La pérdida de esa oportunidad procesal es real, concreta y patente, pues el procedimiento quedó archivado sin decisión sobre el fondo y la reclamación no podía ya reproducirse.
FUNDAMENTO JURÍDICO
FDJ SEGUNDO: (…) Los recurrentes sostienen que, una vez que la Audiencia Provincial situó la conducta típica exclusivamente en la inasistencia al juicio laboral, el daño producido debería limitarse al que hubiere acaecido a consecuencia de tal inasistencia. Señalan que las resoluciones dictadas en el procedimiento no contemplan la concurrencia de perjuicio económico, y ello porque no se acreditó daño económico, pues la prueba pericial concluyó que las posibilidades de que prosperase la pretensión de incapacidad permanente absoluta eran limitadas y no permitió cuantificar perjuicio patrimonial alguno. Tampoco existe a su juicio daño material causado por la inasistencia al acto de la vista, pues el daño objetivo lo circunscribe la Audiencia Provincial a la pérdida de oportunidad. Los recurrentes estiman no acreditada una verdadera pérdida de oportunidad, ya que el interesado ya había alcanzado la edad de jubilación cuando se produjo la inasistencia, por lo que la imposibilidad de formular posteriormente una nueva solicitud obedecía a su edad y no a la actuación de los acusados. Añaden que difícilmente podía hablarse de oportunidad perdida cuando la pretensión presentaba escasas posibilidades de éxito. En cuanto al daño moral indemnizado con 3.000 euros, alegan que procedería esencialmente de la posterior ocultación de lo sucedido y de las falsas informaciones facilitadas durante varios años. Como la propia Audiencia afirmó que esas actuaciones posteriores eran penalmente irrelevantes por haberse consumado ya el delito, sus consecuencias tampoco podrían integrar el perjuicio típico. Con apoyo en la jurisprudencia que exige un perjuicio palpable, patente u ostensible y recuerda el carácter de última ratio del Derecho penal, concluyen que los hechos podrían generar responsabilidad disciplinaria o civil, pero no reúnen los elementos del art. 467.2 CP, por lo que solicitan la absolución 2. El cauce casacional del art. 849.1 LECrim exige el más estricto respeto al relato de hechos probados, pues únicamente permite comprobar si los hechos declarados probados han sido correctamente subsumidos en el precepto penal aplicado. No cabe, por tanto, reconstruir el supuesto fáctico a partir de una valoración alternativa de la prueba pericial ni sustituir las conclusiones de la sentencia por otras más favorables a los recurrentes. El hecho probado afirma que la incomparecencia de los letrados provocó que el demandante fuera tenido por desistido y que, «Como consecuencia de la actuación de los dos acusados, D. Matías ya no pudo presentar una nueva petición de incapacidad permanente absoluta al haber cumplido ya los 65 años, edad mínima de jubilación, con el consiguiente perjuicio que ello supone para su persona.» El art. 467.2 CP sanciona al abogado o procurador que, por acción u omisión, «perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados». En la STS 137/2016, de 24 de febrero, identificábamos como elementos del delito del art. 467.2 CP la condición de abogado o procurador del sujeto activo, una acción u omisión profesional, la causación de un perjuicio manifiesto a los intereses encomendados y una conducta dolosa o, en la modalidad atenuada, constitutiva de imprudencia grave. En la misma sentencia precisábamos que el precepto se reserva para las conductas profesionales más intolerables, que exceden del ámbito meramente disciplinario o civil. También ha declarado esta Sala que el perjuicio debe ser real, manifiesto e imputable a la acción u omisión del profesional, pero no tiene que poseer necesariamente contenido económico. Así lo expresábamos en la STS 649/2020, de 1 de diciembre, en la que admitíamos como perjuicio típico la frustración de las legítimas expectativas procesales del cliente, incluso cuando no pueda asegurarse que la actuación profesional omitida hubiera determinado una resolución favorable, siempre que no se acredite su absoluta inutilidad. En esta sentencia afirmábamos además la posibilidad de que el perjuicio causado sea únicamente el daño moral, recordando que «Efectivamente, en nuestra jurisprudencia hemos interpretado la exigencia del perjuicio manifiesto que exige el tipo no sólo por la acción u omisión del abogado o del procurador sino en que el perjuicio sea manifiesto, realmente producido (en este sentido STS 1138/09, de 20 de noviembre ) e imputable al profesional, aunque no se precisa sea económico ( STS 1547/97) ( STS nº 137/2016, de 24 de febrero) (…) Nada obsta a la apreciación del perjuicio el que su evaluación económica solo sea posible a través del concepto del daño moral, apreciable en tanto se defraudaron las legítimas expectativas de la cliente, previamente incrementadas por el propio recurrente, sobre la base de la aportación de informes médicos en apoyo de sus pretensiones». En atención a estos razonamientos, esta sentencia confirmó que la defraudación de las legítimas expectativas procesales puede ser indemnizada como daño moral aunque no pueda cuantificarse una pérdida patrimonial cierta. En el mismo sentido, la STS 137/2016, antes citada, admitió la existencia de perjuicio moral cuando los clientes fueron mantenidos durante años en la creencia de que se había tramitado una reclamación inexistente. Así pues, el precepto no exige la acreditación de un daño material o patrimonial autónomo, ni que pueda cuantificarse la ventaja económica que el cliente habría obtenido de haberse desarrollado correctamente la actuación profesional. El resultado típico consiste en el menoscabo efectivo y manifiesto de los concretos intereses confiados al abogado. Por ello, la inexistencia de una pérdida económica cierta no equivale a la inexistencia del perjuicio requerido por el tipo.
