- • El I Congreso sobre Contratación Pública del ICAM concluye tras dos jornadas de análisis del nuevo reglamento europeo, que plantea transformar los procedimientos de adjudicación, la ejecución de los contratos y el régimen de concesiones.
- • El presidente de la Sección de Derecho Administrativo, Alberto Dorrego, destaca la apuesta por una contratación pública que priorice el valor frente al precio y defiende seguir trabajando en propuestas sobre la contratación de servicios jurídicos por las administraciones.
- • El decano Eugenio Ribón reivindica la participación de la abogacía en la elaboración de las normas, mientras que la magistrada del Supremo Pilar Cancer advierte de la necesidad de preservar los controles frente a la corrupción.
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha clausurado este viernes su I Congreso sobre Contratación Pública con una conclusión central: la reforma impulsada por la Comisión Europea puede transformar profundamente las reglas de contratación en España, desde la selección de las ofertas hasta la ejecución de los contratos y las concesiones administrativas. Un cambio que exigirá adaptar la forma de trabajar de las administraciones, las empresas y los profesionales de la abogacía.
Así lo ha destacado el presidente de la Sección de Derecho Administrativo del ICAM, Alberto Dorrego de Carlos, al hacer balance de las dos jornadas, en las que especialistas de despachos, administraciones públicas, órganos de control y empresas han examinado las principales novedades legislativas y jurisprudenciales del sector.
Para Dorrego, la propuesta de reglamento presentada por la Comisión Europea el pasado 9 de septiembre supondrá, si prospera, “un giro copernicano en el funcionamiento del sistema de contratación pública en España”. La principal transformación reside en la sustitución de las tres directivas comunitarias actualmente vigentes por un reglamento de aplicación directa, que permitiría avanzar hacia reglas más uniformes en toda la Unión Europea.
El nuevo marco pretende simplificar los procedimientos, ampliar las posibilidades de negociación entre compradores públicos y operadores privados e introducir cambios relevantes en la ejecución contractual. También integra en una misma norma los contratos públicos y las concesiones, uno de los principales instrumentos de colaboración entre el sector público y el privado.
Del precio al valor en la contratación pública
Entre las principales cuestiones analizadas durante el Congreso, Dorrego ha destacado el cambio de enfoque que plantea la reforma en los criterios de adjudicación, con una mayor atención a la calidad, la eficiencia y el valor global de las ofertas frente al predominio del precio.
“El precio no puede ser elemento determinante en la compra pública”, ha señalado, defendiendo una contratación “inteligente y estratégica” que permita a las administraciones aprovechar su capacidad de compra para responder a objetivos económicos y sociales más amplios.
Esta orientación ha centrado parte de los debates de la segunda jornada, especialmente en la ponencia del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza José María Gimeno Feliú, dedicada al análisis general del nuevo reglamento europeo, sus principios jurídicos y sus perspectivas de aprobación.
Los especialistas también han examinado las modificaciones previstas en los procedimientos de contratación, los requisitos de solvencia, el régimen de concesiones y la denominada preferencia europea, que introduce nuevos criterios de reciprocidad en el acceso de empresas de terceros países a las licitaciones públicas.
En el balance del encuentro, Dorrego ha subrayado igualmente la importancia que tendrá la nueva regulación para la contratación de servicios jurídicos por parte de las administraciones. A su juicio, el proyecto europeo recoge adecuadamente algunas de las posiciones que la abogacía española y europea vienen defendiendo en esta materia, aunque ha considerado necesario continuar trabajando para mejorar su regulación durante la tramitación legislativa.
El presidente de la Sección ha defendido, en este sentido, que el ICAM siga impulsando propuestas que contribuyan a una contratación pública más sencilla, transparente y competitiva, con menores costes para las empresas y mecanismos de control jurídico más eficientes.
Ribón reivindica una abogacía activa en la elaboración de las normas
La necesidad de que los profesionales del Derecho participen en este proceso de transformación fue también uno de los principales mensajes de la inauguración del Congreso, celebrada el jueves ante un aforo completo en el Salón de Actos del ICAM.
Durante la apertura, el decano del Colegio, Eugenio Ribón, defendió que la experiencia de la abogacía debe contribuir a identificar las deficiencias de la regulación y proponer soluciones antes de que las nuevas normas sean aprobadas.
“No podemos conformarnos con estudiar las normas cuando ya están aprobadas. La abogacía debe participar también en el debate sobre cómo deben ser esas normas”, afirmó Ribón, que animó a los profesionales a aprovechar el encuentro para formular propuestas de mejora legislativa.
En este sentido, reivindicó una concepción de la profesión que vaya más allá de la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico. “Tenemos también la capacidad, y creo que el deber, de pensar el Derecho”, señaló, defendiendo que el conocimiento adquirido en el ejercicio profesional debe contribuir a mejorar la calidad de las leyes.
El decano recordó asimismo la trascendencia económica y social de la contratación pública, que representa aproximadamente el 15 % del PIB de la Unión Europea y condiciona directamente la prestación de servicios esenciales. “La contratación pública es una de las formas más directas en las que las decisiones de las administraciones se convierten en servicios para los ciudadanos”, subrayó.
La calidad de las ofertas y los riesgos de corrupción
La apuesta por criterios de adjudicación que otorguen mayor importancia al valor y a la calidad de las ofertas fue objeto también de una reflexión durante la inauguración por parte de la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Pilar Cancer Minchot.
Cancer compartió la necesidad de superar un modelo de contratación excesivamente centrado en el precio, pero advirtió de que el mayor peso de los criterios cualitativos debe acompañarse de garantías suficientes para prevenir las irregularidades.
La magistrada recordó que las valoraciones subjetivas pueden introducir riesgos de corrupción, especialmente en la elaboración de los pliegos y en la evaluación de las ofertas, por lo que consideró fundamental mantener mecanismos eficaces de control jurídico.
Durante su intervención también reivindicó el papel de la abogacía en la formación de jurisprudencia del Tribunal Supremo, particularmente a través del recurso de casación, donde la formulación de las cuestiones jurídicas y el enfoque de los argumentos resultan determinantes para la interpretación del ordenamiento.
Recursos contractuales, jurisprudencia y concesiones
Además de la futura normativa europea, el Congreso ha permitido hacer balance de la evolución reciente de la contratación pública en España, con especial atención a la doctrina de los tribunales administrativos de recursos contractuales y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Entre los asuntos examinados durante la primera jornada han destacado la efectividad del recurso especial en materia de contratación, las prohibiciones de contratar y las medidas de autocorrección empresarial, conocidas como self-cleaning, así como las posibilidades del arbitraje y la mediación para resolver controversias contractuales.
La segunda jornada ha estado centrada en el nuevo reglamento europeo, con especial atención a los procedimientos de adjudicación y al futuro régimen de las concesiones. En este último ámbito, los expertos han analizado cuestiones como el riesgo operacional, la duración de los contratos, su rentabilidad y las condiciones para mantener el equilibrio económico de las concesiones, elementos especialmente relevantes para la inversión en infraestructuras y servicios públicos.
El I Congreso sobre Contratación Pública da continuidad a las jornadas especializadas celebradas por el ICAM en 2025 y consolida un espacio de debate jurídico impulsado desde la Sección de Derecho Administrativo. La intención, según ha avanzado Dorrego, es continuar trabajando sobre la nueva regulación europea y sus efectos en distintos sectores, con el objetivo de que la experiencia práctica de la abogacía pueda contribuir al proceso legislativo.
El encuentro comenzó el jueves con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el 28 de octubre en Urda (Toledo).