Concluye el I Congreso Nacional dedicado a la justicia gratuita reclamando que se blinde como servicio exclusivo de los ICA

El I Congreso Nacional ALTODO, Asociación que se constituyó hace 15 años con el objeto de luchar por la dignidad de los letrados del turno de oficio, celebraba ayer en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid la segunda de sus dos jornadas, en las que distintos ponentes y conferenciantes de todos los rincones de la nación han podido discutir las cuestiones que afectan al servicio de justicia gratuita.

Este viernes así tenían lugar las dos últimas mesas, una primera enfocada en “La abogacía amenazada: conflictos y oportunidades de defensa de la defensa”, en la que intervinieron: Diniosio Escuredo, responsable de deontología del ICAM; Esperanza Marcos Juárez, abogada y secretaria de ALTODO; Luis Álvarez Collado, abogado y secretario de ALTODO;  y la diputada de la junta de gobierno del ICAM y socia de ALTODO, Lola Fernández Campillo, que actuó de moderadora; y una segunda sobre “Desafíos a la Asistencia Jurídica Gratuita: el Probono. Los intentos de privatización del servicio público”, que conformaron Isidro Moreno de Miguel, abogado y vocal de comunicación ALTODO; Juan Manuel Mayllo, abogado y presidente de ALTODO; Francisco Javier Lara Peláez, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga; Gustavo García Tabares, diputado de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares; y como moderadora Nieves Izquierdo Herrada, abogada y vocal de relaciones institucionales de ALTODO. También estuvieron presentes durante la jornada la vicedecana del ICAM, Begoña Castro Jover, y la secretaria del Área de Justicia, Función Pública y Nuevos Derechos del PSOE de Madrid, Macarena Elvira Rubio.

La abogacía amenazada es un grave problema que sufren muchos adscritos al turno, y que ALTODO ha sacado a la luz gracias al sistema de chats de abogados, como refirió Álvarez, «los abogados comunicaban sus incidencias con clientes y gracias a eso se hacían visibles sus casos». El tesorero de la asociación también reveló un dato preocupante, «el 90% son mujeres”. Para hacer frente a esta problemática, Marcos explicó la importancia de contar con un protocolo de actuación, “empezando por la prevención como clave”, destacando que es fundamental “no responder jamás ante las agresiones, sean verbales o físicas». Escuredo por su parte reivindicó la importancia de la deontología, “es útil, necesaria y obligatoria para que precisamente no haya estas situaciones, pero hay diferencia entre el cliente conflictivo y el cliente insatisfecho, lo primero pasa por un acompañamiento en la labor del letrado durante todas sus actuaciones, lo segundo se resuelve con buen hacer y deontología», declaró. En este sentido, el ponente recordó los diferentes recursos que el ICAM pone a disposición de los colegiados, “desde nuestro departamento de Defensa de la Abogacía damos cabida a las situaciones límite, también hay consultas, cursos…os apoyamos».

Lola Fernández también recordó la inciativa del ICAM elevada ante el CGAE para que, a los efectos del Código Penal, cualquier agresión o vulneración al abogado como consecuencia de su ejercicio sea tratado como delito contra la autoridad.

Y si esta primera mesa estaba enfocada en los problemas que surgen del cliente hacia su defensa, la última se dedicó a las amenazas al propio sistema de justicia gratuita, aludiendo al Probono, las clínicas jurídicas, y «asociaciones subvencionadas que proporcionan servicios jurídicos con fondos públicos”, a las que hizo referencia Moreno, “es lo que en ALTODO llamamos troceamiento y privatización políticamente correcta». Moreno también fue crítico respecto de “los ayuntamientos y CCAA que se apropian de competencias propias de los ICA, subastando al mejor postor el servicio público de justicia”, mencionando la reciente privatización del SOJ que ha llevado a cabo el ayuntamiento de Madrid. Mayllo, igualmente crítico, calificó el Probono como “márqueting del buenismo, cuya intervención obedece a que el Estado no funciona correctamente, vulnerando claramente el art. 2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita”, y denunció la falta de control de estas asociaciones probono y afines, en las cuales incluso asesoran estudiantes de derecho, lo cual “resulta ilegal y es una práctica evidentemente monopolística para echar a competidores del mercado» de acuerdo a Mayllo. “Siempre va a haber personas que intenten sacar provecho porque la justicia gratuita es un pastel que todos quieren y este es un país de picaresca”, postuló García Tabares.

Lara por su parte, aunque coincidió en que “el probono mal utilizado se convierte en uno de los desafíos para la justicia gratuita”, señaló como otra de las causas “el propio sistema por políticos, de todos los colores y en todos los ámbitos, porque para ellos la justicia siempre es la última, justo por detrás viene la justicia gratuita y ya, los últimos de los últimos somos los abogados”.

Así, limitar las actuaciones probono y similares que entren en colisión con la protección que despliega el sistema de asistencia jurídica gratuita, el blindaje de dicho servicio en exclusiva para los Colegios de Abogados, mejorar la protección del abogado en el ejercicio de sus actuaciones, y lograr la consideración de los letrados del turno como autoridad, a fin de disuadir o en su caso castigar debidamente las amenazas y agresiones que pueda sufrir por el desempeño de su actividad, fueron algunas de las conclusiones recogidas en la clausura del congreso, si bien, desde la directiva de ALTODO, también esperan recibir los próximos días las conclusiones de los conferenciantes, y elaborarán un documento con el que puedan trabajar y continuar sus reivindicaciones.

Previa a la clausura, se hizo entrega de los Premios ALTODO-SEPÍN artículos jurídicos, que concede la asociación junto a la editorial jurídica, y de los que hizo entrega Rubén Martín de Pablos, como representante de la editorial.

 

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