El Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, defendió este jueves la necesidad de avanzar hacia una Justicia moderna, eficaz y garantista, pero advirtió de que las reformas orientadas a mejorar la eficiencia no pueden traducirse en nuevas barreras para la ciudadanía ni en mayores dificultades para el ejercicio profesional de la abogacía.
Durante su intervención en la presentación de la décimo novena edición de la Colección de Anuarios Prácticas para Abogados 2026, organizada por Aranzadi LA LEY en la sede de Garrigues, Ribón analizó el primer año de aplicación de la Ley de Eficiencia de la Justicia y la situación actual de los tribunales desde la perspectiva de la abogacía.
“La abogacía no está en contra de la modernización de la Justicia. Todo lo contrario”, afirmó el Decano, quien, no obstante, advirtió de que “modernizar la Justicia no puede significar dificultar el acceso de los ciudadanos a los tribunales”. En este sentido, subrayó que hablar de eficiencia no puede equivaler a “añadir nuevas cargas, nuevos filtros, nuevas incertidumbres y nuevos riesgos procesales”.
En su balance de la aplicación de la norma, Ribón recordó que el ICAM realizó un estudio entre la abogacía madrileña, con 1.164 respuestas. Según expuso, el 83,7% de los profesionales valoró de forma negativa o muy negativa la obligatoriedad de los medios adecuados de solución de controversias como requisito previo para acceder a la vía judicial, mientras que solo el 9,2% afirmó que la negociación previa consiguió resolver efectivamente el conflicto fuera de los tribunales.
El Decano aclaró que el ICAM no cuestiona la utilidad de la mediación, la conciliación o los medios adecuados de solución de controversias cuando existe una voluntad real de acuerdo. No obstante, advirtió de que, cuando se convierten en “un trámite impuesto” o en “una condición formal para poder presentar una demanda”, corren el riesgo de dejar de ser una vía de solución para convertirse en “una barrera de acceso”. “La Justicia no puede convertirse en una carrera de obstáculos”, afirmó.
Ribón alertó también de la inseguridad jurídica generada por la disparidad de criterios judiciales en la aplicación de la norma. En este sentido, recordó que el 74% de los profesionales encuestados detectó criterios dispares y subrayó que “la tutela judicial efectiva exige que el acceso al proceso no dependa de interpretaciones cambiantes o excesivamente formalistas”.
Asimismo, señaló que el 90% de los abogados encuestados considera que la ley ha supuesto más retrasos y no una mayor agilidad, con una valoración media de la aplicación práctica de la norma de 1,6 sobre 10. “No podemos permitir que la eficiencia prometida se convierta en incertidumbre práctica”, afirmó.
El Decano puso especial atención en los procedimientos de familia, infancia y supuestos de especial vulnerabilidad, donde los retrasos pueden tener un impacto especialmente grave. “En materia de menores, el tiempo no es neutro. Una decisión tardía puede ser una decisión insuficiente”, advirtió.
En relación con la implantación de los Tribunales de Instancia, Ribón sostuvo que la reforma organizativa puede tener sentido, pero requiere medios suficientes, instrucciones claras, criterios comunes y herramientas tecnológicas fiables. “La organización no se transforma solo cambiando nombres o estructuras”, señaló, sino reforzando plantillas, formando equipos y garantizando una transición ordenada.
Ribón recordó, además, que el ICAM presentó cerca de cuarenta propuestas de enmienda durante la tramitación parlamentaria de la norma, desde una posición “constructiva desde el primer momento”. “No pedimos volver atrás sin más. No defendemos una Justicia estática. No negamos la necesidad de reformas. Lo que pedimos es que las reformas funcionen”, afirmó.
Entre las prioridades señaladas por el Decano figuran la corrección de la dispersión de criterios judiciales, la clarificación de la acreditación de los MASC, la revisión de determinados requisitos de procedibilidad y el refuerzo de los medios personales, materiales y tecnológicos de los tribunales.
En la parte final de su intervención, Ribón defendió que “la verdadera eficiencia no consiste en añadir filtros o trámites previos”, sino en resolver los conflictos “con más rapidez, con más seguridad jurídica y con una tutela judicial efectiva plena”.
El Decano concluyó reiterando la disposición del ICAM al diálogo y al trabajo conjunto con el legislador, el Ministerio de Justicia, los grupos parlamentarios y el conjunto de operadores jurídicos para abordar las modificaciones necesarias. “Defender una Justicia moderna, eficaz y garantista no es solo una aspiración de la abogacía. Es una exigencia democrática. Y ese seguirá siendo nuestro compromiso”, concluyó.
Durante la jornada se rindió también homenaje a Salvador del Rey Guanter, coordinador del proyecto durante diecinueve años y figura clave en la consolidación de esta colección como una obra de referencia para el estudio de la práctica jurídica. En este sentido, Ribón destacó que “recordar hoy a Salvador del Rey tiene todo el sentido”, subrayando que su legado “no fue solo académico o doctrinal”, sino también “un legado de compromiso con el Derecho vivo: con el Derecho que se interpreta, se aplica, se discute y se transforma cada día en los despachos, en las aulas y en los tribunales”.
La intervención del Decano tuvo lugar en una mesa de debate junto a Ana Martín, decana del Ilustre Colegio de Abogados de Zamora, dedicada a analizar, desde la perspectiva de la abogacía, el primer año de aplicación de la Ley de Eficiencia de la Justicia y la situación actual de los tribunales.
La presentación de la décimo novena edición de la Colección de Anuarios Prácticas para Abogados 2026 reunió a destacados representantes de la abogacía, la doctrina y el sector editorial jurídico. La apertura del encuentro corrió a cargo de Rosa Zarza, Senior Partner de Garrigues; Juan Bonilla, socio del área Laboral de Cuatrecasas; y Cristina Retana, directora de Contenidos e Innovación de Aranzadi LA LEY. A continuación, los responsables de las distintas áreas de la obra presentaron las novedades de la edición de 2026: Federico Durán López, en Práctica Laboral; Antonio Pipó Malgosa, en Práctica Contenciosa; Ramon Tejada, en Práctica Fiscal; y Carlos Paredes, en Práctica Mercantil.
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Especial web – Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia