La Sección de Derecho de Consumo del ICAM, la primera que se incorporó al Colegio, inició anoche su nueva andadura bajo la presidencia de Myriam Vivar, con una jornada dedicada a analizar los procesos de reclamación y reivindicación de los derechos que asisten a los consumidores y usuarios. La presidenta, con más de 20 años de experiencia a sus espaldas, recalcó su disposición para todos los/as colegiados/as inscritos, expresando su deseo de que, durante los dos próximos años, “todos aprendamos de todos”. Entrando ya en materia, Vivar insistió en la “infrautilización de la potestad sancionadora de la Administración”, un elemento desaprovechado y que, sin embargo, para la letrada, podría ser clave “en la persecución de los infractores para evitar que las acciones lesivas se vuelvan a producir y hacer que cesen”.
El diputado de la Junta de Gobierno del ICAM responsable de Secciones, Eugenio Ribón, fue el encargado de clausurar el evento, destacando la importancia del área a la que se dedica esta Sección, “una de las que mayores ratio de litigiosidad concentra”. Ribón también acusó la dificultad de superar el concepto de consumidor avanzando hacia el de ciudadano (equiparación iniciada por Kennedy en 1962). “Es un problema de falta de armonía en nuestra jurisprudencia, anclada en la definición de consumidor como persona física destinataria final”, dijo el diputado, para quien “el Tribunal Supremo necesita evolucionar, aunque, a la luz de sus recientes resoluciones, parece reacio a ello”.
La jornada también contó con las intervenciones de Marta Blanco de la Fuente, supervisora Legal en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU); y Carlos Balmisa García-Serrano, director del Departamento de Control Interno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Blanco explicó cómo funciona la OCU y los procesos en los que ha intervenido en defensa de los consumidores y usuarios: “el panorama actual al que nos enfrentamos es que el usuario está desinformado pese a vivir en la era google”. La supervisiora de la Organización recalcó la importancia de contar con herramientas eficaces, señalando que “otro problema es la dispersión legislativa”.
Balmisa hizo lo propio respecto de la CNMC, coincidiendo con el resto de intervinientes en la denuncia del desconocimiento del consumidor: “Debería haber un sistema de criterios de admisibilidad para las denuncias en materia de consumo, publicados y estandarizados, para que el usuario conociera a qué atenerse”, pues para Balmisa “un regulador efectivo tiene que proporcionar herramientas de reclamación de forma fácil, sencilla y digital”.