CIVIL
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 29 de septiembre de 2026. Recurso n.º 8474/2025. Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg
Atribución del uso de la vivienda familiar en caso de custodia compartida.
A las situaciones de tal clase, se les aplica el art. 96 del CC, que no contiene, sin embargo, una regulación propia para estos supuestos de custodia compartida, lo que ha determinado que tal problemática tuviera que abordarse por parte de los tribunales.
FUNDAMENTO JURÍDICO
“TERCERO.- La atribución del uso de la vivienda familiar en los casos de custodia compartida El domicilio familiar es el lugar de convivencia de los hijos con sus padres en donde satisfacen las indeclinables necesidades de habitación; pero, al mismo tiempo, es un bien patrimonial susceptible de titularidad dominical y posesión, cuyo uso debe ser atribuido, al producirse la fractura de la relación conyugal, conforme a los criterios establecidos en el art. 96 del CC, que constituyen un régimen jurídico aplicable, también, a los casos de las uniones more uxorio como la que constituye el objeto de este proceso. En efecto, una de las medidas más importantes, que deben ser adoptadas en los procesos de familia, es la concerniente a la atribución del uso de la vivienda familiar, que deja de ser el espacio de convivencia de los progenitores con su prole para convertirse en el lugar en el que se lleva a efecto la vida en común del progenitor/ a custodio/a con los hijos del matrimonio o de la pareja; todo ello, claro está, sin perjuicio del derecho de visitas a favor del padre o madre que no tenga consigo a los hijos menores para relacionarse con ellos, disfrutar de su compañía, y mantener vivos los vínculos asistenciales y afectivos inherentes a las relaciones paternofiliales (art. 94 CC). Pues bien, en la adopción de una decisión judicial de tal clase, confluyen un conjunto de circunstancias que han de ser debidamente ponderadas, como el interés superior de los hijos menores de edad, que no es susceptible de ser relegado por ser de preferente y decisiva aplicación, la especial protección que también merecen los hijos con discapacidad, los propios intereses de los progenitores, en tanto en cuanto la vivienda común, cuando sea de titularidad conjunta, constituye normalmente el bien de mayor valor del régimen económico matrimonial de los litigantes, que ha de ser objeto de la oportuna liquidación; por otra parte, esta vivienda puede ser, también, privativa de uno de ellos, o, incluso de terceros -normalmente los padres de unos de los miembros de la parejaque, en no pocas ocasiones, la ceden, en concepto de precario, para que constituya la residencia de la unidad familiar conformada por la pareja y sus hijos. En el caso que ahora nos ocupa, nos hallamos ante una unión de hecho en el que se acordó una custodia compartida con alternancia semanal respectiva a favor del padre y de la madre. A las situaciones de tal clase, en defecto de una normativa específica, se les aplica el art. 96 del CC, que no contiene, sin embargo, una regulación propia para estos supuestos de custodia compartida, lo que ha determinado que tal problemática tuviera que abordarse por parte de los tribunales. (…) Para tomar la decisión procedente la jurisprudencia establece que se atenderá especialmente al interés más necesitado de protección en función del riesgo de poner en peligro el régimen de custodia compartida, y la titularidad de la vivienda (privativa o común), sin perjuicio de la ponderación de cualesquiera otras circunstancias concurrentes que devengan trascendentes dentro del marco de la temporalidad impuesta. En definitiva, como resulta de la STS 907/2026, de 11 de junio: «La interpretación del art. 96 del CC no se concilia con una adjudicación temporalmente ilimitada del uso de la vivienda familiar, sin perjuicio de respetar los pactos voluntariamente asumidos por los partes aprobados por el juez. »Así resulta de la circunstancia de que la atribución vinculante de la vivienda familiar a los hijos menores opera hasta que éstos alcanzan la mayoría de edad. Su adjudicación, en los supuestos de custodia compartida, debe ser temporalmente limitada en atención a las circunstancias concurrentes. Igualmente, así sucede, en el supuesto de que se confiera su uso al cónyuge más necesitado de protección. Los terceros, titulares de la vivienda familiar, cedida gratuitamente, podrán entablar acciones de precario. Y, por último, la jurisprudencia entiende que dicho límite actúa, también, en