En un encuentro informativo celebrado este lunes en la sede del Colegio de Abogados de Madrid, el decano José María Alonso ha dado el pistoletazo de salida al 425 aniversario de la fundación del ICAM, que se conmemorará en este 2022 con un acto solemne presidido por el Rey Felipe VI.
Además, ha adelantado los resultados de una macroencuesta interna para valorar el nivel de satisfacción de los colegiados, que califican con un notable, y ha desglosado los proyectos más destacados en la agenda de la abogacía madrileña para este curso, el último de su primera legislatura como decano. Desde la puesta en marcha de un master propio de acceso a la profesión hasta la aprobación de unos nuevos estatutos que contemplan una denominación más inclusiva, el ICAM afronta su aniversario con una apretada agenda de reformas y novedades que irán viendo a la luz a lo largo del año.
425 años: de Felipe II a Felipe VI
Interrumpidos durante los dos últimos años como consecuencia de la pandemia, el Colegio madrileño ha recuperado este lunes los encuentros presenciales del decano con la prensa jurídica. Durante el encuentro, Alonso ha dado a conocer las líneas generales de los actos conmemorativos del Colegio, fundado en 1596 por un grupo de treinta y siete abogados de la Corte de Felipe II. Cuatrocientos veinticinco años después, será Felipe VI quien presida el acto central del aniversario, un gran homenaje a la abogacía madrileña en el que los nuevos letrados jurarán la Constitución y los más veteranos recibirán un diploma acreditativo por los 25 y 50 de Colegiación. El Rey, colegiado de honor del ICAM desde hace 25 años, también será homenajeado, todo ello en una fecha pendiente de confirmar desde Casa Real.
Entre las actividades conmemorativas tendrá lugar también una jornada académica de alto nivel, en la que juristas y representantes políticos debatirán sobre distintos temas de actualidad, así como otras iniciativas que se irán desplegando a lo largo de los meses de mayo, junio y julio.
Satisfacción colegial
Además de explicar los pormenores de los actos conmemorativos, el decano ha presentado los resultados de la última encuesta de satisfacción encargada por el ICAM, en la que cerca de 6.000 personas colegiadas valoran el grado de conocimiento y satisfacción con los servicios colegiadas. En general, todos los indicadores presentan una línea ascendente respecto a la anterior encuesta, realizada en 2017.
De las respuestas, se concluye que el Colegio cuenta con un amplio respaldo entre sus miembros, puesto que un 82% recomienda la colegiación en el ICAM y el índice de satisfacción global asciende hasta un 6,77. Preguntados sobre los atributos globales de la corporación, destaca tanto por evolución como por valoración la percepción del ICAM como una institución de referencia, con una nota media de 7,57, frente al 6,85 obtenido en 2017. Las personas encuestadas puntúan también por encima del 7 la Comunicación corporativa y la utilidad de los servicios para los colegiados.
En cuanto a las medidas promovidas por el Colegio durante la pandemia, la abogacía madrileña valora de manera especialmente positiva la distribución de materiales de protección a los abogados del turno de oficio, la información sobre actualización normativa publicada puntualmente en la web o los acuerdos firmados con las principales editoriales jurídicas para facilitar el acceso gratuito a sus bases de datos.
Formación: acceso a la abogacía
Entre las novedades presentadas por el decano a la prensa, destaca la puesta en marcha de un título propio de acceso a la abogacía que arrancará en octubre su primera edición. “Siempre hemos pensado que si al final de lo que se trata con el máster de acceso es de que los licenciados en Derecho puedan ejercer como abogados y se colegien en este Colegio, por qué no este colegio da su propio Master”, ha explicado Alonso.
