Ante la resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña proponiendo iniciar un proceso constituyente para proclamar la república catalana, la Junta de Gobierno (e.f.) de esta Institución manifesta de forma unánime su total rechazo a cuanto no admite más lectura que la palmaria vulneración del ordenamiento jurídico.
Constituye una obligación de la abogacía erigirse en defensora del Estado social y democrático de derecho proclamado en la Constitución Española. La quiebra del orden constitucional no admite justificación normativa alguna en aras a criterios políticos adoptados extramuros de la ley. El Derecho, como conjunto de principios y normas, no puede ser banalizado mediante declaraciones unilaterales inadmisibles y sin cimientos jurídicos. La cohesión social y la convivencia cívica exigen el cumplimiento y respeto inexcusable a la norma dada, la afirmación de la ley y de la Constitución, ley de leyes.
La Junta de Gobierno (e.f.) del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid