- • Eugenio Ribón ha llevado a la agenda pública cuestiones como la revisión de los MASC obligatorios, los problemas de la Justicia Digital, las dilaciones judiciales, la falta de medios o el bloqueo de las consignaciones a raíz de la presentación de las 10 propuestas del ICAM ante la apertura del Año Judicial
El decálogo de la Junta de Gobierno del ICAM para mejorar la Justicia ha alcanzado una amplia repercusión mediática, situando en el debate público algunos de los principales problemas que afectan actualmente al funcionamiento de la Justicia y sus consecuencias directas para ciudadanos, empresas y profesionales.
Desde la presentación del decálogo, remitido por el Colegio al Gobierno y a los grupos parlamentarios, Eugenio Ribón, ha trasladado personalmente este diagnóstico a la opinión pública a través de tribunas y entrevistas.
La iniciativa parte de una premisa que la Junta de Gobierno del ICAM viene defendiendo en los últimos meses: las reformas de la Justicia deben evaluarse por sus resultados reales y por su capacidad para facilitar el ejercicio de los derechos. El ICAM plantea, así, entre otras medidas, revisar la obligatoriedad de los MASC, evaluar el funcionamiento de los Tribunales de Instancia, garantizar una Justicia Digital eficaz, reforzar los medios humanos y materiales, afrontar las dilaciones, reformar la Justicia Gratuita, avanzar en conciliación y desbloquear las cantidades retenidas en las cuentas de consignación judicial.
La voz de la abogacía, en las principales cabeceras económicas
La visión del ICAM ha tenido una presencia especialmente destacada en la prensa económica nacional.
En Cinco Días, Eugenio Ribón firma la tribuna “La Justicia que España necesita”, en la que defiende la necesidad de comprobar si las grandes reformas emprendidas están respondiendo realmente a las necesidades de quienes utilizan el sistema. El decano pone especialmente el foco en los efectos de los MASC obligatorios y en una transformación digital que, advierte, solo puede considerarse modernización si hace la Justicia más ágil, accesible y segura.
También Expansión Jurídico ha abierto su espacio de Opinión a Eugenio Ribón con la tribuna “Lo que la abogacía espera del nuevo año judicial”, reforzando la presencia de las reivindicaciones del Colegio entre la abogacía de los negocios, las asesorías jurídicas y el tejido empresarial.
La reflexión del decano se ha extendido igualmente a publicaciones jurídicas especializadas como Confilegal, que ha dedicado una información amplia al decálogo bajo el título “MASC, Justicia Digital y consignaciones bloqueadas: el decálogo que el ICAM traslada al Congreso”, destacando especialmente la petición de revisar las reformas ya implantadas a partir de sus resultados y de la experiencia acumulada por la profesión o Law & Trends, donde Ribón aborda “El fracaso de la procedibilidad de los MASC y otras reformas que conviene revertir”.
También la prensa económica se ha hecho eco de las propuestas colegiales, destacando la medida para el desbloqueo de los 4.800 millones de euros paralizados en los juzgados, así como las agencias de prensa, dando cuenta de las distintas iniciativas para mejorar la Justicia ante la apertura del año judicial.
Del debate de opinión a la agenda informativa
La repercusión alcanzada por la iniciativa refuerza uno de los objetivos del ICAM para este nuevo curso judicial: convertir la experiencia cotidiana de la abogacía en propuestas concretas de mejora y lograr que esas propuestas formen parte de la conversación institucional, política y social sobre la Justicia.
“Detrás de cada propuesta hay problemas concretos que están afectando a ciudadanos, empresas y profesionales y que, en muchos casos, tienen soluciones perfectamente abordables”, ha señalado Eugenio Ribón.
Con esta iniciativa, el ICAM reivindica así el conocimiento que aporta una profesión situada diariamente en primera línea del sistema judicial y reclama que cualquier proceso de modernización parta de sus efectos reales sobre quienes necesitan hacer valer sus derechos.
Como resume el Decano, “la calidad de la Justicia no se mide por el número de reformas aprobadas. Se mide por la confianza que merece y por las respuestas reales que es capaz de ofrecer a ciudadanos y empresas cuando necesitan hacer valer sus derechos”.