los casos de que concurran hijos con discapacidad -actualmente art. 96.1, tras reforma por Ley 8/2021, de 2 de junio-. »En definitiva, con ello se pretende conciliar los intereses concurrentes de los menores, terceros, discapacitados y cónyuge más necesitado de protección, con los derechos dominicales sobre la vivienda familiar, ya sean éstos de terceros como de los propios cónyuges en régimen de privacidad o ganancialidad. De no ser así, una adjudicación ilimitada en el tiempo implicaría una suerte de expropiación forzosa de un indiscutible valor económico del que se vería privado el titular exclusivo o cotitular de la precitada vivienda, que conforma un bien de trascendente importancia económica en la mayoría de las ocasiones, además, el del mayor valor de la sociedad económica conyugal». Y así, con esta finalidad de favorecer el tránsito a la nueva situación derivada de la custodia compartida, se han fijado plazos de uso temporal, con valoración de las circunstancias concurrentes que han oscilado desde un año (sentencias 51/2016, de 11 de febrero; 251/2016, de 13 de abril; 545/2016, de 16 de septiembre; 314/2022, de 20 de abril; 556/2022, de 11 de julio y 138/2023, de 31 de enero); de dos años (sentencias 513/2017, de 22 de septiembre; 15/2020, de 16 de enero; 558/2020 y 870/2021, de 20 de diciembre y 835/2022, de 25 de noviembre); tres años (sentencias 465/2015, de 9 de septiembre y 294/2017, de 12 de mayo), uso por anualidades alternas (sentencia 95/2018, de 20 de febrero), o, en fin, hasta que se proceda a la liquidación de la sociedad legal de gananciales (sentencia 183/2017, de 14 de marzo). En definitiva, uso temporal conferido en consonancia con un imprescindible juicio circunstancial motivado y en atención a lo postulado por las partes.”
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 29 de septiembre de 2026. Recurso n.º 4954/2024. Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg
Criterios determinantes para la conversión de la pensión compensatoria con carácter ilimitado en otra de una duración temporal.
Establecer una pensión compensatoria, de forma temporal, requiere constatar la concurrencia de una situación de idoneidad para superar el desequilibrio económico transcurrido un determinado periodo de tiempo, lo que implica realizar un juicio prospectivo, que ha de ser circunstancial, real y prudente, a los efectos de predecir si, en el futuro, el acreedor o acreedora de la pensión podrá contar con recursos propios suficientes para superar el desequilibrio base de la pensión.
FUNDAMENTO JURÍDICO
“TERCERO.- La fijación temporal de la pensión compensatoria Hemos señalado, en las SSTS 100/2020, de 20 de febrero; 418/2020, de 13 de julio; 807/2021, de 23 de noviembre; 435/2022, de 30 de mayo; 1429/2023, de 17 de octubre y 1634/2025, de 13 de noviembre, entre otras, que: «[l]a pensión compensatoria se configura como un derecho personalísimo de crédito, normalmente de tracto sucesivo, fijado en forma de pensión indefinida o limitada temporalmente, susceptible, no obstante, de ser abonada mediante una prestación única, incardinable dentro de la esfera dispositiva de los cónyuges, condicionada, por lo que respecta a su fijación y cuantificación, a los parámetros establecidos en el art. 97 del CC, y fundada en el desequilibrio económico existente entre los consortes en un concreto momento, como es el anterior de la convivencia marital». La finalidad de la pensión radica en compensar razonablemente el desequilibrio que la separación o el divorcio producen en uno de los cónyuges tras la ruptura (SSTS 300/2018, de 24 de mayo, 91/2014, de 19 de febrero, 104/2014, de 20 de febrero, 178/2014, de 26 de marzo, 749/2012, de 4 de diciembre; 1/2012, de 23 de enero, 1634/2025, de 13 de noviembre, entre otras), a los efectos de colocar al cónyuge perjudicado «en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto de las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial» (SSTS 300/2018, de 24 de mayo, 178/2014, de 26 de marzo, 749/2012, de 4 de diciembre y 55/2016, de 11 de febrero, 1/2012, de 23 de enero, entre otras). El desequilibrio, sobre el que se construye la fijación de la pensión, implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio, que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada cónyuge antes y después de la ruptura (SSTS 236/2018, de 17 de abril; 100/2020, de 12 de febrero; 1634/2025, de 13 de noviembre). La causa del desequilibrio ha de derivar de la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas