El Pleno del Congreso de los Diputados ha derogado el Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, tras rechazar su convalidación en la sesión celebrada el 16 de septiembre.
La norma, que había entrado en vigor el pasado 27 de agosto, introducía por primera vez a nivel estatal un marco específico para regular las relaciones entre los grupos de interés y determinados responsables públicos, con medidas como la creación de un Registro estatal de grupos de interés, la publicidad de determinados contactos y la denominada “huella normativa”.
Como consecuencia de su derogación, quedan sin efecto las obligaciones y medidas introducidas por el Real Decreto-ley, incluidas aquellas que podían afectar a abogados y despachos que desarrollasen determinadas actividades de influencia o relaciones institucionales.
El ICAM ha actualizado la información publicada en su serie “Claves Jurídicas de la Actualidad”, cuando la norma entró en vigor el pasado agosto, en la que se analizaba el alcance de esta regulación y sus implicaciones para el ejercicio profesional.
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