El II Congreso de Extranjería del ICAM ha celebrado este viernes su tercera y última jornada con sesiones dedicadas a la aplicación judicial del nuevo Reglamento, las principales incidencias del procedimiento de nacionalidad española y la digitalización de los expedientes. Las intervenciones han puesto el foco en la motivación de las resoluciones, la calidad de la documentación presentada y la necesidad de combinar automatización con valoración individualizada.
Bajo el título “El Derecho de Extranjería en transformación: ciudadanía, regularización y el nuevo marco migratorio europeo”, el Congreso ha reunido durante tres jornadas a representantes de la Administración, la judicatura, la abogacía y organizaciones especializadas para analizar los cambios normativos y los problemas prácticos que afectan a profesionales y personas extranjeras.
Perspectiva jurisdiccional: motivación de las denegaciones y prueba en el proceso judicial
La sesión “La aplicación de la nueva regulación desde la perspectiva jurisdiccional” contó con Fernando Portillo, magistrado de lo contencioso-administrativo de Melilla y juez divulgador, bajo la moderación del abogado Carlos Mora. Portillo explicó que la aplicación del nuevo Reglamento todavía está comenzando a llegar a los juzgados y compartió su experiencia en asuntos sobre autorizaciones de residencia de familiares de españoles.
El magistrado destacó que la existencia de antecedentes penales no basta por sí sola para denegar estas autorizaciones y que la Administración debe explicar por qué considera que concurre una amenaza real, actual y suficientemente grave, conforme al principio de proporcionalidad. Expuso dos casos resueltos favorablemente para los recurrentes e insistió en el especial esfuerzo de motivación que deben realizar las Oficinas de Extranjería.
Portillo abordó también la posibilidad de aportar en el proceso judicial documentos que no se presentaron en vía administrativa, dentro de los requisitos y límites procesales aplicables. A partir de otros dos asuntos sobre el cumplimiento de obligaciones familiares, explicó que admitir esa documentación no impide valorar su ausencia previa a efectos de las costas. Su intervención incluyó, además, un análisis de la evolución de la litigiosidad en Melilla y de la reorganización de sus órganos contencioso-administrativos.
Nacionalidad española: más de 225.000 resoluciones y claves para evitar retrasos
Juan Carlos García Pastor, subdirector adjunto de Nacionalidad y Estado Civil, expuso las principales incidencias del procedimiento de nacionalidad española y avanzó que, a fecha de 1 de octubre, se habían dictado 225.000 resoluciones, frente a las 256.000 del conjunto del año anterior. Según señaló, el ritmo de tramitación podría permitir superar esa cifra en 2026. También destacó la aceleración de las solicitudes de dispensa de los requisitos de integración y el peso de la presentación electrónica en la gestión de los expedientes.
García Pastor insistió en la importancia de presentar la documentación completa y comprobar su autenticidad para evitar requerimientos que prolonguen la tramitación. Recomendó aportar los certificados del Instituto Cervantes, aun cuando puedan consultarse electrónicamente, para facilitar su verificación mediante el código seguro de verificación cuando existan discrepancias en los datos. Asimismo, recordó la necesidad de acreditar correctamente la representación y de acompañar las solicitudes de dispensa con los documentos exigidos.
El debate abordó los retrasos en la expedición de pasaportes y la acreditación de la integración de menores de entre 16 y 18 años que han dejado de estudiar. Sobre estos últimos, explicó que pueden valorarse distintas pruebas, como la participación en programas de inserción laboral, contratos de trabajo, cursos, actividades deportivas o voluntariado. El ponente subrayó que la automatización debe facilitar la gestión del elevado volumen de solicitudes, manteniendo el tratamiento individualizado cuando las circunstancias del expediente lo requieran.
Digitalización: automatizar tareas y reforzar la interlocución con la abogacía
La mesa “Digitalización de los expedientes de extranjería” contó con Víctor Manuel Hidalgo Blázquez, de la Agencia Estatal de Administración Digital, responsable de la gestión y evolución de las aplicaciones informáticas de extranjería. Hidalgo explicó que Mercurio acumula alrededor de 4,7 millones de solicitudes, de las que aproximadamente el 62% han sido presentadas por abogados, y destacó el papel de este colectivo para identificar necesidades y orientar mejoras en la plataforma.
El ponente expuso los avances en la generación, firma y notificación automática de las comunicaciones de inicio y las actuaciones previstas para agilizar requerimientos y resoluciones. Precisó que la automatización de tareas repetitivas debe conservar la decisión del personal tramitador: en los requerimientos, por ejemplo, será este quien seleccione lo que debe solicitarse antes de generar el escrito. También abordó las auditorías de accesibilidad y el trabajo de la Agencia en una plataforma de inteligencia artificial que pueda apoyar la gestión.
Durante el debate se plantearon propuestas como guardar borradores, mejorar la consulta del estado de los expedientes, revisar los documentos que aparecen como obligatorios y facilitar constancia de las interrupciones del servicio. Hidalgo recogió estas sugerencias y propuso reforzar la interlocución a través de los colegios y del Consejo General de la Abogacía Española. Sobre las citas, señaló el desequilibrio entre oferta y demanda y las dificultades para combatir los bots, y explicó los trabajos de asignación de citas de oficio, cuya aplicación continúa planteando incidencias.
Conclusiones: criterios homogéneos, citas automáticas y mayor coordinación
Las conclusiones del Congreso reclaman criterios administrativos homogéneos, públicos y previsibles, canales permanentes de comunicación con la abogacía y una mayor interoperabilidad entre los organismos que intervienen en los procedimientos. El ICAM propone dar un nuevo impulso al convenio con la Abogacía, vincular automáticamente la cita de toma de huellas a la resolución favorable y anticipar los criterios y recursos necesarios para las modificaciones y prórrogas derivadas de la regularización que comenzarán en 2027.
El Colegio defiende asimismo una digitalización accesible y resoluciones suficientemente motivadas que atiendan a las circunstancias de cada persona. Emilio Ramírez, diputado de la Junta de Gobierno responsable de Extranjería, resumió el compromiso institucional: “La eficacia administrativa y la garantía de los derechos no son objetivos contrapuestos”. Tras las tres jornadas de debate, señaló el objetivo de la siguiente etapa: “Ahora corresponde convertir ese diálogo en mejoras concretas”.