El Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha comparecido este martes ante el Tribunal Supremo como testigo en el juicio que se sigue contra el Fiscal General del Estado, D. Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos.
La intervención del Decano ha puesto de manifiesto el compromiso de la Corporación madrileña con la defensa del derecho de defensa, el secreto profesional y la dignidad de la función letrada, frente a actuaciones que puedan suponer una vulneración de los derechos fundamentales que asisten a los ciudadanos y a sus representantes legales.
Eugenio Ribón ha calificado como «profundamente lesiva para la abogacía» la nota de prensa emitida por la Fiscalía General del Estado el pasado mes de marzo, en la que se difundía el contenido de un correo electrónico enviado por un abogado colegiado del ICAM en el contexto de una negociación penal con el Ministerio Fiscal.
Una quiebra del principio de confidencialidad
“La emisión pública de aquella nota no solo quebró el principio de confidencialidad, sino que también puso en entredicho la legitimidad del ejercicio profesional de la defensa”, ha declarado el decano. Añadiendo que aquella actuación «generó una profunda inquietud» en el seno de la abogacía institucional, al entenderse como una injerencia que debilitaba los principios estructurales del proceso penal, como la presunción de inocencia y la igualdad de armas.
Ribón ha explicado que la difusión de la nota, en la que se recogía parte de una estrategia procesal sin consentimiento del letrado ni autorización judicial, fue percibida como un hecho muy grave para la abogacía madrileña, “el deber de secreto no es solo un derecho del abogado, sino una garantía del ciudadano”, destacó el decano.
Rechazo a un comunicado conjunto
En su testimonio, el decano también ha relatado que, días después de la publicación de la nota, la Fiscalía propuso al ICAM la posibilidad de emitir un comunicado conjunto que mostrara una imagen de unidad y colaboración entre ambas instituciones. Según Ribón, esa iniciativa fue rechazada por el Colegio al considerar que no correspondía participar en una operación de comunicación institucional que pudiera interpretarse como una legitimación tácita de una actuación que, a juicio del ICAM, resultaba objetivamente lesiva para el ejercicio libre e independiente de la abogacía.
“La abogacía no puede avalar ni silenciar comportamientos que puedan comprometer la esencia del derecho de defensa”, ha señalado el decano, remarcando que el papel de los colegios profesionales no es el de actuar como correa de transmisión institucional, sino como garantes de los derechos de los profesionales y de los ciudadanos a quienes representan.
Un proceso judicial inédito
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid reitera, con esta comparecencia, su compromiso con los principios esenciales que rigen la práctica profesional: independencia, secreto profesional, lealtad procesal y respeto al marco constitucional y legal que garantiza el ejercicio efectivo de la defensa:
“Con la ruptura del secreto profesional el abogado pierde su libertad, sin abogados libres no hay jueces independientes, sin jueces independientes no hay justicia imparcial, y sin justicia imparcial se rompe el Estado de Derecho”, ha remarcado el Decano del ICAM.
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