El ICAM denuncia que la subida del salario mínimo sin actualizar el IPREM dejará fuera de la Justicia Gratuita a trabajadores y familias vulnerables

  • • El Diputado responsable del Turno de Oficio, Juan Manuel Mayllo, reprocha que el nuevo SMI de 18.004 euros anuales supera el umbral ordinario de acceso a la Justicia Gratuita.
  • • Mayllo recuerda que el artículo 119 de la Constitución garantiza la gratuidad de la Justicia a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, en estrecha relación con el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.
  • • El ICAM advierte de que las denegaciones de Justicia Gratuita por superar los umbrales económicos pueden, además, dejar sin cobrar a los abogados del Turno de Oficio por actuaciones ya realizadas.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha denunciado que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobada esta semana por el Gobierno, que lo situará en 18.004 euros anuales en 2027, puede tener una consecuencia paradójica: excluir del sistema de Justicia Gratuita a trabajadores y familias con recursos económicos limitados. La institución reclama una actualización urgente del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), congelado desde 2023, y una reforma de los criterios económicos que determinan el reconocimiento de este derecho.

La advertencia fue trasladada por el Decano del ICAM, Eugenio Ribón, durante el Foro Justicia organizado por el Colegio el 18 de noviembre, en el que representantes de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio debatieron las principales reformas pendientes de la Administración de Justicia ante las elecciones generales del 29 de noviembre.

“Acabamos de cargarnos uno de los pilares de la justicia gratuita”, alertó Ribón, al denunciar que la actualización salarial no ha venido acompañada de una revisión de los límites económicos que permiten acceder a la asistencia jurídica gratuita.

Tribuna en Confilegal

La denuncia ha sido desarrollada también por el diputado de la Junta de Gobierno del ICAM responsable del Turno de Oficio, Juan Manuel Mayllo, en una tribuna publicada en Confilegal bajo el título El Gobierno sube el salario mínimo, pero recorta el acceso a la justicia.

En su artículo, Mayllo advierte de que una medida destinada a mejorar las condiciones económicas de los trabajadores con menores ingresos puede terminar restringiendo su acceso a un derecho constitucional si no se revisan simultáneamente los umbrales económicos que determinan el reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita.

“No puede ser que el mismo Estado que reconoce la necesidad de elevar el salario mínimo para garantizar una remuneración suficiente considere que, por percibir esa cantidad, un ciudadano ya dispone de medios económicos para sufragar su defensa ante los tribunales”, sostiene el diputado.

Un trabajador que cobre el salario mínimo superará en 1.204 euros el límite de acceso a la Justicia Gratuita

El problema reside en el artículo 3 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, que establece los umbrales económicos de acceso al sistema en función de distintos múltiplos del IPREM.

Con este indicador congelado desde 2023, los límites ordinarios de ingresos brutos anuales se mantienen en 16.800 euros para una persona sola, 21.000 euros para una unidad familiar de dos o tres miembros y 25.200 euros para una familia de cuatro o más integrantes.

Según explica Mayllo en su tribuna en Confilegal, con el nuevo salario mínimo, una persona que viva sola y perciba 18.004 euros anuales superará en 1.204 euros el límite ordinario para acceder a la Justicia Gratuita.

El ICAM denuncia que la subida del salario mínimo sin actualizar el IPREM dejará fuera de la Justicia Gratuita a trabajadores y familias vulnerables
Juan Manuel Mayllo, Diputado del ICAM responsable de la Abogacía de Oficio

Las consecuencias se extienden también a las familias. Un hogar de cuatro miembros en el que uno de los progenitores cobre el SMI y el otro trabaje a media jornada, percibiendo la mitad de esa cantidad, alcanzaría unos ingresos anuales de 27.006 euros, por encima del límite legal de 25.200 euros.

Si ambos progenitores perciben el salario mínimo, sus ingresos conjuntos ascenderían a 36.008 euros, más de 10.800 euros por encima del umbral ordinario previsto para una familia de cuatro integrantes.

Aunque el artículo 5 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita contempla supuestos excepcionales que permiten reconocer el derecho a personas que superen los límites generales, el diputado considera que estas excepciones no pueden convertirse en la solución habitual a una normativa desactualizada.

Mayllo recuerda que el artículo 119 de la Constitución garantiza la gratuidad de la Justicia a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, en estrecha relación con el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.

El desfase también perjudica a los abogados del Turno de Oficio

El Diputado responsable del Turno de Oficio del ICAM pone el foco en otra consecuencia de esta situación: el perjuicio económico que pueden sufrir los profesionales que prestan asistencia jurídica gratuita cuando las solicitudes de los ciudadanos son finalmente denegadas por superar los umbrales establecidos.

Según explica Mayllo, mientras la mayoría de las comunidades autónomas con competencias de Justicia transferidas abonan las actuaciones realizadas por los abogados incluso cuando se deniega la solicitud de Justicia Gratuita, en los procedimientos dependientes del Ministerio de Justicia no se contempla esa compensación en los mismos términos.

Esta situación afecta a los procedimientos tramitados en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, así como a los asuntos ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

El Diputado advierte de que el aumento de las denegaciones puede provocar que cientos de profesionales del Turno de Oficio se queden sin cobrar por actuaciones efectivamente realizadas.

Una denuncia que el ICAM ya trasladó al Defensor del Pueblo

La situación no es nueva. El ICAM presentó en febrero de 2025 una queja formal ante el Defensor del Pueblo para advertir de que la congelación del IPREM estaba excluyendo del sistema de Justicia Gratuita a ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica.

La institución solicitó entonces una revisión urgente de los límites legales para impedir que las sucesivas subidas del salario mínimo se convirtieran en una causa de exclusión del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Sin embargo, lejos de corregirse, el desfase se ha agravado con cada nueva actualización salarial.

“No estamos pidiendo ampliar indiscriminadamente una prestación pública. Estamos exigiendo que los criterios económicos utilizados para reconocer un derecho constitucional respondan a la realidad social y respeten la finalidad para la que ese derecho fue establecido”, concluye Juan Manuel Mayllo en su tribuna.

Artículo de opinión completo: “El Gobierno sube el salario mínimo, pero recorta el acceso a la justicia”, por Juan Manuel Mayllo, publicado en Confilegal el 19 de noviembre de 2026.

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