El decano Eugenio Ribón y la diputada Mabel Klimt mantienen un encuentro institucional con el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal de Argentina

El Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ha mantenido esta mañana un encuentro institucional con el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal de Argentina (CPACF), Ricardo Gil Lavedra, con el fin de estrechar lazos institucionales y compartir información sobre la situación actual de la profesión en ambos países. A la reunión también ha asistido la diputada 5ª de la Junta de Gobierno del ICAM, Mabel Klimt, colegiada en el CPACF.

El presidente del Colegio argentino, reconocido por su larga trayectoria en el ámbito de la justicia y de la política de su país, fue secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, juez de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, y conjuez de la Corte Suprema en dos períodos. También ostentó el cargo de viceministro del Interior y ministro de Justicia y Derechos Humanos, fue diputado nacional por la Capital, vicepresidente del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas y juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, formó parte como juez de la Cámara Federal Criminal de la Capital el tribunal que juzgó a las Juntas militares durante el año 1985.

Ricardo Gil Lavedra fue elegido presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal de Argentina para el periodo 2022–2024 en las últimas elecciones celebradas en abril de 2022 y ha visitado el ICAM con el objetivo de conocer los servicios generales que ofrece la Corporación madrileña a sus colegiados/as y de asentar las bases para transformar la nueva relación institucional con el ICAM en un nuevo marco de colaboración.

Además, el encuentro ha permitido poner en común los retos a los que se enfrentan ambos Colegios, como la necesidad de potenciar la abogacía como un actor clave para realizar diagnósticos legislativos y normativos, acelerar la digitalización de las instituciones y fomentar la presencialidad institucional en los principales órganos.

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