3. Todos estos requisitos concurren en el supuesto examinado. Los recurrentes, debidamente citados, dejaron de comparecer al juicio laboral y tampoco avisaron a su cliente. Esa omisión produjo de manera inmediata que fuera tenido por desistido de la demanda. El perjuicio no consiste en la pérdida cierta de una prestación económica cuya concesión se dé por segura, sino en la definitiva privación de la posibilidad de que la pretensión ya deducida fuera examinada y resuelta judicialmente. La pérdida de esa oportunidad procesal es real, concreta y patente, pues el procedimiento quedó archivado sin decisión sobre el fondo y la reclamación no podía ya reproducirse. La circunstancia de que las posibilidades de éxito fueran reducidas no elimina ese perjuicio. Una expectativa limitada no equivale a una pretensión absolutamente inviable. Exigir la demostración de que la demanda habría sido estimada supondría identificar indebidamente la pérdida de oportunidad con la pérdida íntegra de la ventaja económica perseguida. Precisamente porque no puede saberse cuál habría sido el resultado del proceso frustrado, el perjuicio reside en haber privado al cliente de la posibilidad de obtener una decisión jurisdiccional. En todo caso, la propia presentación de la demanda constituye un dato incompatible con la afirmación de que la pretensión carecía absolutamente de viabilidad, pues revela que los acusados apreciaron, al menos, una posibilidad de obtener una resolución favorable a los intereses de su cliente. Tampoco puede afirmarse que la imposibilidad de formular una nueva reclamación obedeciera exclusivamente al cumplimiento de la edad de jubilación y no a la actuación de los recurrentes. El demandante disponía de una pretensión ya ejercitada y pendiente de resolución. El cumplimiento de la edad de jubilación impedía iniciar un nuevo procedimiento, pero fue la incomparecencia de los profesionales la que provocó el desistimiento y la pérdida irreversible del procedimiento todavía en curso. De haber cumplido aquellos el deber profesional de asistir a la vista, la pretensión habría sido examinada y resuelta con independencia de que el interesado hubiera alcanzado ya aquella edad. Existe, por ello, una relación causal directa entre la omisión profesional y el resultado perjudicial, semejante a la apreciada por la STS 59/2020, de 20 de febrero, que consideró concurrente el perjuicio manifiesto cuando la omisión del abogado produjo directamente la ejecución y el embargo contra su cliente. En ambos casos el perjuicio no deriva de una conjetura, sino de una consecuencia procesal efectivamente producida por el incumplimiento profesional. No existe tampoco la contradicción denunciada respecto del daño moral. La Audiencia Provincial declaró que el delito quedó consumado con la inasistencia al juicio y el consiguiente desistimiento, por lo que las posteriores ocultaciones no podían utilizarse para transformar en dolosa la conducta imprudente ya consumada. Pero esa consideración no desvirtúa la existencia del perjuicio típico, que ya se había producido con el archivo del procedimiento y la pérdida definitiva de la oportunidad de obtener una resolución sobre el fondo. La eventual incidencia de las posteriores ocultaciones en la extensión del daño moral pertenece al ámbito de la responsabilidad civil y no condiciona la concurrencia del elemento objetivo del art. 467.2 CP.