por parte uno de los consortes como consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familia (SSTS 91 y 104/2014, de 19 y 20 de febrero). También constituye reiterada jurisprudencia la que sostiene que las circunstancias contempladas en el art. 97 del CC actúan como pautas valorativas, no solo para apreciar el desequilibrio y determinar su importe, sino también para fijar el carácter temporal o ilimitado de la pensión compensatoria (SSTS 304/2016, de 11 de mayo; 153/2018, de 15 de marzo; 692/2018, de 11 de diciembre; 598/2019, de 7 de noviembre; 120/2020, de 20 de febrero; 245/2020, de 3 de junio; 418/2020, de 13 de julio, 807/2021, de 10 de febrero; 435/2022, de 30 de mayo o más recientemente, por ejemplo, 1634/2025, de 13 de noviembre). Con respecto a la trascendencia y función de las circunstancias contempladas en el art. 97 del CC, ya nos habíamos expresado, con anterioridad, en la STS 472/2011, de 15 de junio, cuando señalamos que: «[e]l establecimiento de un límite temporal para su percepción, además de ser tan solo una posibilidad para el órgano judicial, depende de que con ello no se resienta la función de restaurar el equilibrio que le es consustancial, siendo ésta una exigencia o condición que obliga a tomar en cuenta las específicas circunstancias del caso, particularmente, aquellas de entre las comprendidas entre los factores que enumera el artículo 97 CC, (que según la doctrina de esta Sala, fijada en STS de 19 de enero de 2010, de Pleno [RC n.º 52/2006], luego reiterada en SSTS de 4 de noviembre de 2010 [RC n.º 514/2007] y 14 de febrero de 2011 [RC n.º 523/2008], entre las más recientes) tienen la doble función de actuar como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias, y, una vez determinada la concurrencia del mismo, la de actuar como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión) que permiten valorar la idoneidad o aptitud de la beneficiaria para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación del desequilibrio, juicio prospectivo para el cual el órgano judicial ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de certidumbre». Ahora bien, reconocida normativamente en el art. 97 del CC, lo que ya constituía jurisprudencia de la sala, esto es, la viabilidad de la limitación temporal de la pensión compensatoria, su fijación con tal carácter, una vez constatado el desequilibrio, exige llevar a efecto un juicio realista y prudente sobre la posibilidad de superarlo, con el transcurso del plazo fijado en la resolución judicial que así lo determine, y alcanzar, con esta medida, la función reequilibradora buscada. En consecuencia, establecer una pensión compensatoria, de forma temporal, requiere constatar la concurrencia de una situación de idoneidad para superar el desequilibrio económico transcurrido un determinado periodo de tiempo, lo que implica realizar un juicio prospectivo, que ha de ser circunstancial, real y prudente, a los efectos de predecir si, en el futuro, el acreedor o acreedora de la pensión podrá contar con recursos propios suficientes para superar el desequilibrio base de la pensión. A tales efectos, al tribunal se le exige realizar un doble pronóstico, toda vez que debe apreciar sendos elementos de naturaleza incierta, como son, por una parte, la superación del desequilibrio; y, por la otra, el plazo necesario para ello. Un juicio de tal clase, cuya complejidad a nadie se le escapa, es de naturaleza probabilística, y debe hallarse suficientemente fundamentado para no incurrir en lo que se ha denominado futurismo o mera adivinación. En definitiva, quien quiere moverse con racionalidad dentro de la incertidumbre, inherente a un pronóstico de tal clase, deberá contentarse con la probabilidad, al no ser la certeza susceptible de ser alcanzada; ahora bien, este juicio probabilístico ha de ser cualificado o intenso, no meramente intuitivo ni escasamente sustentado en el irrenunciable pilar de la racionalidad, sino fruto de sólidas y consolidadas máximas de experiencia. (…)”
PENAL
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 7 de octubre de 2026. Recurso Nº: 8008/2023. Ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta
Delito de fraude a la Seguridad Social del artículo 307 ter del Código Penal. Se realizó el pago a un pensionista que ya había fallecido, incumpliendo el familiar del deber de comunicar la inexistencia de la prestación, todo ello sin perjuicio de que el propio banco y la propia entidad pagadora no cumplieran con sus deberes de control.
