La Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario del ICAM celebró ayer una jornada para analizar las soluciones procesales a la Ley por el Derecho a la Vivienda desde la perspectiva del LAJ.
Alberto Torres, presidente de la Sección, presentó a los ponentes, Pilar Martínez-Blanco Alonso, Adrián Gómez Linacero y Natalia Hermoso Mena, tres letrados de la Administración de Justicia que ilustraron a los presentes sobre cuál es su criterio en relación con los nuevos principios que exige la LEC con relación a la Ley de Vivienda.
Los ponentes hablaron sobre casos especialmente complejos, cuando el demandante que presenta el desahucio es gran tenedor o no -debiendo acreditar también si se ha acudido previamente a un procedimiento de mediación-. En opinión del presidente, existen dudas interpretativas, pero debe haber unificación de criterios no sólo de los juzgados sino también de los LAJ.
Adrián Gómez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Getafe, destaca que la vivienda habitual supone un concepto que tiene una especial transcendencia porque no existe un concepto exacto de lo que es vivienda habitual. Según su criterio, “residencia habitual y vivienda habitual” son conceptos que se han equiparado.
Por su parte, Pilar Martínez Blanco habló de la vulnerabilidad económica de los ocupantes de una vivienda en un procedimiento de desahucio. Según explicó, hay una ampliación de casos en la Ley que deben tenerse en cuenta como situaciones en precario.
Para finalizar, Natalia Hermoso recordó que con respecto al gran tenedor como los bancos se ha generado alguna problemática en el registro de entrada de peticiones en materia de vivienda, sobre la concurrencia o no de la vulnerabilidad económica.