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 22 de octubre de 2026. Recurso Nº: 8198/2023. Ponente: Excmo. Sr. D. Leopoldo Puente Segura
Recurso contra auto que rechaza abonar dos veces la prisión provisional padecida. Artículo 58 del Código Penal. La actual redacción solo resulta aplicable a partir de su fecha de entrada tras la redacción dada por la LO 5/2010; manteniéndose el criterio interpretativo anterior sentado en la STC 57/2008 para la redacción previa a la reforma.
El artículo 58 del Código Penal, en su actual redacción, tras proclamar que el tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente será abonado en su totalidad para el cumplimiento de la pena impuesta en la causa en que dicha privación fue acordada, establece, como excepción, que dicho período (de prisión provisional) «haya coincidido con cualquier privación de libertad impuesta al penado en otra causa, que le haya sido abonada o le sea abonable en ella. En ningún caso, un mismo período de privación de libertad podrá ser abonado en más de una causa».
FUNDAMENTO JURÍDICO
FDJ SEGUNDO: (…) 2.1.- Por todas, la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional número 48/2016, de 14 de marzo, se enfrenta con un supuesto en el cual, en síntesis, se trataba de determinar si vulneraba el derecho a la libertad personal ( art. 17.1 CE) del entonces recurrente la decisión judicial de no computar el tiempo simultáneamente cumplido en la condición de preso preventivo y penado para determinar el periodo de cumplimiento efectivo de la condena impuesta. La decisión judicial impugnada se fundaba en el argumento de que, tratándose de la ejecución de una sentencia dictada con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, el precepto aplicable era el art. 58.1 del Código Penal en la redacción dada por la citada Ley Orgánica 5/2010, que impide el doble cómputo. El máximo intérprete de nuestras garantías constitucionales dejó establecido al respecto (…) 2.2.- Dicha doctrina, que la parte invoca de manera explícita en su recurso, debe, sin embargo, ser bien entendida. El artículo 58 del Código Penal, en su actual redacción, tras proclamar que el tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente será abonado en su totalidad para el cumplimiento de la pena impuesta en la causa en que dicha privación fue acordada, establece, como excepción, que dicho período (de prisión provisional) «haya coincidido con cualquier privación de libertad impuesta al penado en otra causa, que le haya sido abonada o le sea abonable en ella. En ningún caso, un mismo período de privación de libertad podrá ser abonado en más de una causa». Sin embargo, en la redacción anterior a la ley orgánica 5/2010, no se contemplaba dicha explícita excepción, lo que condujo a considerar finalmente que en aplicación de la referida norma el período de prisión debía ser abonado en la causa en la que se padeció, con independencia de que durante el mismo se estuviera también privado de libertad por decisión adoptada en un procedimiento distinto. Pero dicha doctrina no conduce a estimar las pretensiones del aquí recurrente. En efecto, con la regulación resultante de la reforma de 2010, el período comprendido entre los días 21 de febrero de 1990 a 1 de abril de 1992, durante el que el ahora recurrente permaneció en prisión provisional por la causa seguida en la Audiencia Provincial de Zaragoza no podría ser abonado para el cumplimiento de la pena que en dicho procedimiento le fue impuesta, habida cuenta de que durante el mismo padecía también una privación de libertad establecida en otra causa (se encontraba cumpliendo una pena distinta). Sin embargo, con aplicación de la regulación anterior, previa a la reforma de 2010, resultaba posible el conocido como «doble cómputo»: de un lado, ese período concurrente se tendría en cuenta, desde luego, como de cumplimiento de la pena impuesta, pero, además, en atención a la situación provisional de privación de libertad padecida en otra causa, debería descontarse de la liquidación correspondiente a la ejecución de la pena que le fuera eventualmente impuesta en ella. El recurso se desestima. F A L L O Por eso, afirma el auto recurrido que el período que se cuestiona, 21 de febrero de 1990 a 1 de abril de 1992, ya ha sido abonado en la liquidación de la pena impuesta en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial. Pero ello no permite, en cambio, salvo partiendo de un defectuoso entendimiento de la doctrina del «doble cómputo», considerar que el abono en la liquidación deba efectuarse dos veces. En suma, durante el referido período el ahora recurrente estuvo, por una parte, cumpliendo la pena que le fue impuesta en un procedimiento distinto (lo que, sin duda, se tuvo en cuenta como tal período de cumplimiento); y, a su vez, ese mismo tiempo, habida cuenta de la prisión provisional padecida en la causa que se siguió en la Audiencia Provincial de Zaragoza, hubo de serle abonado (claro es, una vez y no dos) a los efectos de liquidación de la pena que en dicha sentencia le fue impuesta