El curso, que llega de la mano de la Universidad Complutense de Madrid gracias a un convenio firmado en 2021, será dirigido por la abogada Coloma Armero y contará con un 60% del profesorado designado por el ICAM y un 40% procedente de la Facultad de Derecho. “Vamos a tener un elenco de profesores muy bueno y va a estar muy destinado al ejercicio de la abogacía, de lo que se trata es de enseñar a ser abogado”, ha destacado. Entre otros aspectos, José María Alonso ha puesto en valor el perfil profesional de su directora, con amplia experiencia en el ejercicio de la abogacía y en el mundo societario, y la capacidad del Colegio para facilitar a los alumnos unas prácticas profesionales en destinos de alto nivel.
A fin de adecuar las instalaciones a la nueva oferta formativa, que incluye, además de esta, otras titulaciones de posgrado novedosas, el Colegio acometerá este año unas obras en su Centro de Estudios, para las cuales se ha reservado un presupuesto de unos 400.000€.
Nuevos estatutos, nueva denominación
2022 será también el año en el que empiecen a ver la luz los nuevos estatutos del ICAM, convirtiéndose en uno de los primeros Colegios de España en adecuar sus normas al nuevo Estatuto General de la Abogacía. El texto, pendiente de aprobación en Junta General Extraordinaria, actualizará el que permanece vigente desde 2007.
En el marco de la reforma estatutaria, y en línea con el nuevo EGAE, el ICAM adoptará una denominación más inclusiva, pasando a llamarse Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. El cambio de nombre será sometido a votación de los colegiados el próximo 29 de marzo en Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Finalmente, el decano madrileño ha mencionado dos iniciativas adicionales en la agenda del Colegio para los próximos meses. Por un lado, el ICAM se propone ampliar los objetivos de la Fundación Cortina, encargada hasta ahora de canalizar las prestaciones asistenciales, aumentando tanto el número y tipo de beneficiarios como los ejes de actuación de la Fundación, con la intención de potenciar de forma activa la excelencia académica y el desarrollo profesional. Para lograr este nuevo alcance, la corporación está en proceso de búsqueda de nuevos patronos, cuya incorporación se prevé anunciar durante los actos conmemorativos del 425 aniversario.
En segundo lugar, la corporación madrileña trabaja en la implementación de un sistema paralelo para agilizar la tramitación de expedientes de nacionalidad. En virtud de un acuerdo con la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, el ICAM pondrá a disposición de los colegiados una nueva plataforma para realizar de forma ágil los trámites de extranjería, contribuyendo de paso a desatascar una Administración actualmente saturada.
Defensa de personas jurídicas
Para terminar, y en la vertiente de servicios a la ciudadanía, José María Alonso ha realizado un alegato en favor de la abogacía de oficio. En este sentido, el decano ha reivindicado una reforma de la Ley de Justicia Gratuita para que se amplíen las actuaciones previstas, a fin de remunerar a los abogados de oficio que son designados para la defensa de personas jurídicas ante los órganos centrales dependientes del Ministerio de Justicia.
“No es admisible, bajo ningún concepto, que los abogados tengan que trabajar gratis, sobre todo cuando estamos hablando en muchos casos de macrocausas”, que exigen una dedicación tan extensiva que pueden poner en peligro la supervivencia de despachos pequeños o unipersonales. En ese sentido, Alonso ha hecho un llamamiento al Ministerio de Justicia para resolver el problema — “hay que reformar la ley, hay que incluir una previsión en atención a la reforma del código penal, es así de sencillo”— y ha anunciado posibles acciones administrativas para reclamar los pagos por los trabajos efectuados.
Se trata, según ha reconocido Alonso, de un problema al que hasta ahora no se ha encontrado solución, puesto que la negativa colegial a designar abogados hasta que no se garantice su remuneración coloca a la Junta de Gobierno a las puertas de un delito de desacato. “Si el juez requiere designación bajo apercibimiento de vernos incursos en un delito de desacato, tendremos que designar, pero certificaremos el importe de sus honorarios y si el Ministerio rechaza el pago o no contesta, tendremos que plantear una reclamación en vía contencioso administrativa contra el Ministerio de Justicia”, ha anunciado.