Todos los pensionistas, cualquiera que sea el procedimiento de pago de sus haberes, que pierdan la aptitud legal para el cobro de la pensión, y sus causahabientes, cuando aquéllos fallecieren, deberán comunicar a sus respectivas cajas pagadoras de Hacienda el hecho de la extinción de aquel derecho, y se abstendrán de cobrar dicha pensión a partir de la fecha en que pierdan la aptitud legal o fallezcan los pensionistas, sin perjuicio de solicitar posteriormente sus herederos el pago de los haberes devengados y no percibidos por el pensionista fallecido.
FUNDAMENTO JURÍDICO
FDJ ÚNICO: (…) Consecuentemente es procedente atender a la vía impugnatoria empleada por el recurrente con un absoluto respeto al hecho declarado probado para comprobar si, desde ese respeto, y sin atender a las fuentes probatorias sino a las fuentes fácticas declaradas en el hecho probado, la subsunción la calificación jurídica es o no procedente. Desde la perspectiva expuesta comprobamos que la sentencia recurrida afirma en el hecho probado que la acusada, recordamos nieta de la pensionista, recibió desde agosto del 2013 es decir ya entrada en vigor la Ley Orgánica 7/2012, hasta diciembre del 2019 las cantidades mensuales referidas a la pensión de su abuela y fue aprovechada, dice el relato fáctico, para realizar determinados reintegros que se relacionan en el hecho probado sabiendo que la cuenta sobre la que disponía se nutría exclusivamente de la pensión de la abuela. La sentencia también refiere que el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la entidad bancaria no realizaron el control de la pervivencia de la titular de la pensión, lo cual no hace sino añadir la falta de control con la que dicho Instituto y la entidad bancaria actuaron, pero no quita fuerza fáctica de cara a señalar que los ingresos de la pensión de la fallecida de los que la nieta se aprovechó eran indebidos. El carácter indebido del recibimiento de la pensión resulta de la propia lógica de las cosas y también de las disposiciones normativas que regulan esta percepción. En efecto, y como antes señalamos, el tipo penal se rellena con la expresión del disfrute de una pensión por la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, deber de informar que surge de la normativa aplicable sobre dicha percepción. Concretamente, Real Decreto 227/1981, de 23 de enero, sobre sistemas de pago de los haberes de Clases Pasivas del Estado que, al regular el abono de las pensiones a través de entidades financieras establece el deber de pasar revista anual ordinaria (art. 7), que es complementado y desarrollado por la Orden de 7 de mayo de 1981 por la que se desarrolla el Real Decreto 227/1981, de 23 de enero, sobre sistemas de pago de los haberes de Clases Pasivas del Estado, y dispone que cuando se opta por la percepción de la pensión en la entidad bancaria, establece las responsabilidades solidarias de la entidad bancaria junto al pensionista a la devolución de las cantidades indebidas, así como la obligación, artículo 11, por la que todos los pensionistas, cualquiera que sea el procedimiento de pago de sus haberes, que pierdan la aptitud legal para el cobro de la pensión, y sus causahabientes, cuando aquéllos fallecieren, deberán comunicar a sus respectivas cajas pagadoras de Hacienda el hecho de la extinción de aquel derecho, y se abstendrán de cobrar dicha pensión a partir de la fecha en que pierdan la aptitud legal o fallezcan los pensionistas, sin perjuicio de solicitar posteriormente sus herederos el pago de los haberes devengados y no percibidos por el pensionista fallecido. F A L L O Consecuentemente, desde el hecho probado constatamos que expresa los elementos fácticos precisos para declarar que se trata de una percepción económica indebida, pues se trataba del pago a un pensionista que ya había fallecido y se incumplió el deber de comunicar la inexistencia de la prestación, todo ello sin perjuicio de que el propio banco y la propia entidad pagadora no cumplieron los deberes de control que incidirían en la categoría del engaño que en el caso, resulta del incumplimiento de los deberes anteriormente señalados en el delito de fraude de la Seguridad Social del artículo 307 ter del Código Penal, cuya aplicación era procedente al hecho probado
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 5 de octubre de 2026. Recurso Nº: 4446/2023. Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García.
