El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha clausurado este viernes el X Congreso Nacional de Derecho Concursal con un reconocimiento a sus codirectores, Amalia Fernández Doyagüe y Francisco Javier Vaquer Martín, que también han intervenido en el acto. El encuentro, inaugurado el jueves por el diputado de la Junta de Gobierno Javier Mata, ha cerrado con éxito su décima edición tras dos jornadas de debate sobre la aplicación práctica de la reforma concursal de 2022.
Ribón ha abierto su intervención con una pregunta que, según ha explicado, orienta la labor de la Junta de Gobierno: «¿para qué le sirve el Colegio de la Abogacía de Madrid a un abogado?». El decano ha situado el Congreso entre las respuestas a esa pregunta, por la oportunidad que ofrece a los profesionales de actualizar sus conocimientos, contrastar criterios con la magistratura y encontrar soluciones a los problemas que afrontan en sus despachos. «Una institución como la nuestra, con más de cuatro siglos de historia, debe demostrar cada día su utilidad a los profesionales a los que representa», ha afirmado.
El decano ha destacado que las sucesivas reformas legislativas generan preguntas que los profesionales deben resolver al aplicar la ley. «Las dificultades jurídicas no terminan cuando se publica una ley en el Boletín Oficial del Estado», ha señalado. En ese contexto, ha defendido que el conocimiento compartido durante el Congreso «pueda convertirse mañana en un mejor asesoramiento, una defensa más sólida o una solución jurídica que antes no habíamos contemplado». Ribón también ha reiterado el compromiso del ICAM de seguir impulsando espacios de formación e intercambio entre la abogacía, la magistratura y los demás profesionales de la insolvencia.
Reconocimiento a los codirectores del Congreso
Durante la clausura, el ICAM ha reconocido la contribución de Amalia Fernández Doyagüe, abogada y administradora concursal, y Francisco Javier Vaquer Martín, magistrado de la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid, a las diez ediciones del Congreso. Ambos codirectores han intervenido en el acto de cierre.
«Durante estas diez ediciones habéis hecho de este Congreso una cita de referencia para los profesionales del Derecho concursal», les ha trasladado Ribón. En nombre de la Junta de Gobierno y de los colegiados, el decano ha agradecido su labor para reunir a magistrados, abogados y especialistas y mantener un programa atento a las novedades legislativas y jurisprudenciales.
Dos jornadas sobre la aplicación práctica de la reforma concursal
La primera jornada arrancó con la ponencia inaugural de Nuria Auxiliadora Orellana Cano, magistrada del Tribunal Supremo, y Amalia Fernández Doyagüe, abogada, administradora concursal y codirectora del Congreso. En la primera mesa, los magistrados Carmen Hernanz Sánchez, Juan Carlos Picazo Menéndez y Francisco Javier Vaquer Martín analizaron el control judicial de la insuficiencia de masa, desde la documentación y la averiguación patrimonial hasta la personación de los acreedores y los recursos. Moderó Aránzazu Bárcena Fernández.
A continuación, los magistrados Manuel Ruiz de Lara y Guillermo Fernández García, junto a Flora Pérez Almoguera, de la Dirección General de Política Legislativa del Ministerio de Justicia, abordaron el estatuto de la administración concursal, su desarrollo reglamentario y el futuro marco de actuación profesional. La mesa estuvo moderada por Manuela Serrano Sánchez, presidenta de ASPAC.
La tarde del jueves se dedicó a la exoneración del pasivo insatisfecho. En la primera mesa, Nuria Fachal Noguer, María Peña Lobeto y Moisés Guillamón Ruiz examinaron cómo inciden las sanciones graves y muy graves y la derivación de responsabilidad en la apreciación de la mala fe, con Amalia Fernández Doyagüe como moderadora. En la segunda, Francisco Gil Monzo, Andrés Sánchez Magro y Ángela Sanz Rubio abordaron el endeudamiento culpable, los criterios para valorarlo y las cuestiones procesales que plantea. Moderó Carmen Izquierdo Pérez.
El viernes, María Palmero Sandín, letrada de la Administración de Justicia, Jorge Montull Urquijo, magistrado de la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid, y Héctor Carrillo Prieto, de Servicios Digitales del Ministerio de Justicia, analizaron el Servicio Electrónico de Microempresas (SEM) y la Plataforma de Venta de Activos (PLABI) en una mesa moderada por Ana de la Morena.
La responsabilidad de los administradores sociales centró la siguiente mesa, en la que intervinieron los magistrados Alba Pérez-Bustos Manzaneque, Víctor Casaleiro Ríos y Francisco Javier Vaquer Martín, con José María Puelles Valencia como moderador. La sesión abordó los daños causados a los acreedores por la demora o el incumplimiento en la reestructuración o en la solicitud del procedimiento de insolvencia, así como las novedades de la Directiva (UE) 2026/799.
En la última mesa, Mar Hernández Rodríguez y Borja Villena Cortés, de la Audiencia Provincial de Madrid, y Monserrat Molina Plá, de la Audiencia Provincial de Valencia, examinaron las novedades que aportan las resoluciones de las audiencias provinciales sobre la impugnación de los planes de reestructuración. Moderó Luis Pérez González, economista y administrador concursal.