La presentación del estudio, impulsado por OTROSÍ, ha reunido a los magistrados Joaquín Delgado y Eloy Velasco en un coloquio sobre inteligencia artificial, prueba digital, transparencia e igualdad de armas procesales
La revista OTROSÍ, editada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, ha presentado este miércoles el I Estudio ICAM sobre Justicia Digital, una investigación pionera que analiza la experiencia de la abogacía ante la transformación tecnológica de la Administración de Justicia.
El estudio, elaborado a partir de las respuestas de 1.373 profesionales, refleja una valoración crítica sobre el funcionamiento actual de los sistemas digitales. 6 de cada 10 encuestados considera que la digitalización apenas agiliza los procedimientos o que incluso los dificulta y casi la mitad de los profesionales, el 46,9 %, está insatisfecha o muy insatisfecha con la Justicia digital. La nota media es de 2,6 sobre 5.
El principal problema está en el Expediente Judicial Electrónico: El 59,4 % tiene problemas frecuentes o muy frecuentes para acceder al expediente de forma completa, ordenada y con la antelación necesaria. Si añadimos a quienes los sufren algunas veces, hablamos de cerca de nueve de cada diez profesionales.
La presentación de estos datos ha corrido a cargo del Decano del ICAM, Eugenio Ribón, quien ha puesto el acento en la intención de la encuesta: “Cuando desde el ICAM defendemos que un abogado pueda acceder a todo el expediente, consultar una grabación, comunicarse confidencialmente con su cliente o reaccionar ante un fallo tecnológico, estamos defendiendo las garantías de todos” ha subrayado.
Eugenio Ribón ha destacado el problema de interoperabilidad entre las diferentes plataformas tecnológicas que se usa en cada territorio y también la necesidad de contar con la abogacía en la transformación digital de la Justicia:
“Hay un último dato que resume todo el estudio: El 95,4 % quiere que la abogacía participe más activamente en el diseño, evaluación y mejora de la Justicia digital. No se puede transformar la Justicia de espaldas a la abogacía. Debemos estar desde el principio: en la elaboración de las normas, en el diseño de las plataformas y en la evaluación de sus resultados. No cuando el sistema ya está implantado y los problemas ya han llegado a los procedimientos”, ha advertido Ribón.
Dossier jurídico sobre justicia digital
La investigación, impulsada por OTROSÍ, se completa con un dossier jurídico dedicado a la Justicia Digital y a las garantías procesales, que reúne el análisis de distintos especialistas sobre los cambios tecnológicos que están transformando el ejercicio profesional y el funcionamiento de los tribunales.
Tras la presentación, el Salón de Actos del ICAM ha acogido el coloquio “Justicia digital y garantías del derecho de defensa”, moderado por Antonio Abellán, coordinador del dossier jurídico y responsable de Formación del Turno de Oficio. En el encuentro han participado Joaquín Delgado Martín, magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, y Eloy Velasco Núñez, magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.
Durante el debate se han abordado las oportunidades y riesgos derivados de la digitalización, la responsabilidad profesional en el uso de inteligencia artificial, la utilización de algoritmos en las investigaciones policiales, la legalidad de la prueba obtenida mediante sistemas automatizados y la necesidad de garantizar transparencia, explicabilidad e igualdad de armas entre acusación y defensa.
Usabilidad, coordinación e igualdad de armas
Durante el coloquio, Antonio Abellán planteó si el actual funcionamiento de las herramientas digitales permite garantizar una verdadera igualdad de armas entre la acusación y la defensa. Joaquín Delgado señaló que las dificultades del Expediente Judicial Electrónico no responden necesariamente a problemas técnicos complejos, sino a la manera en que la información se pone a disposición de los profesionales: “No es un problema real de que la información esté o no esté, sino de cómo esa información se ofrece al profesional”.
El magistrado relacionó estas deficiencias con la fragmentación de la gobernanza tecnológica de la Justicia, en la que “hay muchas cabezas que dirigen una sola Justicia”. Una falta de coordinación que, según advirtió, puede agravarse con la incorporación de la inteligencia artificial: “Todo lo que es un problema se multiplica y se exacerba cuando aplicamos la tecnología”.
Delgado defendió, por ello, una mayor coordinación entre las administraciones y la participación efectiva de todos los operadores jurídicos en el diseño y evaluación de los sistemas. En particular, consideró “importante que la Abogacía, los profesionales del Derecho, pudieran estar presentes” en los órganos responsables de la Administración judicial electrónica.
Inteligencia artificial, datos sensibles y prueba digital
Eloy Velasco centró parte de su intervención en la responsabilidad profesional al utilizar herramientas de inteligencia artificial. “Tenemos que tener mucho cuidado porque trabajamos con datos reales de personas y datos muy sensibles”, advirtió, antes de recomendar el uso de entornos cerrados y la anonimización de la información para evitar que los datos de clientes o investigados sean incorporados a sistemas externos.
En relación con el posible uso de estas herramientas para redactar resoluciones, Velasco recordó que la inteligencia artificial no sustituye la responsabilidad del juez ni su obligación de motivar las decisiones: “El responsable que escribe la sentencia es el que la firma, no es la máquina. La máquina no firma nada, la firma una persona y, por lo tanto, tiene que asumir lo que ha hecho”.
El coloquio abordó también el empleo de algoritmos de reconocimiento facial y otros sistemas automatizados en las investigaciones policiales. Velasco explicó que pueden facilitar la identificación de sospechosos, pero plantean dificultades cuando no es posible reconstruir o explicar por completo cómo han alcanzado un resultado. Por ello, defendió que sus conclusiones sean contrastadas mediante pruebas periciales sometidas a contradicción: “Si me juego veinte años de prisión, quiero saber cómo funciona”.
Por último, Delgado señaló que la inteligencia artificial supone “un salto cualitativo enorme”, ya que no solo analiza información, sino que puede crear datos, completar imágenes o audios y formular predicciones. Para que estas pruebas puedan ser discutidas por la defensa y valoradas por el juez, reclamó garantías de fiabilidad, trazabilidad y ausencia de sesgos: “El elemento básico es la explicabilidad del sistema”. Asimismo, alertó sobre la próxima llegada a los tribunales de pruebas creadas o manipuladas mediante inteligencia artificial y sobre la necesidad de preparar mecanismos que permitan comprobar su autenticidad.