Delito de fraude a la Seguridad Social del artículo 307 del Código Penal. No basta el impago, sino que es necesario ocultar la deuda o los hechos que la generan, impidiendo así a la Seguridad Social conocer su existencia y su alcance, y evitando que pueda poner en funcionamiento sus herramientas para el cobro.
No se produce una ocultación de una realidad empresarial, con la finalidad de eludir el pago de las cuotas en los ejercicios de 2015 y 2016. En línea similar podemos citar las más recientes SSTS 957/2023, de 21 de diciembre o 27/2025, de 20 de enero. El caso analizado por la STS 1050/2024, de 20 de noviembre es sustancialmente semejante: ni se oculta patrimonio ni la sucesión de empresas es ficticia. Algo parecido sucede con el supuesto contemplado en la STS 564/2018: la absolución se confirma en tanto el hecho probado evidencia trasparencia en la sucesión de empresa.
FUNDAMENTO JURÍDICO
FDJ QUINTO: (…) El término defraudar es compartido por las tipicidades de los delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública (arts. 307 y 305 CP). Es inherente a la conducta «defraudar» la presencia de un engaño o artificio, lo que supone un plus respecto al simple impago. No hay defraudación si la conducta comporta reconocer la deuda aunque omitiendo su abono. Eso no supone «defraudar». La acción típica no es no pagar, sino defraudar eludiendo el pago de cuotas. A los efectos de estos delitos la defraudación según la STS 1046/2009 consiste en ocultar la deuda o los hechos que la generan, impidiendo así a la Seguridad Social conocer su existencia y su alcance, y evitando que pueda poner en funcionamiento sus herramientas para el cobro. Se razonaba que según el Diccionario de la Real Academia, defraudar significa, según su primera acepción, «privar a alguien con abuso de su confianza o con infidelidad a las obligaciones propias, de lo que le toca de derecho», lo cual coincide con el sentido que se propone, en cuanto que las obligaciones de quien debe de ingresar las cuotas de Seguridad Social vienen precedidas del deber de declarar, que es precisamente, el primero que se incumple, dando lugar a la elusión del pago de la cantidad debida. Partiendo del hecho de que el deber de declarar, pagar o ingresar la precede, la conducta típica -defraudar eludiendo-, exige el desarrollo de acciones u omisiones que provoquen la ocultación de los hechos relevantes, lo que puede producirse mediante la mera omisión de la declaración o bien mediante una declaración incompleta: tanto una como otra ocultan la realidad y en este sentido suponen defraudación. El delito exigirá o que se omitan los boletines de cotización o que los mismos sean mendaces. Esa exégesis del verbo «defraudar» se ha teorizado hasta la saciedad en torno al delito de defraudación tributaria de estructura paralela al delito de fraude a la Seguridad Social. Son ambos delitos de omisión pero exigen algo más que el simple impago. Tal y como la describe el art. 305.1 CP, la conducta típica en el delito fiscal puede consistir en una acción o en la mera omisión. La jurisprudencia repudió desde sus primeros acercamientos a esta figura penal el mero impago como conducta típica por sí sola (SSTS de 28 de Junio y 20 de noviembre de 1.991 y de 31 de Mayo de 1.993, por citar las primeras en el tiempo). Es necesario un elemento de mendacidad, ocultación de bases tributarias, o comunicación de datos incompletos. Aunque no faltaron pronunciamientos más esporádicos negando que el delito fiscal requiriese de algún artificio, mecanismo engañoso o mise en scene, considerando típica la mera omisión sin necesidad de tergiversación o manipulación de los datos que configuran las correspondientes bases impositivas (SSTS de 2 de Marzo de 1988, 20 de Noviembre de 1992 y 25 de Febrero de 1998), la primera tesis es la que se ha acabado asentando en la jurisprudencia. A ella se adscribe la solución dada en ese precedente citado de 2009 al delito contra la Seguridad Social (por todas, STS 737/2006, de 20 de junio): «para que se produzca la conducta tipificada en el artículo 305 del Código Penal, no basta el mero impago de las cuotas, en cuanto el delito de defraudación tributaria (STS 28/6/1991, 20/11/1991, 31 de mayo 1993) requiere, además, un elemento de mendacidad, ya que el simple impago no acompañado de una maniobra mendaz podrá constituir una infracción tributaria, pero no un delito. La responsabilidad penal surge no tanto del impago como de la ocultación de bases tributarias o la ficción de beneficios fiscales o gastos deducibles inexistentes. La introducción abierta de gastos reales como deducibles que luego no son tales, no implica engaño ni supone, por tanto, conducta «defraudatoria… Como señala el Ministerio Fiscal, se puede hablar de cuotas impagadas pero no de cuotas defraudadas y deben ajustarse las cuantías defraudadas en esas cifras, lo que en ninguno de los ejercicios (como viene a admitir el recurrente al hilo del motivo décimo cuarto) supone que la cuota defraudada descienda por debajo de los 120.000 euros (20 millones de pesetas). Subsisten, pues, los tres delitos contra la Hacienda Pública, pero han de reducirse las multas que se fijan proporcionalmente en atención a la cuantía defraudada y no a la cuantía impagada y la responsabilidad civil nacida del delito, pues sólo es delictiva la elusión del pago de tributos alcanzada a través de medios engañosos». Tal sentencia 1046/2009 se preocupa de apostillar que la mecánica artificiosa usada (ir creando empresas que sucedían a las anteriores) podría constituir un delito de alzamiento de bienes. No lo analiza por no haber sido objeto de acusación. No parece que aquí el supuesto pueda ser reconducido en esos términos en tanto no se habla de clandestinidad y las deudas pendientes se van traspasando
Asunto C-521/25. Comisión/Hungría (Sanciones por el tráfico de seres humanos). Incumplimiento de Estado: Hungría infringió el Derecho de la Unión al transformar las penas privativas de libertad definitivas impuestas por tráfico de seres humanos en «detención de reintegración especial»
En 2023, Hungría adoptó un decreto gubernamental que establecía que, cuando un órgano jurisdiccional imponga una pena privativa de libertad definitiva por la preparación o la comisión de un delito de tráfico de seres humanos y ordene la expulsión del condenado en la misma resolución, la pena se convertirá automáticamente en «detención de reintegración especial». Para el condenado, esta detención implica únicamente la obligación de abandonar el territorio húngaro dentro de las setenta y dos horas siguientes a su puesta en libertad para desplazarse al país de su anterior residencia habitual o al país de su nacionalidad, quedándole prohibido regresar a territorio húngaro mientras dure la detención de reintegración especial. El decreto fue derogado el 19 de agosto de 2025; hubo 2 525 personas que se beneficiaron del régimen de detención de reintegración especial en virtud de dicho Decreto. Según la Comisión, este decreto genera un riesgo sistémico de impunidad total por el delito consistente en facilitar la inmigración ilegal, y pone en peligro el nivel elevado de seguridad en el espacio de libertad, seguridad y justicia, así como la eficacia de la política común de la Unión en materia de inmigración y control de fronteras. Al considerar que, al adoptar dicho decreto, Hungría incumplió la obligación que le incumbe en virtud del Derecho de la Unión 1 de imponer sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas, la Comisión Europea interpuso un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia.